La escena la vieron algunos pocos de los presentes, pero fue elocuente. Ni bien concluyó el primer día de audiencia pública por el caso Farmacity, el abogado de la empresa, Gabriel Bouzat, ingresó –según relataron testigos- al despacho del juez Carlos Rosenkrantz. Uno de los nuevos magistrados nombrados por Mauricio Macri y presidente de la Corte Suprema es socio del letrado en su estudio y fue abogado de la cadena, situación por la cual fue excusado de intervenir y de participar en la reunión en la que se debate el ingreso de la compañía a la provincia de Buenos Aires.
Bouzat, uno de los socios del bufete Bouzat, Rozenkrantz y Asociados, entró al despacho del supremo la semana pasada, cuando culminó la primera jornada de la audiencia. La reunión se realizó en la sala de Audiencias de la Corte, en el 4° piso, a la salida de la cual se encuentran los despachos de los cinco magistrados. “Estamos tratando de saber qué hablaron y, sobre todo, por qué fue a ese despacho”, aclaró a Letra P una de las fuentes que lo vio en el momento. La misma persona aclaró que “Rozenkrantz no tiene permitido informarse directamente del tema ni participar de las audiencias, por eso es extraña la movida”.
Rozenkrantz hace unos días, en un criticado almuerzo con Macri y Marcos Peña.
El 14 de noviembre será la reunión definitiva, con las últimas exposiciones de un conflicto complejo, que vincula a la política y a los negocios. Es que como parte de su plan estratégico, la compañía que es propiedad del fondo Pegasus, del ex vicejefe de Gabinete Mario Quintana, se puso como objetivo desembarcar en la provincia de Buenos Aires. En territorio bonaerense la legislación prohíbe que las farmacias sean sociedades anónimas, por lo cual la compañía intenta que se declaren inconstitucionales los artículos 3 y 14 de la ley provincial que regula desde 1985 la propiedad de los establecimientos farmacéuticos y que le impiden hacer pie en ese terreno.
El corazón de la norma es la imposibilidad de vender remedios fuera de locales indicados como farmacias. Así, en las próximas horas la Corte Suprema deberá definir su inclinación en el tema con un esquema particular: no sólo Rosenkrantz sino también Horacio Rossatti están inhibidos por contactos con Farmacity; por lo cual Elena Highton de Nolasco, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda, deberán votar con una sola opción: la unanimidad de criterio.
TRÍADA DEFINITORIA. Highton, Lorenzetti y Maqueda definen si Farmacity entra o no la provincia de Buenos Aires.
Si bien los que expusieron hasta el momento se esperanzan en que la votación frene el ingreso de Farmacity a la provincia, el lobby en la audiencia es fuerte. Según detalles a los que accedió este medio, de los seis amicus curiae a favor de Farmacity ante la Corte, cuatro fueron remunerados por la cadena de farmacias, lo que consta en la documentación del evento. A favor de la provincia, en tanto, se presentaron 44 personas e instituciones de las cuales 43 fueron aceptadas, una rechazada por cuestiones formales y sólo nueve seleccionados por el tribunal para exponer. Entre los expositores más reconocidos participaron el ex ministro de Salud Ginéz González García, el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez y el defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino.
Uno de los rentados “y remunerados por la autora” es el sociólogo Sebastián Pablo Lópes Perera. Su exposición llamó la atención: calculó la cantidad de farmacias en relación a los habitantes de los partidos, cuando la ley lo aplica por localidad. Por caso, no consideró la cantidad de farmacias instaladas luego del cambio de ley y se confundió con los números de locales en algunos distritos: dijo que en Avellaneda hay cuatro farmacias, cuando existen 86, y en La Matanza señaló 275 contra las reales 295.
El miércoles cerrará la Audiencia con las exposiciones de Farmacity, el fiscal de Estado de la Provincia, Hernán Gómez, y la titular del Colegio de Farmacéuticos (COFA), Isabel Reinoso.
