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En la primera audiencia, 15 expositores argumentaron sobre las dos posturas en pugna sobre la ley provincial que impide la instalación de farmacias a nombre de sociedades anónimas.
Redacción 07/11/2018 17:04

Quince amicus curiae (amigos del tribunal) expusieron durante más de dos horas ante tres jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que deben determinar si es inconstitucional o no una ley que rige en la provincia de Buenos Aires que impide la instalación de farmacias a nombre de sociedades anónimas.

De un lado del mostrador está el Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires, que se opone al desembarco de Farmacity, firma creada por el ex vicejefe de Gabinete nacional Mario Quintana, que se ubica del otro lado del estrado.

En el medio quedó la Corte, integrada para esta audiencia por Elena Highton de Nolasco, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda, sin la asistencia del presidente del tribunal. Carlos Rosenkrantz, y del ministro Horacio Rosatti, quienes se excusaron de intervenir ante posibles conflictos de intereses. El primero fue abogado de la empresa. El segundo tuvo como asesora a la directora de Asuntos Jurídicos de la compañía.

 

 

Los expositores hablaron en representación de sí mismos o de entidades, que la Corte aceptó como amigos del tribunal. Fueron exponiendo en la sala de audiencias del Palacio de Justicia. Las audiencias pueden seguirse en vive mediante el canal web del Centro de Información Judicial (CIJ).

Nueve de los expositores argumentaron en contra de que se permita a la cadena instalarse en territorio bonaerense: argumentaron que supondría un daño al sistema de salud, por acceso y precios de los medicamentos.

En tanto, seis se pronunciaron a favor: señalaron que favorecería la libertad de elección de los consumidores y negaron que estén probados los supuestos "daños" que produciría Farmacity.

 

 

María Isabel Reinoso, titular del Colegio de Farmacéticos de la provincia de Buenos Aires, valoró la primera audiencia como “positiva”. En diálogo con Letra P, consideró que fue una “jornada intensa" en la que "la audiencia se transmitió en vivo sobre la zona de plaza Lavalle, donde se concentraron farmacéuticos bonaerenses (en La Plata no hubo atención durante la mañana) y del resto del país para sostener la ley del ejercicio de la profesión en manos de los farmacéuticos y no a favor de una empresa”.

La dirigente detalló que otro de los aspectos en esta contienda es para “mantener la distribución razonable de farmacias, para que haya en todos los pueblos, en todos los barrios, y no como pretende Farmacity, que es instalarse donde le es rentable”.

“Los farmacéuticos trabajamos día a día para que los 17 millones de bonaerense puedan acceder día a día al medicamento como un servicio de calidad”, dijo, y les pidió a los jueces “que piensen en la salud, en la gente, y no en los intereses particulares de una empresa”.

 

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El profesor de derecho constitucional y defensa de la competencia y rector de la Universidad de San Andrés, Lucas Grosman, señaló que "estas regulaciones vulneran derechos constitucionales a la libre elección y a la salud" y manifestó que "es la competencia lo que garantiza que no haya ganancia excesiva, porque cada oferente sabe que, si sube los precios o baja la calidad, los consumidores migrarán a otras opciones".

Por su parte, el constitucionalista Alberto Bianchi sostuvo que "las dos normas son constitucionales (artículos 3 y 14 de la ley 10.606 de la provincia de Buenos Aires); lo que ocurre es que Farmacity tiene un concepto equivocado de qué es un farmacéutico".

Bianchi señaló que la cadena de farmacias y productos de consumo "no reconoce al farmacéutico como un profesional liberal que ofrece un servicio; para Farmacity, es un empleado a sueldo que puede ser despedido".

 

 

Farmacity recurrió a la Justicia para que se declararan inconstitucionales los artículos 3 y 14 de la ley 10.606, que regula la actividad de las farmacias en suelo bonaerense, pero el pedido fue desestimado en primera instancia y finalmente por la Suprema Corte de Justicia provincial, que consideró constitucional el artículo 14, que es el que fija quiénes pueden ser propietarios de farmacias.

En desacuerdo con este fallo, Farmacity interpuso un recurso extraordinario ante la Corte nacional, que fue aceptado por el alto tribunal y este miércoles tuvo su primer capítulo con la presentación de los amigos del tribunal.

Otro de los expositores contrarios a Farmacity fue el ex ministro de Salud de la provincia y luego de la Nación Ginés González García, quien manifestó: "Tenemos en la provincia cerca de 14 mil farmacias, con una distribución geográfica mucho más grande que las cadenas que se ubican en lugares comercialmente atractivos".

 

 

Detrás de González García fue el turno de los diez minutos de exposición para el economista de la universidad Di Tella Marcelo Celani, quien estableció ante los jueces que "las restricciones al comercio tienen una característica y es que son excepcionales; su justificación tiene que estar muy clara".

"La restricción está justificada para la administración de bienes escasos, porque no todos pueden hacer uso, pero no veo que acá esté clara", juzgó el economista y añadió que "la regla (que fija la ley) es injustificada; no está justificada desde lo que se pretende proteger; no existe evidencia empírica de que el modelo de restricción sea satisfactorio".

Además, brindó ejemplos de cómo la experiencia internacional muestra una marcada tendencia de los países a la apertura de los servicios de farmacias y no a su cierre. Afirmó que las farmacias compiten en dimensiones como horario de apertura, calidad de servicio y abastecimiento, entre otras, y que intervenciones legales como las de la provincia de Buenos Aires, lejos de beneficiar al paciente, buscan limitar su ejercicio de la soberanía y su libertad de elección.

 

 

En el mismo sentido, el economista Marcelo Capello, afirmó que, mientras que en la provincia de Buenos Aires hay 4.600 farmacias para atender a más de 17 millones de personas, en la provincia de Córdoba, donde no existen restricciones, hay alrededor de 2.500 farmacias para 3,5 millones de habitantes. Allí, Farmacity tiene solo 33 locales.

Victor Carricarte, de la Asociación de Empleados de Farmacias, indicó que no hay menos farmacias pequeñas y medianas por la sola existencia del modelo de cadenas. Señaló que la ley de farmacias, con su restricción a ciertos tipos jurídicos, perjudica a los farmacéuticos que carecen de medios económicos para ser propietarios de farmacias. En este sentido, indicó que el modelo de cadenas como Farmacity contribuye con la generación de empleo formal y oportunidades de desarrollo profesional para los farmacéuticos en relación de dependencia.

A su turno, el sociólogo Sebastián López Perera presentó un análisis sobre la localización y distribución geográfica de las farmacias de la provincia de Buenos Aires. Concluyó que no está garantizado un servicio farmacéutico equitativo para todos los habitantes de la provincia. Citó el caso de José C. Paz (300 mil habitantes), donde hay una farmacia cada 10 mil personas.

 

 

Durante la audiencia, en la calle, se manifestaron farmacéuticos de La Plata que cerraron sus locales para trasladarse a la ciudad Buenos Aires y manifestarse contra la posible instalación de la cadena.

El panel se completó con Hernán Gullco, Andrés Gil Domínguez y representantes de la Federación Internacional Farmacéutica, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), de la Asociación de Empleados de Farmacia, de la Asociación de Defensa de los Derechos de Usuarios y Consumidores, de la Federación Farmacéutica Argentina, del Grupo Argentino para el Uso Racional del Medicamento y de la Fundación para la Investigación y Desarrollo de las Ciencias Jurídicas.

El próximo miércoles, según dispuso la Corte, será el turno de las partes en litigio para que desarrollen sus argumentos ante el máximo tribunal. También será el turno del fiscal de Estado bonaerense, el radical Hernán Gómez, quien está en contra de la instalación de la cadena de farmacias.

La Corte escuchó pros y contras del desembarco bonaerense de Farmacity

En la primera audiencia, 15 expositores argumentaron sobre las dos posturas en pugna sobre la ley provincial que impide la instalación de farmacias a nombre de sociedades anónimas.

Quince amicus curiae (amigos del tribunal) expusieron durante más de dos horas ante tres jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que deben determinar si es inconstitucional o no una ley que rige en la provincia de Buenos Aires que impide la instalación de farmacias a nombre de sociedades anónimas.

De un lado del mostrador está el Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires, que se opone al desembarco de Farmacity, firma creada por el ex vicejefe de Gabinete nacional Mario Quintana, que se ubica del otro lado del estrado.

En el medio quedó la Corte, integrada para esta audiencia por Elena Highton de Nolasco, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda, sin la asistencia del presidente del tribunal. Carlos Rosenkrantz, y del ministro Horacio Rosatti, quienes se excusaron de intervenir ante posibles conflictos de intereses. El primero fue abogado de la empresa. El segundo tuvo como asesora a la directora de Asuntos Jurídicos de la compañía.

 

 

Los expositores hablaron en representación de sí mismos o de entidades, que la Corte aceptó como amigos del tribunal. Fueron exponiendo en la sala de audiencias del Palacio de Justicia. Las audiencias pueden seguirse en vive mediante el canal web del Centro de Información Judicial (CIJ).

Nueve de los expositores argumentaron en contra de que se permita a la cadena instalarse en territorio bonaerense: argumentaron que supondría un daño al sistema de salud, por acceso y precios de los medicamentos.

En tanto, seis se pronunciaron a favor: señalaron que favorecería la libertad de elección de los consumidores y negaron que estén probados los supuestos "daños" que produciría Farmacity.

 

 

María Isabel Reinoso, titular del Colegio de Farmacéticos de la provincia de Buenos Aires, valoró la primera audiencia como “positiva”. En diálogo con Letra P, consideró que fue una “jornada intensa" en la que "la audiencia se transmitió en vivo sobre la zona de plaza Lavalle, donde se concentraron farmacéuticos bonaerenses (en La Plata no hubo atención durante la mañana) y del resto del país para sostener la ley del ejercicio de la profesión en manos de los farmacéuticos y no a favor de una empresa”.

La dirigente detalló que otro de los aspectos en esta contienda es para “mantener la distribución razonable de farmacias, para que haya en todos los pueblos, en todos los barrios, y no como pretende Farmacity, que es instalarse donde le es rentable”.

“Los farmacéuticos trabajamos día a día para que los 17 millones de bonaerense puedan acceder día a día al medicamento como un servicio de calidad”, dijo, y les pidió a los jueces “que piensen en la salud, en la gente, y no en los intereses particulares de una empresa”.

 

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El profesor de derecho constitucional y defensa de la competencia y rector de la Universidad de San Andrés, Lucas Grosman, señaló que "estas regulaciones vulneran derechos constitucionales a la libre elección y a la salud" y manifestó que "es la competencia lo que garantiza que no haya ganancia excesiva, porque cada oferente sabe que, si sube los precios o baja la calidad, los consumidores migrarán a otras opciones".

Por su parte, el constitucionalista Alberto Bianchi sostuvo que "las dos normas son constitucionales (artículos 3 y 14 de la ley 10.606 de la provincia de Buenos Aires); lo que ocurre es que Farmacity tiene un concepto equivocado de qué es un farmacéutico".

Bianchi señaló que la cadena de farmacias y productos de consumo "no reconoce al farmacéutico como un profesional liberal que ofrece un servicio; para Farmacity, es un empleado a sueldo que puede ser despedido".

 

 

Farmacity recurrió a la Justicia para que se declararan inconstitucionales los artículos 3 y 14 de la ley 10.606, que regula la actividad de las farmacias en suelo bonaerense, pero el pedido fue desestimado en primera instancia y finalmente por la Suprema Corte de Justicia provincial, que consideró constitucional el artículo 14, que es el que fija quiénes pueden ser propietarios de farmacias.

En desacuerdo con este fallo, Farmacity interpuso un recurso extraordinario ante la Corte nacional, que fue aceptado por el alto tribunal y este miércoles tuvo su primer capítulo con la presentación de los amigos del tribunal.

Otro de los expositores contrarios a Farmacity fue el ex ministro de Salud de la provincia y luego de la Nación Ginés González García, quien manifestó: "Tenemos en la provincia cerca de 14 mil farmacias, con una distribución geográfica mucho más grande que las cadenas que se ubican en lugares comercialmente atractivos".

 

 

Detrás de González García fue el turno de los diez minutos de exposición para el economista de la universidad Di Tella Marcelo Celani, quien estableció ante los jueces que "las restricciones al comercio tienen una característica y es que son excepcionales; su justificación tiene que estar muy clara".

"La restricción está justificada para la administración de bienes escasos, porque no todos pueden hacer uso, pero no veo que acá esté clara", juzgó el economista y añadió que "la regla (que fija la ley) es injustificada; no está justificada desde lo que se pretende proteger; no existe evidencia empírica de que el modelo de restricción sea satisfactorio".

Además, brindó ejemplos de cómo la experiencia internacional muestra una marcada tendencia de los países a la apertura de los servicios de farmacias y no a su cierre. Afirmó que las farmacias compiten en dimensiones como horario de apertura, calidad de servicio y abastecimiento, entre otras, y que intervenciones legales como las de la provincia de Buenos Aires, lejos de beneficiar al paciente, buscan limitar su ejercicio de la soberanía y su libertad de elección.

 

 

En el mismo sentido, el economista Marcelo Capello, afirmó que, mientras que en la provincia de Buenos Aires hay 4.600 farmacias para atender a más de 17 millones de personas, en la provincia de Córdoba, donde no existen restricciones, hay alrededor de 2.500 farmacias para 3,5 millones de habitantes. Allí, Farmacity tiene solo 33 locales.

Victor Carricarte, de la Asociación de Empleados de Farmacias, indicó que no hay menos farmacias pequeñas y medianas por la sola existencia del modelo de cadenas. Señaló que la ley de farmacias, con su restricción a ciertos tipos jurídicos, perjudica a los farmacéuticos que carecen de medios económicos para ser propietarios de farmacias. En este sentido, indicó que el modelo de cadenas como Farmacity contribuye con la generación de empleo formal y oportunidades de desarrollo profesional para los farmacéuticos en relación de dependencia.

A su turno, el sociólogo Sebastián López Perera presentó un análisis sobre la localización y distribución geográfica de las farmacias de la provincia de Buenos Aires. Concluyó que no está garantizado un servicio farmacéutico equitativo para todos los habitantes de la provincia. Citó el caso de José C. Paz (300 mil habitantes), donde hay una farmacia cada 10 mil personas.

 

 

Durante la audiencia, en la calle, se manifestaron farmacéuticos de La Plata que cerraron sus locales para trasladarse a la ciudad Buenos Aires y manifestarse contra la posible instalación de la cadena.

El panel se completó con Hernán Gullco, Andrés Gil Domínguez y representantes de la Federación Internacional Farmacéutica, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), de la Asociación de Empleados de Farmacia, de la Asociación de Defensa de los Derechos de Usuarios y Consumidores, de la Federación Farmacéutica Argentina, del Grupo Argentino para el Uso Racional del Medicamento y de la Fundación para la Investigación y Desarrollo de las Ciencias Jurídicas.

El próximo miércoles, según dispuso la Corte, será el turno de las partes en litigio para que desarrollen sus argumentos ante el máximo tribunal. También será el turno del fiscal de Estado bonaerense, el radical Hernán Gómez, quien está en contra de la instalación de la cadena de farmacias.