El Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, cuestionó al juez de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Rosenkrantz, por haberle negado exponer en la audiencia pública donde se analizará el posible desembarco de Farmacity en la Provincia.
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“Rosenkrantz nos censuró por oponernos a la llegada de Farmacity. Como ex apoderado de la empresa el juez decidió dejar sin voz a millones de personas, ya que busca permitir que se cree un monopolio que lleve a la ruina a las farmacias bonaerenses. Pareciera que sólo le interesa cerrar un negocio”, sostuvo Lorenzino.
La postura del Defensor del Pueblo tiene que ver con la decisión de la Corte de excluir al organismo de la lista “amicus curiae” que expondrán en la audiencia pública que tendrá lugar este miércoles e en la Sala de Audiencias del máximo tribunal.
Farmacity ya ha tenido algunas resoluciones tanto desfavorables como favorables en su pelea por operar en el territorio bonaerense. Por caso, la Cámara de Diputados bonaerense presentó aprobó un proyecto que declara taxativo, un artículo de la ley de farmacias donde se explicíta cuáles son las figuras societarias que pueden instalar un negocio farmacéutico. Allí no aparecen las sociedades anónimas. Farmacity es una sociedad anónima.
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Sin embargo el proyecto llegó al Senado y se cajoneó. Cambiemos allí tiene mayoría y no va a mover un expediente que puede traerle complicaciones. En Diputados, luego del proyecto que el oficialismo perdió se empezó a ensayar una nueva ley de farmacias donde las sociedades anónimas sí podrían operar en suelo bonaerense, aunque el plan no llegó ni a convertirse en borrador.
También la Procuración General de la Nación, a cargo interinamente de Eduardo Casal desde la ruidosa salida de Alejandra Gils Carbó, había firmado en abril un dictamen a favor del pedido de inconstitucionalidad de Farmacity contra la resolución del Ministerio de Salud bonaerense, la que le impide a la cadena instalarse en la provincia de Buenos Aires. Resta el aval definitivo de la Corte Suprema.
Desde que Farmacity busca desembarcar en la Provincia, la Defensoría se opuso, en línea con el Colegio de Farmacéuticos bonaerense, al entender que la empresa busca llevar adelante esta decisión dándole la espalda a la Ley de Farmacias, que fue confirmada por todas las instancias judiciales.
“A la empresa, que Rosenkrantz supo representar durante tanto tiempo, no le interesa respetar las normas que se encuentran vigentes en la Provincia, sino que quiere transformarse en un monopolio, con todo el impacto negativo que le generaría en las farmacias”, indicó Lorenzino.
En esa línea, el Defensor del Pueblo sostuvo que “Farmacity pretende modificar un artículo sobre la ubicación de las farmacias para tener la posibilidad de instalarse donde considere que el negocio es más beneficioso. Sin dudas es un tema muy complejo, ya que en el fondo se trata de una situación que afectaría la salud pública”.
“Priorizamos a la gente por sobre la rentabilidad y nos apoyamos en las leyes que regulan el funcionamiento del sector, las cuales nacieron con el apoyo de todos los sectores políticos y son el resultado de un profundo trabajo a conciencia sobre la importancia de las farmacias”, concluyó Lorenzino.