Patricia Bullrich en la comisión que dictaminó la ley de biocombustibles.
Patricia Bullrich tuvo este miércoles un nuevo revés en el Senado. La jefa del bloque La Libertad Avanza (LLA) suspendió la sesión que había planeado para este jueves, porque no tenía consenso para aprobar la reforma a la ley de biocombustibles. Como anticipó Letra P, algunos aliados no querían avalar el deterioro de las condiciones para las Pymes.
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También hubo resistencias de senadores del oficialismo, como Bartolomé Abdala, oriundo de San Luis, una de las provincias con pequeñas compañías de biocombustibles no integradas, como se les llama a las que venden biodiesel sin producir materia prima. La exministra de Seguridad tomó la decisión antes de la reunión con jefes de bloque, prevista para las 14 horas.
El dictamen firmado el pasado jueves les quita una cuota de participación en el mercado interno y les permitía ingresar a las grandes aceiteras. Tuvo las firmas justas, porque se demoró en suscribir Abdala y no suscribieron algunos miembros de la UCR, como la chaqueña Silvina Schneider y el santafesino Eduardo Galaretto. Además, por este tema, hubo disidencias de Alejandra Vigo y Carlos Espínola (Provincias Unidas).
Bullrich tuvo que bajar la sesión cuando supo que otros radicales no querían aprobar la baja de las alícuotas, como el bonaerense Maximiliano Abad y el pampeano Daniel Kroneberger. Además, Abdala reclamó una revisión y la negociación volvió a fojas cero.
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La disputa es por el cupo asignado a la venta de biodiesel en el mercado interno. La ley vigente de biocombustibles les asigna a las pymes el 7,5%. El dictamen eleva ese corte al 10% en 2028, pero reduce la participación de los jugadores chicos. De esta manera, las grandes aceiteras tendrían una nueva fuente de ingresos.
Se propone una baja paulatina de las alícuotas para las empresas no integradas. Se reduce a 6,5% en 2028, 5,5% en 2029, 5% en 2030 y 3,5% hasta 2036. El beneficio se extendió en el dictamen cinco años más (la ley vigente culmina en 2031), una concesión de último momento de Bullrich para sumar aliados, pero no alcanzó.
Las Pymes tienen su reclamo firme: quieren sostener el cupo de 7,5%. "Las plantas regionales van a quebrar de todos modos, porque se achica la participación en el mercado. No hay criterios de regionalidad para segmentar", sostuvo la Cámara de Empresas PYMEs Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (CEPREB).
La norma también incluye un capítulo sobre el etanol, que contaba con pleno consenso. Amplía el cupo a 12% y a 15% el año próximo, dividido en partes iguales para maíz y caña de azúcar. El aumento equipara la capacidad de producción del sector, que por eso aceptó el cambio de los precios máximos, que serán los valores más altos para importar. Hasta ahora, se tomaba en cuenta una fórmula polinómica.
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Este jueves tenía previsto tratar dos pliegos que fueron dictaminados hace dos semanas, por presión del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. Son los expedientes que proponen a Juan Pedro Galván Greenway y Alejandro Catania, para la cámara penal económica. Bullrich no quiso firmarlos, porque vinculó a estos juristas con la AFA. Un sector de los aliados recién aceptó firmar la semana pasada y la senadora se sumó.
La jefa del bloque libertario sí mantiene escondido el pliego de Juan Manuel Mejuto, candidato a juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 8 de Capital Federal. Le recrimina su pasado en la agrupación kirchnerista Justicia Legítima. El dictamen también apareció la semana pasada y la jefa de LLA no iba a incluirlo en la sesión.
Tampoco iba a ser incorporado al temario la Ley Hojarasca, el proyecto de Federico Sturzenegger que ya fue aprobado en Diputados. Consiste en derogar y cambiar leyes vetustas.
Los bloques dialoguistas nunca manifestaron su rechazo, pero la accidentada discusión de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada provocó un boicot a las iniciativas del ministro de Desregulación y Transformación del Estado. Sus temas quedarán archivados por un tiempo.