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Desde el llano se ve mal: los intendentes de Cambiemos, sin certezas de obras

El plan de ajuste nacional para controlar el dólar impactará en los distritos bonaerenses. Esta semana, Vidal citó a alcaldes propios para visar obras en curso y tachar nuevas. Golpe al territorio.
Por 08/05/2018 15:42

"Vamos a ejecutar 30 mil millones de pesos menos de gasto en infraestructura. Nos duele, la obra pública es el gasto que uno quiere no tocar, pero hay que acelerar la convergencia al equilibrio fiscal", sostuvo el viernes el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, en el marco de los anuncios del Gobierno nacional para frenar la corrida del dólar. El plan de ajuste rompe la vidriera que Cambiemos mostró durante la campaña electoral de 2017 e impacta en los distritos bonaerenses, mostrador en el que se materializan las decisiones del presidente Mauricio Macri. Esta semana, funcionarios del gobierno de María Eugenia Vidal cumplieron con el compromiso asumido en el Foro de Intendentes de Cambiemos y convocaron a su tropa. Si bien se esperaba que se definieran los montos para obras, las reuniones quedarán en la formalidad de recibir los proyectos pensados por los jefes comunales.

“Las obras que se van a realizar son las presupuestadas”, anticipó a Letra P una fuente del gobierno provincial, clausurando la posibilidad de que las rondas de reuniones que se iniciaron este martes concluyan con la extensión de recursos para la definición de nuevas obras en los distritos bonaerenses.

A los encuentros, que se extenderán hasta el jueves, sólo fueron convocados los intendentes de Cambiemos, cumpliendo con el compromiso que hizo el subsecretario de Infraestructura Hidráulica, Luis Giménez, durante el foro de intendentes que se desarrolló en abril en la ciudad de Olavarría. En aquel cónclave, del que también participó el ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, si bien el tema puntual de agenda giró sobre las obras planificadas por la administración de Vidal, las definiciones respecto a recursos se patearon para esta semana.

“Vamos a empezar a hacer un análisis de necesidades, un banco de proyectos para priorizar a medida que tengamos recursos”, indicó en ese momento Giménez, anticipando no sólo la eventual puesta en práctica del sistema de convenios por el que cada municipio debe acordar con la Provincia la obra que desea hacer -en reemplazo del desaparecido Fondo de Infraestructura Municipal (FIM), que se distribuyó por coparticipación en 2016 y 2017-, sino, también, la jugada que se puso en marcha en estos días.  

 

 

En un escenario que avanza hacia un recorte de gastos que atenta contra el caballito de batalla con el que Cambiemos transitó el pasado año electoral, las aspiraciones de concretar nuevas obras se desdibujan.

La modalidad de los encuentros, si bien cumplirá con el requerimiento de los intendentes de que sean personales y privados, se reducirá a la recepción de proyectos y al control del avance de las obras comenzadas en periodos anteriores, mecanismos no desconocidos por los intendentes, teniendo en cuenta que ya se aplicaron durante 2016 y 2017.

Aunque privilegiados por la invitación, los alcaldes oficialistas no desconocen la hostilidad del escenario ante sus demandas. Si bien advierten que esperan que la citación tenga respuestas positivas, no esconden su incertidumbre.

 

 

“Nos están pidiendo algunas carpetas. No hay certeza sobre obra pública nueva, más teniendo que han empeorado algunas situaciones”, señaló a Letra P el radical de San Cayetano, Miguel Gargaglione, y agregó: “Todavía no tenemos certezas, pero sabemos que es una situación difícil para hablar de obra pública nueva. La situación no es la mejor, está complicado”, simplificó.

El intendente reconoció que, por la quita del FIM, “se ha ajustado el tema de la confección de proyectos” y que esta situación agudizó el panorama. “Nosotros vamos a apoyar las decisiones del Gobierno, porque la situación económica así lo requiere. Se están viviendo días difíciles y no podemos presionar”.

El mismo análisis hizo su par de Carlos Tejedor, Raúl Sala. “Éste es un año de recortes, es un año duro”, dijo ante este portal. “No sé qué montos vamos a tener, para qué obras nos darán fondos, no hay monto estipulado”, señaló.

“En el foro nos anticiparon que teníamos que armar proyectos. Si nos están citando personalmente para que los llevemos, es porque obras va a haber. Me parece irreal que hagan reuniones personalizadas y que nos digan que no hay obra”, señaló mientras viajaba a La Plata en el medio de un fuerte temporal.

 

 

“La gobernadora ha demostrado en este tiempo que lo que dice, lo cumple. No veo por qué ahora debería ser distinto”, respondió ante la consulta de Letra P el intendente Roberto Palacio, de Coronel Suárez, y añadió que viajaba “optimista” a La Plata. “Si fuera pesimista, no iría”, completó.

Por su parte, su par de Saladillo, José Luis Salomón, sostuvo que es “consciente de que los recursos no sobran, que hay que racionalizarlos ante la crisis porque no es un año fácil, pero tenemos una buena expectativa. Ojalá se dé”, reflexionó.

“Estimo que, como en 2016 y 2017 han cumplido con lo pactado, no tengo por qué desconfiar. Si nos reúnen, es porque los fondos están”, analizó Ramón Canosa, de Las Flores, y agregó que, según algunos anticipos, a su municipio se le otorgaría “el 60% del importe recibido por el FIM”. Consultado si esta cifra lo dejaba satisfecho, señaló: “Uno nunca queda conforme porque siempre quiere más recursos para cumplir con más obras. Pero debería ser suficiente para terminar obras inconclusas y para hacer proyectos prioritarios”.

Miguel Fernández, de Trenque Lauquen, coincidió con sus pares al analizar la situación económica del país y anticipó que se acomodará “a esa realidad”.

“Soy tan optimista como realista. Sé que hay problemas y recortes, los municipios no son una excepción y tienen que acomodarse”, señaló. 

Las trabas en la transferencia de recursos para el desarrollo de obras se suman a la eliminación de impuestos en las facturas de servicios públicos. El llamado “esfuerzo” de la administración de Vidal es otro golpe que, de efectivizarse, alterará las finanzas de los municipios, dado que, en materia de energía eléctrica, se propone disminuir del 6% al 0,01% lo que las empresas le abonen mensualmente a los municipios, mientras que, en agua y cloacas, se busca una reducción de 4% al 0,01%.