Por lo inédito de la crisis y por su voltaje, las metáforas para contar la guerra que atraviesa a la Corte del macrismo abundan. Históricos cortesanos afirman que nunca nadie había hecho lo que hizo Lorenzetti con su carta pública. A lo guapo, solapeó al ex rector de la Universidad de San Andrés, en un acto que sepultó la doctrina de la majestad de la Corte de la que hablaba el rafaelino en su tiempo de supremo mayor.
El resultado es elocuente y arroja dos perdedores claros: primero, el cándido Rosenkrantz, que tuvo que afrontar en tiempo récord una denuncia penal y un pedido de juicio político. Segundo, el aguerrido Lorenzetti, que debió firmar tres acordadas para cambiar la estructura que él mismo había creado, considerada una herencia institucional destinada a la posteridad, como toda su obra.
La asunción de Rosenkrantz resultó prematura, no sólo porque madrugó a Lorenzetti. También, porque ubicó al jurista de las empresas en un campo minado, después de 11 años de un liderazgo con mano de hierro. Curioso y sintomático, un tribunal de amplia mayoría peronista empodera a un radical que demora en asumir el poder y se duerme en laureles provisorios cuando acaba de recibir una brasa caliente.
¿Los peronistas quieren que Rosenkrantz pague el costo del ajuste y la devaluación, en un sentido metafórico pero también concreto?
Hoy, la Corte es un terreno de disputa en el que nadie puede estar seguro de nada.
La guerra le demostró a Rosenkrantz que está en un lugar no solo inédito, sino, además, codiciado. Lorenzetti está herido, no digiere su salida y quiere volver contra el gobierno y Elena Highton persiste prisionera del oficialismo desde que Macri le extendió la sobrevida y le permitió seguir en funciones más allá del límite de los 75 años.
Quedan con más espalda Horacio Rosatti, que sale por primera vez del centro del conflicto que libraba con Lorenzetti, y el cordobés Juan Carlos Maqueda, que se mueve con un perfil bajo absoluto pero es un actor decisivo hacia adentro del esquema de poder de la Corte.
Rosenkrantz obtuvo las claves del CIJ y un consenso condicionado para que siga adelante con un experimento que nació de la peor manera. Lo asuma o no, delató que es un presidente de lo más vulnerable, que se mueve como dueño de empresa en un ámbito cada vez más colegiado y horizontal: tiene que demostrar si está a la altura.
Bloque PJ. Los supremos peronistas Rosatti y Maqueda condicionan al presidente.
LOS NUEVOS. Rosenkrantz arribó a lo más alto con un CV de lo más prestigioso, con la chapa de la Universidad de San Andrés y la estima de las empresas más importantes del país.
La autosuficiencia y el aval del Gobierno no pueden ocultar que no tiene ninguna experiencia en la gestión y llega rodeado de un equipo que desconoce por completo la lógica del Estado y de lo público. Con nula muñeca política, debe liderar un Poder Judicial tan politizado como cuestionado. El reverso de los fallos estruendosos que conmueven a la política y ordenan las prioridades de los medios está en las encuestas que le otorgan bajísima credibilidad a la justicia, las fotos que los escrachan en las redes sociales y en algo peor, aunque menos difundido: los episodios de insultos a los jueces que se vienen repitiendo en los countries en los que los magistrados eran, hasta hace no tanto, figuras de prestigio.
A cargo de la Dirección de Comunicación y Gobierno Abierto, que controla el disputado CIJ, quedó el abogado y consultor Ariel Neumann.
Después del escándalo, Rosenkrantz puso al frente de la flamante Secretaría de Desarrollo Institucional al constitucionalista Valentín María Thury Cornejo, doctor en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid, autor del blog Todo sobre la Corte y especialista en derecho tributario y aduanero. A cargo de la Dirección de Comunicación y Gobierno Abierto, que controla el disputado CIJ, quedó el abogado y consultor Ariel Neumann, egresado de la UBA con una tesis en información de la Universidad Austral y el antecedente de haber dirigido un suplemento sobre abogados en El Cronista.
Ni siquiera son mayoría los periodistas judiciales que los conocen. Se van a acoplar al equipo que integran Federico Morgenstern, que fue prosecretario de la Sala II de la Cámara de Apelaciones de Martín Irurzun, es autor del libro “Cosa juzgada fraudulenta” y es señalado desde los organismos de derechos humanos como el promotor del fallo 2x1 a favor de los represores de la última dictadura militar.
A ellos se suma Maria Rivero Ayerza, secretaria de la Corte. Es una abogada de la UBA que acompaña hace tiempo a Rosenkrantz: en su CV destaca que dirigió el grupo de crisis de Mcdonald's “en función de sus supuestas intoxicaciones con escherichia coli” y codirigió la compra de la operación Mcdonald's Latin por parte de Arcos Dorados.
Las trayectorias del equipo de Rosenkrantz, que ya eran cuestionadas desde afuera, sumaron ahora las críticas que nacen desde el Palacio. Sus movimientos quedan bajo la lupa como nunca antes.
PAZ ARMADA. Después del escándalo que bautizó al abogado corporativo que fue rector de la Universidad de San Andrés se inicia una nueva etapa. Así como -según publica el diario Perfil-, el Gobierno quiere cargarse a Lorenzetti de manera definitiva y ahora amaga con acompañar a Elisa Carrió en un pedido de juicio político, el rafaelino ante sus interlocutores la fragilidad del nuevo presidente de la Corte. El enemigo número 1 de la jefa de la Coalición Cívica perdió aliados pero todavía conserva algunos y no digiere la pérdida del poder. A su lado, remarcan que existe un vacío de poder, que el máximo tribunal está afectado por la parálisis, que no se toman decisiones, que Rosenkrantz no tiene plan y que se fue de vacaciones antes de asumir de tomar las riendas de un órgano colegiado.
La apuesta para Cambiemos es riesgosa. Ya se había dado el giro de la Corte hacia una doctrina más conservadora, in dubio pro renta, con más fallos en contra del derecho laboral, más fallos a favor de las empresas y giros preocupantes como el 2x1 a favor de los represores o el fallo Fontevecchia que desconoce los tratados.
Hoy, el Gobierno tiene de su lado a la cabeza del máximo tribunal y a Highton, pero tiene a Rosatti y a Maqueda en una posición distante, aunque no confrontativa, y a Lorenzetti resentido y lastimado. Con María Bourdin, como pieza central para su estrategia de comunicación y política de confrontación, sin las ataduras públicas que acotaban su poder de fuego cuando era la vocera de la Corte. Entre los medios de comunicación, Lorenzetti perdió el favor que lo acompañó de manera plena durante 11 años. Sólo Daniel Hadad le demuestra desde Infobae su lealtad incondicional.
Para Rosatti y Maqueda, la nueva etapa debería incluir menos personalismo, mayor participación y más velocidad en los expedientes. Coinciden con Rosenkrantz en darle un tono menos político a una Corte que firma 16.500 fallos por año, de los cuales apenas un promedio de 50 está vinculado a la política.
Para Rosatti y Maqueda, la nueva etapa debería incluir menos personalismo, mayor participación y más velocidad en los expedientes. Coinciden con Rosenkrantz en darle un tono menos político a la Corte.
Rosatti insiste con que a los miembros del máximo tribunal les pagan para sacar sentencias y tiene entre sus prioridades el amparo colectivo que presentó el Defensor del Pueblo hace nueve años por el cálculo de la movilidad jubilatoria entre 2002 y 2006 y es conocido como el fallo Badaro 2. Además, hay 150 mil jubilados que iniciaron demandas en el llamado caso Elliff. Las dos decisiones pueden afectar fuertemente las arcas de la ANSES estatal en pleno vía crucis hacia el déficit cero. Es apenas uno de los expedientes archivados: el caso de la embajada de Israel merece una definición hace 17 años.
Entre las cuestiones internas que deben definirse está por ejemplo el destino del secretario de Administración de la Corte, el contador Héctor Marchi, que llegó de la mano de Lorenzetti pero tendió puentes con el resto de los supremos. Denunciado por Carrió como el cajero del rafaelino, Marchi se presenta hacia adentro como el ministro de Economía del máximo tribunal, responsable principal del superávit de 26.000 millones de pesos que dejó Lorenzetti al final de su gestión. Ese fondo anticíclico, que el vapuleado Germán Garavano, Nicolás Dujovne y Marcos Peña tienen entre ceja y ceja, será también materia de disputa y habrá que ver cómo se para Rosenkrantz ante el reclamo de ajuste del macrismo. Si la intención de Rosenkrantz es reemplazar a Marchi con algún ejecutivo de Deloitte o algún director de finanzas de Techint, abrirá un frente de conflicto en el que Lorenzetti, Rosatti y Maqueda se encontraran circunstancialmente hermanados.
Junto a Marchi, quedan en la mira alrededor de 80 empleados nombrados por Lorenzetti que permanecen desde hace cuatro años con contratos que se renuevan cada seis meses y deben ser refrendados a fines de noviembre. Mientras el rafaelino quería pasarlos a planta permanente, Rosenkrantz promueve la tesis de que hace falta tomarles examen.
Como un actor externo, pero con alguna capacidad de presión, intervendrá también en esa disputa el sindicalista Julio Piumato, de óptima relación con Lorenzetti y sin vínculo conocido con el ex rector de San Andrés.
Hacia fuera, los temas a resolver son muchos, en un contexto de fuerte colonización de la justicia por parte de la artillería del PRO. A la presidencia de Rosenkrantz, de sintonía inmejorable con la filosofía empresaria del macrismo, se suma el peso creciente del oficialismo en el Consejo de la Magistratura y la influencia cada vez mayor en la Cámara Federal. El interrogante que domina a la política es el del lazo con la familia de Comodoro Py, que Lorenzetti cultivó como nadie, en busca de erigirse en el jefe del partido judicial.
Mientras Carrió avanza contra Ariel Lijo y quedan en la mira otras espadas de Lorenzetti como Irurzun y Julián Ercolini, la intención de la nueva Corte va a contramano de la gestión del rafaelino y es por demás ambiciosa: licuar el poder de Comodoro Py.
Rosenkrantz y Rosatti apuntan a agilizar la dinámica a partir de la conformación de los Tribunales Orales Federales. El objetivo es que los jueces de Retiro completen rápido la instrucción de las causas que tienen en sus manos y sean los TOF los que definan condena o absolución. “Un juez federal no puede tener más poder que el presidente de la Nación o que la Corte”, afirman en la Casa Rosada.
A mediano plazo, hay por lo menos tres supremos que se manifiestan a favor de que avance el juicio por jurados: Rosenkrantz, Rosatti y Maqueda.
Por último, está uno de los aspectos más criticados del último Lorenzetti, la oficina de escuchas que permanece en poder de la Corte, pese al festival de filtraciones que alimentó a los medios de comunicación oficialistas y antikirchneristas durante los dos primeros años de Macri Presidente, pese a las críticas de la Iniciativa Ciudadana por el Control del Sistema de Inteligencia.
El Grupo Iniciativa Justicia se plegó el viernes 12 a ese reclamo con un pedido a la Corte para que se intervenga la oficina de escuchas, que la bicameral designe interventores y que se haga una auditoría para entender con qué criterios se designaron los miembros de la ex Ojota, hoy llamada Dajudeco. Para el colectivo de abogados que integran Carlos Beraldi, Graciana Peñafort, Daniel Llermanos y Maximiliano Rusconi, la oficina de escuchas de la Corte funciona como una “SIDE paralela”.
