La fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Gabriela Boquín, pidió rechazar por “abusivo” el acuerdo alcanzado entre el Correo Argentino S.A. y el gobierno de Mauricio Macri. La fiscal emitió un dictamen en el que sostuvo que lo acordado “equivale a una condonación” de la deuda “y debe considerarse abusiva”, según informó el sitio Fiscales, que depende de la Procuración General.
Según la funcionaria judicial, pudo haber un conflicto de interés en el funcionario del Poder Ejecutivo que participó de la negociación, al aceptar una oferta “que directa o indirectamente beneficie” a familiares del presidente de la Nación, como su padre Franco, ex propietario de la firma. En ese sentido, dictaminó que debe rechazarse la propuesta realizada por Correo Argentino S.A. y aceptada por el Estado Nacional, en junio del año pasado, en el marco de un concurso preventivo.
A su vez, Boquín notificó lo ocurrido a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas para que investigue si hubo irregularidades y debería iniciarse una denuncia penal. Para la fiscal, se registró que la posición del Gobierno de rechazar el acuerdo cambió por completo a mediados de 2016, cuando un funcionario del Ministerio de Comunicaciones que no sería competente terminó por aceptar “una propuesta que no analizó técnicamente y resulta abusiva, irrazonable y ruinosa para los intereses de la comunidad”.
En tanto, el director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicaciones, Juan Mocoroa, negó que se le haya condonado una deuda al Grupo Macri (originada cuando administraba el Correo Argentino) y aseguró que en las negociaciones judiciales se prevé que la empresa pague el “ciento por ciento del capital verificado”, que asciende a “296 millones de pesos” “No le perdonamos ni un mango a Macri, nada, ni siquiera los intereses”, sostuvo el funcionario, en diálogo con radio El Mundo y Radio Nacional..
Para Mocoroa, la controversia “se remonta a 2001, cuando se inicia el proceso concursal”. En ese momento se verificó “que la deuda a la que el Estado tiene derecho son 296 millones de pesos”. Luego de eso transcurrieron 15 años en los que no hubo acuerdo entre las partes para cobrar esa deuda, según el funcionario por un “enfrentamiento político” entre el gobierno anterior y el Grupo Macri, y “el Estado no pudo cobrar un peso de la deuda” adquirida. “Recién en 2016 logramos que la empresa pague 600 millones de pesos”, indicó Mocoroa, según consignó La Nación.
No obstante, Boquín considera “abusivo” el acuerdo porque implicaría una quita de más de 4 mil millones de pesos en la actualidad, y más de 70 mil millones si se considera que la concesión era hasta 2033, según los cálculos realizados por la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero de la Procuración General de la Nación, a cargo de Alejandra Gils Carbó. “Presumo que es un error jurídico”, explicó el funcionario macrista sobre ese cálculo, que estimó que surge de dolarizar la deuda en pesos y sumarle los intereses de 15 años.
Ahora, la Cámara de Apelaciones en lo Comercial será la que deberá resolver si rechaza el acuerdo tentativo alcanzado entre el Correo y el Estado, o si por el contrario comparte el criterio de la jueza de primera instancia -que ya había rechazado la propuesta anterior- y de la fiscal Boquín.
En paralelo, el presidente Macri, el ministro de Comunicaciones, Oscar Aguada, y Mocora fueron denunciados por el abogado Daniel Igolnikov y también por Sergio Zurano, este último por los delitos de los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública y negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas.
“Las propuestas que se presentaron antes eran una catástrofe, pero eran aún mejor que estas, por eso la fiscal de Cámara lo rechazó. Consideró que era inadmisible y no quiso poner la firma”, afirmó Zurano en diálogo con ámbito.com.
El Correo Argentino fue reestatizado en 2003 por el gobierno de Néstor Kirchner. Hasta ese momento la empresa fue controlada por las empresas de la familia Macri.