EL PACTO CON EL FMI

Con el quite sojero a los intendentes, Vidal engrosa poder de decisión

El impacto del DNU presidencial significa un nuevo recorte en los presupuestos comunales. Los jefes municipales apuestan a una suba en la coparticipación en 2019, espada financiera de la gobernadora.

A diferencia de los mandatarios provinciales, los intendentes bonaerenses no sabían que el presidente Mauricio Macri, vía decreto, barrería el Fondo Federal Solidario (FOFESO), medida que atenta contra una de las fuentes de financiamiento de las administraciones municipales. Ante el escenario de ajuste, los jefes comunales apuestan a que el achique sea subsanado con un aumento de la coparticipación, jugada que robustece y centraliza el poder de decisión en la gobernadora María Eugenia Vidal.

 

Como indicó Letra P, si bien la eliminación del Fondo Federal Solidario sacudirá las cuentas provinciales, la decisión no sorprendió a los gobernadores. La Casa Rosada había anticipado esa jugada en el marco de la negociación del presupuesto 2019, que tiene como objetivo central la rebaja del déficit fiscal para llevarlo al 1,3% para el año próximo, como requiere el acuerdo suscripto con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

 

El panorama fue distinto para quienes conducen el pago chico. Los intendentes de la órbita bonaerense conocieron el recorte a través de los medios de comunicación. De un lado y de la otra de la grieta entre oficialistas y opositores coincidieron que el recorte perjudica las finanzas; más teniendo en cuenta que ya se registró una merma de ingresos al eliminarse el Fondo de Infraestructura Municipal, al limpiarse todos los ítems ajenos al costo de energía de las facturas y al recortarse los gastos destinados a obra pública.  

 

 

El fondo en cuestión fue creado en 2009 bajo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y transfería a provincias y municipios el 30% de la recaudación de los derechos de exportación a la soja, a partir de la distribución con los coeficientes de la Ley de Coparticipación.

 

Con la pérdida de ingresos en el presupuesto vigente, los intendentes apuntan a que se compute una mejora en la coparticipación en los proyectos que se diagramen para el 2019.

 

TERRITORIOS. La primera reacción en contra se escuchó desde las filas peronistas. En bloque y con un comunicado del PJ, los opositores reaccionaron contra la decisión de Cambiemos, teniendo en cuenta no sólo que ese ingreso se borra de las proyecciones presupuestarias del 2019, sino que es de alcance inmediato, es decir que frena las transferencias pendientes, un 35% en promedio del monto total calculado.

 

 

 

Consultados por Letra P, intendentes de Cambiemos – aunque cautos- también advirtieron sobre lo que significaba la eliminación del fondo. “No sabíamos, nos enteramos cuando se hizo público”, respondió el jefe comunal de Adolfo Alsina, el radical David Hirtz, sobre la decisión. Sobre los mecanismos que arbitrarán para compensar este ingreso, indicó: “Es muy pronto, no ha habido tiempo de trabajarlo, porque hace 36 horas que sabemos de esto”.

 

“Estamos haciendo un relevamiento y luego vamos a gestionar alguna reunión con el Ministerio de Economía para tratar de armar algún programa para compensar esta quita, al menos para este presupuesto. Y luego empezar a mirar el del año próximo”, completó. 

 

Su par de Rivadavia, el ex margarito Javier Reynoso, si bien indicó que “este tipo de medidas a veces incomoda, era una alternativa” por la característica de “transitorio y solidario del fondo”.

 

Además, el intendente destacó que los jefes comunales bonaerenses están “recibiendo mayor coparticipación de los estimado en noviembre (del 2017) por el Fondo de Conurbano”, teniendo en cuenta que los diseños presupuestarios fueron previos a la compensación recibida por la Provincia. “No quiere decir que asimilamos bien esta decisión, porque siempre es mejor tener mayor cantidad de recursos, pero uno entiende que el esfuerzo tiene que ser de todos”, agregó.

 

 

 

En tanto, el momista Cecilio Salazar de San Pedro y el macrista Héctor Gay de Bahía Blanca, si bien coincidieron en que los sorprendió la decisión presidencial, aseguraron que el monto que restaba “no tenía un destino específico”. El sureño, agregó, que esta salvedad no implica que no tengan que “resignar algunas cuestiones”.

 

Consultado por el armado presupuestario para el próximo año, Gay indicó que están a la espera de “instrucciones de la provincia, que a su vez necesita las pautas de nación”. “Es un efecto cascada. En función de lo que se paute arriba, veremos nuestro presupuesto”, dijo.

 

COPARTICIPACION. La alternativa para aminorar el impacto de la pérdida de ingresos vía fondo sojero sería que el gobierno de la provincia aumente el porcentaje de coparticipación a los municipios. Los intendentes apuestan a esta vía para aflojar el alcance del achique.

 

El pedido no es nuevo. El tema ha sido parte de la agenda en los Foro de Intendentes de Cambiemos y en enero de este año, tras oficializarse el esquema de coparticipación municipal, el radicalismo apuntó a la necesidad de modificar algunas pautas, tales como el gasto que hacen los municipios en seguridad, mantenimiento de caminos rurales y efectores de salud.

 

 

 

También los peronistas han hecho reclamos en este sentido. En febrero, le presentaron a Vidal una “agenda de temas relevantes a consensuar” para adherir a la Ley de Responsabilidad Fiscal. Entre otros puntos, demandaron modificar la Ley 10.559 elevando el monto coparticipable de 16,14 a 20 puntos por los nuevos roles asignados al municipio; reclaman participar en los parámetros de modificación del CUD y generar un convenio entre los municipios y ARBA a los efectos de que los municipios puedan liquidar derecho de construcción al sector rural. 

 

La decisión si bien serviría para alivianar el ahogo financiero de las comunas, engrosa el poder de decisión política de la gobernadora María Eugenia Vidal, en línea con una dinámica de gestión que ha implementado a lo largo de su mandato, donde el control financiero y la obediencia política son las caras de la misma moneda.

 

Cabe destacar, por ejemplo, los puntos incluidos en el Pacto Fiscal en que se detallaban una serie de reglas a cumplir como condición para recibir asistencia del Estado a lo largo del 2018.

 

 

 

La transferencia por coparticipación es una de las más importante, teniendo en cuenta que representa cerca de 3/4 partes del total transferido. La normativa que lo rige establece que el 16% de lo recaudado por la administración provincial vía impuestos debe repartirse en función de distintas variables como población y superficie.

 

La modificación de ese porcentaje se ha canalizado en distintos proyectos presentados por la oposición, pero no han prosperado en la Legislatura. La ampliación de la coparticipación depende de una decisión política de la gobernadora, la encargada no sólo de avalar y motorizar los ajustes más importantes en el territorio bonaerense, sino de controlar el gasto de cada una de las comunas. Un rol que aporta en la centralización del poder político y financiero.

 

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