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Como adelantó Letra P este jueves, el directivo de Techint admitió ante Bonadio que pagó retornos a funcionarios K por gestiones para destrabar el cobro de la expropiación de Sidor en Venezuela.
Redacción 10/08/2018 17:37

El director corporativo de Techint, Luis Betnaza, confirmó este viernes ante el juez Bonadio el adelanto que hizo Letra P este jueves: le dijo al magistrado, en su declaración en el marco de la investigación del cuaderno-gate, que la empresa les pagó retornos a funcionarios K pero no por contratos de obra pública ni para financiar campañas electorales, sino por gestiones para destrabar en 2008 el cobro, por parte del gobierno de Hugo Chávez, de la expropiación de la firma Sidor, integrante del grupo de Paolo Rocca.

Al salir de los tribunales de Comodoro Py, Betnaza afirmó: “Nunca pusimos dinero para obra pública". Y explicó los retornos en "la necesidad que estábamos viviendo en Venezuela en ese momento y fue la contribución que hicimos para que eso se resolviera".

En la nota titulada “Techint y sus coroneles, una caja de Pandora para Bonadio”, el periodista Leandro Renou adelantó que, con su declaración, Betnaza se preparaba para completar “una estrategia que inició a principios de esta semana, cuando voluntariamente se presentó ante el juzgado y avisó que el dinero que figura en la historia del chofer Oscar Centeno es parte de un retorno que el grupo que representa le habría pagado al ex ministro de Planificación Julio De Vido por la gestión ante Hugo Chávez para destrabar los 2.000 millones de dólares que cobró por la expropiación de Sidor”.

Letra P explicó, además, que Betnaza, actual vicepresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), viajó en repetidas ocasiones a Venezuela junto a Daniel Novegil, CEO de Ternium, a negociar un punto clave del acuerdo por el pago de las acciones de Sidor: la cláusula de indemnidad que obligaba al Estado venezolano a hacerse cargo de los potenciales juicios contra la compañía mientras la manejó Techint. En Argentina, fue el propio Rocca el que aceptó el apoyo del gobierno de Cristina Fernández para agilizar un asuntó que se cerró en 2008 y culminó en 2012, con el último pago.

 

Betnaza confirmó conexión Caracas de las anotaciones de Centeno

Como adelantó Letra P este jueves, el directivo de Techint admitió ante Bonadio que pagó retornos a funcionarios K por gestiones para destrabar el cobro de la expropiación de Sidor en Venezuela.

El director corporativo de Techint, Luis Betnaza, confirmó este viernes ante el juez Bonadio el adelanto que hizo Letra P este jueves: le dijo al magistrado, en su declaración en el marco de la investigación del cuaderno-gate, que la empresa les pagó retornos a funcionarios K pero no por contratos de obra pública ni para financiar campañas electorales, sino por gestiones para destrabar en 2008 el cobro, por parte del gobierno de Hugo Chávez, de la expropiación de la firma Sidor, integrante del grupo de Paolo Rocca.

Al salir de los tribunales de Comodoro Py, Betnaza afirmó: “Nunca pusimos dinero para obra pública". Y explicó los retornos en "la necesidad que estábamos viviendo en Venezuela en ese momento y fue la contribución que hicimos para que eso se resolviera".

En la nota titulada “Techint y sus coroneles, una caja de Pandora para Bonadio”, el periodista Leandro Renou adelantó que, con su declaración, Betnaza se preparaba para completar “una estrategia que inició a principios de esta semana, cuando voluntariamente se presentó ante el juzgado y avisó que el dinero que figura en la historia del chofer Oscar Centeno es parte de un retorno que el grupo que representa le habría pagado al ex ministro de Planificación Julio De Vido por la gestión ante Hugo Chávez para destrabar los 2.000 millones de dólares que cobró por la expropiación de Sidor”.

Letra P explicó, además, que Betnaza, actual vicepresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), viajó en repetidas ocasiones a Venezuela junto a Daniel Novegil, CEO de Ternium, a negociar un punto clave del acuerdo por el pago de las acciones de Sidor: la cláusula de indemnidad que obligaba al Estado venezolano a hacerse cargo de los potenciales juicios contra la compañía mientras la manejó Techint. En Argentina, fue el propio Rocca el que aceptó el apoyo del gobierno de Cristina Fernández para agilizar un asuntó que se cerró en 2008 y culminó en 2012, con el último pago.