En medio de la negociación por la deuda que mantiene el Grupo Macri con el Estado por la fallida privatización del servicio telepostal argentino, la firma Correo Argentino S.A. (que operó el correo hasta 2003) "adoptó una conducta contraria a la buena fe procesal” porque no comunicó “ni al tribunal ni a los funcionarios intervinientes el inicio de esta acción que importa un crédito en expectativa mientras se encontraba negociando" con el Estado. La acusación lleva la firma de la fiscal general ante la Cámara Comercial, Gabriela Boquín que este viernes sumó un nuevo dictamen para cuestionar el acuerdo entre la firma que pertenece al padre del presidente Mauricio Macri y el Estado Nacional. La acción, a la que se refiere la funcionaria, es el expediente CAF 38.109/2016, caratulada "Correo Argentino contra Estado Nacional s/ daños y perjuicios". Según advierte la funcionaria fue “promovido 15 días antes de la audiencia en donde se acordó un convenio que "implicaría una quita de más de 4 mil millones de pesos en la actualidad y de más de 70 mil millones a 2033", un acuerdo entre partes que salió a la luz gracias a los primeros dos dictámenes de la funcionaria, que ya generó cuatro denuncias penales y un sumario en la Procuración de Investigaciones Administrativas.
En la lectura de ese documento, Boquín resaltó que Correo Argentino S.A. consideró que la demanda millonaria que inició contra el mismo Estado con el que estaba negociando “no puede ni debe ser entendida como renuncia o desestimiento de derechos o proceso en relación a causas judiciales”. Al respecto la fiscal concluyó que esa posición “convierte en más abusiva aún la propuesta formulada al Estado Nacional pues mientras ofrece pagar a partir del 2018 (plazo estimado de pago si la homologación se produjese en el año en curso) un interés del 7 por ciento anual, reclama al mismo acreedor (el Estado) un interés del 11 por ciento por lo menos hasta el 2009 más los intereses correspondientes (sin determinar tasa) hasta el efectivo pago”.
La acción que menciona Boquín fue entablada por Correo Argentino S.A. contra el Estado en el que se le reclaman daños y perjuicios por falta de pago de distintas inversiones realizadas por la empresa que creó la Sociedad Macri (SOCMA) para ganar la privatización de la empresa pública de correos. Sin embargo, la misma firma, es deudora del Estado Nacional por los cánones que nunca le pagó a las arcas públicas por la compra de la Empresa Nacional de Correos y Telégrafos (ENCOTEL) que fue licitada durante el gobierno de Carlos Menem, y reestatizada en 2003 por decisión de Néstor Kirchner.
Para entonces estaba quebrada y los cánones adeudados por Franco Macri son el eje central del concurso de acreedores que lidera el Estado, y que la administración de su hijo Mauricio había negociado con una quita que la fiscal Boquín recomendó anular por “abusiva”.
La “novedad” de este viernes, a los ojos a la fiscal, empeora los términos del acuerdo que el Estado había avalado, por decisión del ministerio de Comunicaciones, en manos de Oscar Aguad, que fue señalado, junto a sus abogados, como protagonistas de un posible conflicto de intereses, porque le dieron visto bueno a una negociación donde beneficiaron a la familia Macri que “detenta la totalidad del capital accionario de Socma Americana S.A., controlante de Sideco Americana S.A., quien a su vez posee el control accionario de Correo Argentino S.A.”
El caso en el que intervino Boquín arrancó a fines de 2003 en manos del juez en lo comercial Eduardo Favier Dubois que decretó la quiebra de Correo Argentino SA y prohibió la salida del país de sus máximos ejecutivos: el propio Macri, considerado "administrador de hecho", el ex presidente de la compañía Raúl Casa y los ex directivos Roberto Maffioli, Jorge Aguado y Manuel Sobrado.
