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Macri, imputado por cuarta vez en 14 meses: ahora, por el escándalo del Correo

El fiscal federal Juan Pedro Zoni Investigará si le causó “un perjuicio patrimonial multimillonario” al Estado. Pidió las primeras medidas de prueba al juez Lijo. Horas antes, Peña intentó despegarlo.

El fiscal federal Juan Pedro Zoni imputó este martes al presidente Mauricio Macri y al ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, por presuntos delitos cometidos en el marco del acuerdo que el Gobierno cerró con la empresa Correo Argentino S.A., controlada por la familia presidencial, durante el concurso preventivo de la firma. Es el cuarto proceso penal que abre la Justicia contra el jefe de Estado en 14 meses de gestión Cambiemos: la anteriores, por su participación en sociedades offshore radicadas en paraísos fiscales, revelada por la investigación internacional denominada Panamá Papers; por el decreto que abrió el blanqueo de capitales a los familiares de funcionarios y por la firma de un memorándum con Qatar.

 

La decisión del fiscal se conoce horas después de que el Gobierno, a través del jefe de Gabinete, Marcos Peña, ensayara una maniobra tendiente a despegar al Presidente: en la mañana de este martes, en una conferencia de prensa que brindó tras la reunión de Gabinete celebrada en la quinta de Olivos, el funcionario aseguró que el mandatario, que no se ha pronunciado sobre el asunto, no había sido consultado sobre los términos del acuerdo que, según la fiscal Gabriela Boquin, le perdona a la empresa de grupo SOCMA 70.000 millones de pesos. 

 

Zoni impulsó así, ante el juez federal Ariel Lijo, la acción penal a raíz de dos de las denuncias que llegaron a Comodoro Py 2002: una impulsada por un abogado particular y otra promovida por la agrupación Nuevo Encuentro, del kirchnerista Martín Sabatella.

 

Hay otras tres denuncias: dos de otro abogado y del kirchnerismo que recayeron en el juez Rodolfo Canicoba Corral y otra que hizo la Procuración de Investigaciones Adminsitrativas (PIA), ante el juez Marcelo Martínez De Giorgi

 

Además de Macri y el ministro, también fue imputado el director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicaciones, Juan Mocoroa, cuya legitimidad para actuar en el caso fue cuestionado por la fiscal Boquín.

 

En su dictamen, Zoni señaló que ese funcionario "desarrolla sus funciones a través de una cadena jerárquica que lo vincula con el presidente de la Nación, Mauricio Macri, quien a su vez resultaría beneficiario de forma directa o indirecta de la sociedad concursada y por ende del acuerdo suscrito por aquel".

 

Además, entendió que debía abrirse una investigación criminal "tendiente a corroborar la existencia de conductas delictivas estrechamente vinculadas al proceso concursal" del Correo, que ya lleva 15 años de trámite y en la que "se observa un perjuicio patrimonial multimillonario en las arcas del Estado y en el patrimonio de los acreedores minoritarios".

 

Zoni pidió esclarecer qué responsabilidad penal les cabe a funcionarios públicos y particulares que intervinieron en forma directa o indirecta a lo largo de todo el proceso judicial, en el que "el interés público no habría sido protegido de la forma adecuada".

 

LOS NÚMEROS DEL ESCÁNDALO. La fiscal Boquín acusó al Gobierno de armar una ingeniería “abusiva” a la medida de la familia presidencial: a partir de un informe de la oficina especializada del Ministerio Público, aseguró que el acuerdo supone “una quita –a la deuda que mantiene el Correo con el Estado nacional- de más de 4 mil millones de pesos en la actualidad y de más de 70 mil millones a 2033”, cuando los deudores terminarían de cancelar las 15 cuotas que se ofrecen a pagar a partir de 2018.

 

Además, reveló que, mientras negociaba para que le perdonaran 70.000 millones de deuda y ofrecía pagar el resto financiado al 7 por ciento, la familia Macri demandó al Estado nacional por “daños y perjuicios” causados por “la falta de pago de inversiones realizadas por la concursada”. Y le reclamó un interés del 11 por ciento. Por eso, la fiscal entiende que la propuesta homologada por el Gobierno es “más abusiva aun”.

 

OFF SIDE. La imputación al presidente Macri deja a priori en posición adelantada a la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, quien 36 horas antes de conocida esta noticia dijo que pone "las manos en el fuego" por el jefe de Estado. 

 

“Pongo las manos en el fuego. Mauricio tenía mucho más para perder que para ganar en política. Confío en él. Totalmente”, defendió Vidal en el programa “Debo decir” (América TV) y agregó: “Esto lo va a decidir un juez porque es una quiebra. Si es la mejor o peor negociación, se verá. Una fiscal opinó y un juez va a decidir. Todo parece encaminado”.

 

En una columna publicada este lunes, Letra P advirtió que la mandataria, a partir de esas declaraciones, corría riesgo de quemarse. Con el diario del martes, podría decirse que el peligro aumentó sensiblemente.

 

El PRO bonaerense, en Lobos.
Mauricio Macri y Patricia Bullrich. 

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