Consumo: investigan si alimentos vencidos llegaron a escuelas y hospitales
Allanamientos en localidades bonaerenses. Unas 14 toneladas de mercadería decomisada. La justicia reconstruye la cadena de distribución y apunta a dos empresas.
Consumo: investigan si alimentos vencidos llegaron a escuelas y hospitales
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Una investigación judicial que comenzó en la provincia de Buenos Aires por la presunta comercialización de alimentos vencidos abrió interrogantes que exceden una maniobra económica. Tras el secuestro de más de 14 toneladas de mercadería adulterada, la causa busca establecer el alcance de la distribución y si parte de esos productos pudo haber ingresado a circuitos de consumo institucional.
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El expediente se originó a partir de una denuncia anónima que alertó sobre irregularidades en una distribuidora ubicada en Los Cardales, partido bonaerense de Exaltación de la Cruz. A partir de esa presentación, la Policía Federal Argentina (PFA) detectó productos alimenticios que habrían sido comercializados con fechas de vencimiento modificadas.
Qué encontró la investigación
Según la información difundida por fuentes oficiales, los allanamientos permitieron secuestrar 14,56 toneladas de alimentos vencidos. Entre los productos decomisados figuraban carnes, embutidos, lácteos, pescados envasados al vacío y bebidas alcohólicas.
Quienes investigan sostienen que parte de la mercadería presentaba etiquetas alteradas o modificaciones en los datos originales de vencimiento. Durante los procedimientos también se incautaron equipos informáticos, teléfonos celulares y documentación considerada relevante para la causa.
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La pesquisa quedó bajo la órbita del juez federal de Campana, Adrián González Charvay, quien ordenó una serie de allanamientos en domicilios de la Ciudad de Buenos Aires y de General Pacheco. Como resultado de esos operativos fueron detenidas personas sospechadas de tener vínculos con la operatoria investigada.
La causa fue caratulada como presunto “envenenamiento o adulteración de aguas, medicamentos o alimentos”, una figura penal que contempla conductas que pueden afectar directamente la salud pública.
El foco sobre la alimentación institucional
Más allá del fraude comercial, una de las líneas que comenzó a despertar mayor atención es el eventual destino final de los productos investigados. Fuentes consultadas por Letra P señalaron que la investigación busca determinar si parte de esa mercadería pudo haber ingresado a servicios de alimentación institucional.
Esa hipótesis adquiere relevancia porque, de confirmarse, el alcance del caso podría extenderse hacia ámbitos de alta sensibilidad social como establecimientos sanitarios, educativos o espacios con provisión masiva de alimentos.
En ese contexto aparecieron menciones extraoficiales sobre posibles vínculos logísticos o comerciales con la firma Blancaluna, compañía que tendría presencia en servicios de alimentación institucional. También trascendieron referencias a una relación operativa con la empresa estadounidense Aramark, uno de los principales actores globales del sector.
Hasta el momento, no existen imputaciones públicas conocidas contra esas compañías dentro del expediente judicial. Sin embargo, la posible trazabilidad de los productos distribuidos aparece como uno de los puntos centrales que deberá esclarecer la investigación.
Una alarma que trasciende el negocio
Especialistas en seguridad alimentaria advierten que la adulteración de fechas de vencimiento no constituye únicamente una infracción comercial. La práctica implica alterar información esencial para consumidores, organismos de control y cadenas de abastecimiento.
Por esa razón participaron de los procedimientos organismos como el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), el Instituto Nacional de Alimentos (INAL) y autoridades bromatológicas locales, encargadas de verificar las condiciones sanitarias de los productos secuestrados.
Mientras avanza la investigación judicial, la principal incógnita ya no parece limitarse al volumen de mercadería decomisada. La pregunta que comienza a ganar peso es si esos alimentos lograron ingresar a circuitos de provisión más amplios y cuál fue el alcance real de una maniobra que podría haber puesto en riesgo la salud de miles de personas.