28|1|2021

El pacto a tres bandas para amortiguar los efectos del cuadernazo

21 de agosto de 2018

21 de agosto de 2018

Los CEOs afectados coordinaron declaraciones que luego modificaron para aplacar efectos penales. Separación de los directorios para mantener las obras y el empleo, aceptadas por gremio y el Gobierno.

El jefe de Unión Obrera de la Construcción (UOCRA), Gerardo Martínez, se corrió de la discusión pública del cuadernogate. Pero en la privada lo describen como “muy preocupado por el tema”. Transcurridas ya más de dos semanas, empezó a blanquearse que el dirigente sindical estuvo activo, al igual que el Gobierno, en una especie de acuerdo de salvataje de la troika del ladrillo para evitar dos cosas: que en 2019 el Estado se quede sin obras ante el escándalo de los CEOs corruptos y los funcionarios K y que el sindicato no esté en pleno año electoral tratando de contener una crisis del empleo peor que la actual. En este contexto, los empresarios de la construcción nucleados en la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) jugaron su única carta con posibilidades. Establecer declaraciones uniformes que les permitan, en un futuro, afrontar condenas más leves o, incluso, multas costeables con su propio bolsillo.

 

 

Macri tomó la decisión de preservar las obras para garantizar seguridad jurídica más allá del escándalo. 

 

 

El juego a tres bandas lo abrieron los hombres de negocios. La última vez que se vieron en la mesa de la Camarco fue hace tres semanas, cuando el escándalo de las coimas revelado por el diario La Nación no había ocurrido. Luego, fue todo charlas telefónicas individuales y concertaciones entre los abogados de los involucrados. Inicialmente -según contaron a Letra P fuentes del sector- combinaron decir que el dinero que se movía era para las campañas políticas del kirchnerismo. Pero la estrategia concluyó cuando los secretarios del juez Claudio Bonadio les expresaron a los declarantes que el argumento era insuficiente.

 

El único que se negó desde el principio a jugar en ese sentido fue Paolo Rocca, CEO de Techint, que les aclaró a sus pares que su línea sería el pago de compensaciones al gobierno kirchnerista por destrabar los pagos venezolanos por la expropiación de Sidor. “Es el más inteligente”, lo describen sus colegas.

 

Rocca envió la misiva vía su alfil predilecto, el dirigente de la UIA mencionado en los cuadernos del chofer Centeno, Luis Betnaza. No se movió de allí. Con esa postura se ganó el recelo y la bronca de algunos empresarios, que le achacan que “si bien es cierto que tuvo solo el 1% de las obras del kirchnerismo, tuvo algunas muy emblemáticas, como el gasoducto del NOA”.

 

 

 

El resto de los constructores encararon la fase dos: correrse de los directorios de sus empresas. Ángelo Calcaterra, ex IECSA y primo del presidente Mauricio Macri, ya había vendido la firma a Marcelo Mindlin y sólo cumplió en declarar que el dinero era para la política. Pero el resto se alejó de las compañías. Primero fue Armando Loson, de Albanesi; lo siguieron Aldo Roggio y, hace unas horas, Juan Chediack, quien fuera titular de la Camarco en la primera parte del gobierno de Cambiemos. Chediack, asesorado legalmente por el ex fiscal alineado con el PRO, Pablo Lanusse, fue el presidente de transición entre los años K y el mundo M. Uno de los que encaró por el sector privado el blanqueo inicial del sector ladrillos que intentó a principios del 2016 el ministro del Interior, Rogelio Frigerio.

 

A Roggio lo asesora el abogado Jorge Valerga Aráoz, quien defendió en otras oportunidades a CEOs de peso, como Carlos Pedro Blaquier, de Ledesma. Todos los abogados coordinaron las ponencias de los empresarios ante la Justicia y la escisión de las compañías. Una movida que el Ejecutivo avaló como parte interesada de salvar las obras. “Que paguen los empresarios es parte de un esquema que va a dar seguridad jurídica”, explicaron los que negocian.

 

Para el oficialismo, este “mea culpa” del Círculo Rojo es mejor que cualquier iniciativa que busque exculpar a las empresas por los presuntos delitos. En un punto, la situación viró a dilema: “Si la Justicia limpia a todas las empresas, ¿quién va a hacer las obras?”, se preguntaron en Casa Rosada. A sabiendas, además, de que el escándalo puede alcanzar aún a más firmas, muchas de las cuales se vinculan con negocios en la provincia de Buenos Aires.

 

 

Chediack, ex presidente de CAMARCO, el último en separarse de su empresa. 

 

 

Naturalmente, los empresarios no se sacrifican en un todo o nada, sino que buscan aportar a la Justicia con la idea de atenuar penas posibles. "La mayoría son hombres grandes, están jugados y quieren decir lo que quieren decir, no hay mucho misterio", relató otro ladrillero. 

 

La separación de los CEOs de las empresas permite que la Justicia no avance sobre la Camarco como cámara madre. Afirman que, en ese sentido, tienen una ventaja. El titular de la entidad, Gustavo Weiss, “no aparece en ningún cuaderno”. Sí fue Carlos Wagner, el titular de la Cámara durante el kirchnerismo, quien contó cómo los constructores arreglaron, históricamente, licitaciones y pagos a los gobiernos de turno.

 

En este contexto de concordia de la Camarco, la UOCRA y el Gobierno para salvar el empleo y las obras, quedaron más tranquilas las partes cuando Macri bendijo la paz en la reunión de la Asociación Empresaria Argentina (AEA). Allí, cerca de José Cartellone, otro mencionado por Wagner, el mandatario pidió seriedad, continuidad y que le avisen ante hechos que consideren relacionados con ilícitos. Habrá que ver hasta dónde la Justicia habilita el juego.