El organismo advirtió que financiar indemnizaciones con dinero que ahora va a la seguridad social costará 0,15% del PBI este año y comprometerá el superávit.
Kristalina Georgieva, titular del FMI, frena la reforma laboral para cuidar el superávit.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) le recomendó al Gobierno postergar la entrada en vigencia del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), el mecanismo que Toto Caputo incluyó en la reforma laboral para financiar despidos con recursos de la seguridad social, para cuidar el superávit fiscal. La reglamentación, prevista para el 1° de junio, viene demorada.
La paradoja es que el mismo informe del FMI celebra la aprobación de la reforma laboral como un avance estructural y la describe como landmark, un hito. Pero en la siguiente página pone el FAL en la columna de los recortes posibles para no comprometer la meta de superávit primario. La postergación, habilitada por una cláusula de la propia ley, deja al sistema sin reglamentación.
La postergación de la implementación del FAL, previsto originalmente para comenzar el 1° de junio, expuso las principales preocupaciones del organismo sobre el programa económico argentino, como la fragilidad fiscal y la necesidad de sostener el superávit primario en un contexto de caída real de la recaudación y escasez de reservas.
El planteo quedó explicitado en el Staff Report N° 26/105 de mayo de 2026, en el que el organismo proyectó para este año un crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) del 3,5%, una inflación anual del 25% y la obligación de mantener un superávit primario de caja equivalente al 1,5% del PBI.
En ese documento, el FMI advirtió que si la recaudación se deteriora o aumentan los pagos de intereses, el Gobierno deberá activar medidas adicionales para sostener el equilibrio fiscal. Entre esas alternativas mencionó “acelerar la reducción de subsidios al transporte y/o postergar la implementación de la Ley de Modernización Laboral”.
La referencia impacta directamente sobre el FAL, el esquema creado dentro de la reforma laboral para prefinanciar indemnizaciones mediante cuentas individuales mediante aportes empresariales obligatorios.
El principal problema que detecta el FMI es el efecto inmediato sobre la caja previsional. El esquema prevé que las empresas destinen parte de las contribuciones patronales al nuevo fondo laboral. Las grandes compañías aportarían el equivalente al 1% de la masa salarial y las pymes el 2,5%, recursos que dejarían de ingresar al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).
Según estimaciones incluidas en el análisis fiscal del programa, la implementación de la reforma laboral tendría un costo equivalente al 0,15% del PBI. Con el actual nivel de exigencia fiscal, el desvío de fondos hacia el FAL complicaría las metas comprometidas con el organismo.
"Han visto cierta fragilidad fiscal y en ese sentido pidieron la no aplicación”, dijo a Letra P el ex director ejecutivo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) Diego Bossio.
“El impacto del FAL sobre las cuentas públicas tiene una mecánica muy concreta: la ley prevé que el aporte al FAL sea compensado con una reducción equivalente de las contribuciones patronales al SIPA. Es decir, no es gasto nuevo sino una reasignación de flujos: lo que ingresa al FAL son recursos disponibles que no van a ingresar a la caja previsional de la ANSES”, explicó.
Bossio agregó que “restarle ese ingreso actual a la caja previsional significa mayor escasez para un área que ya se encuentra con problemas”.
Además, señaló que, en un escenario de caída real de la recaudación, “si este año se pusiera en marcha el FAL y la recaudación tributaria bajara 2,3% real, que es lo que está pasando, el Gobierno tendría que profundizar el ajuste sobre el gasto no indexado. Con lo cual el compromiso de orden fiscal incluye la no aplicación del FAL”.
El FAL fue uno de los ejes de la Ley de Modernización Laboral impulsada por el Gobierno y aprobada por el Congreso. El sistema crea cuentas individuales e inembargables para financiar futuras indemnizaciones por despido.
En la práctica, ni la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) ni la Comisión Nacional de Valores (CNV) ni la Secretaría de Trabajo avanzaron con las normas necesarias para su funcionamiento operativo.
Bossio explicó que el propio texto legal habilita esa demora. “El artículo 77 de la ley 27.802 establece textualmente que el régimen entrará en vigencia a partir del 1° de junio de 2026, ‘fecha que podrá ser prorrogada por el Poder Ejecutivo nacional, por el plazo máximo de seis meses, junto con el dictado de la reglamentación y normas de instrumentación pertinentes'", detalló.
“O sea, la prórroga máxima llega hasta el 1° de diciembre de 2026. La inacción reglamentaria es, en la práctica, el mecanismo de postergación”, agregó.
El exfuncionario también remarcó la contradicción política que generó la decisión oficial. “El propio FMI destacó como avance legislativo la aprobación por el Congreso de la reforma laboral, incluida la creación del FAL. Pero ahora, a instancias del mismo organismo, el Ejecutivo decide no implementar esa parte de la ley”, sostuvo.
Desde la oposición cuestionaron tanto el efecto fiscal del esquema como el vínculo entre el Gobierno y el FMI.
En declaraciones a Letra P, la diputada Kelly Olmos (Unión por la Patria) sostuvo que el FAL implica “una transferencia de recursos que reduce recursos fiscales (ANSES) aproximadamente 0,3% del PBI hacia cuentas de inversión en el mercado de capitales”.
“Seguramente van a tener como inversiones subyacentes bonos del Estado. El Estado pierde recursos propios y va a tener que pagar intereses para disponerlos”, afirmó. “Si el FMI dice que ya estamos con déficit fiscal, esto lo agrava”, agregó.
La exministra de Trabajo también cuestionó el modelo económico del Gobierno. “El plan económico es un ajuste draconiano que sacrifica capacidades estratégicas de la Argentina en beneficio de un círculo vicioso de ajuste permanente”, señaló.
La decisión de congelar el FAL refleja hasta qué punto el Gobierno subordinó la implementación de reformas estructurales al cumplimiento de las metas fiscales acordadas con el FMI.
En el Staff Report, el organismo dejó en claro que el equilibrio fiscal es el principal ancla del programa económico ante la debilidad de las reservas y la falta de acceso al financiamiento internacional. En ese marco, cualquier medida que implique resignar ingresos para la ANSES o deteriorar la caja previsional quedó bajo revisión.
Aunque el Gobierno todavía no oficializó una nueva fecha para la entrada en vigencia del FAL, en despachos oficiales reconocen que el esquema podría recién comenzar a aplicarse hacia fines de 2026 o directamente en 2027, dependiendo de la evolución de las cuentas públicas y de las exigencias del Fondo.