Un documento judicial al que accedió Letra P revela el modus operandi. Aviones, triangulaciones financieras, 4700 kilos de cocaína y 770 millones de dólares.
Facsímil del documento judicial que describe a Fred Machado como pieza central de un entramado de empresas destinado a blanquear capitales y encubrir operaciones de narcotráfico.
El pedido de extradición de Estados Unidos revela el esquema con aeronaves que usaba Federico Andrés Machado para blanquear dinero. La trama alcanza a la política argentina: se investiga si parte de esos fondos nutrieron la campaña presidencial de José Luis Espert en 2019. Hoy, el economista lidera la lista de postulantes de La Libertad Avanza para la Cámara de Diputados.
En mayo de 2021, la justicia de los Estados Unidos formalizó el pedido de extradición de Fred Machado, empresario argentino radicado en Miami, acusado de ser parte de una organización internacional dedicada al narcotráfico y al lavado de dinero a gran escala. El documento judicial al que accedió Letra P, firmado por el fiscal federal Ernest González ante un tribunal del Eastern District of Texas, describe a Machado como una pieza central de un entramado de empresas aeronáuticas que funcionaban como pantalla para blanquear capitales y encubrir operaciones de tráfico de cocaína.
Las acusaciones contra Machado se sostienen en el Fifth Superseding Indictment de mayo de 2021, que lo imputa por conspiración para traficar más de cinco toneladas de cocaína, conspiración para lavar dinero y fraude electrónico. El expediente reconstruye cómo a través de South Aviation Inc. y Pampa Aircraft Financing (PAF), ambas con sede en Florida, y con vínculos estrechos con Aircraft Guaranty Corporation (AGC) y Wright Brothers Aircraft Title (WBAT), Machado desplegaba un sistema que permitía a extranjeros acceder a matrículas norteamericanas (“N numbers”) y simular operaciones de compra-venta de aeronaves.
Ese mecanismo, en apariencia legal, se convirtió en una maquinaria ilícita: aviones utilizados para transportar droga desde Sudamérica a Europa y depósitos millonarios en cuentas fiduciarias que nunca se traducían en la entrega real de aeronaves.
El corazón del esquema de Machado residía en el uso de trusts (fideicomisos) en EE.UU. para registrar aviones a nombre de supuestos fiduciarios norteamericanos. Según el expediente, AGC registró miles de aeronaves en Onalaska, Texas, un pequeño pueblo sin aeropuerto. Allí, la empresa colocaba como titulares a ciudadanos estadounidenses, lo que habilitaba a los verdaderos dueños —extranjeros en muchos casos vinculados al narcotráfico— a operar aeronaves con matrícula norteamericana.
El documento judicial advierte: “Los acusados colocaban los ‘N numbers’ en manos de narcotraficantes y ciudadanos extranjeros prohibidos. El esquema tenía tres etapas: registrar fraudulentamente las aeronaves, transferirlas o darlas de baja tras cada incautación, y montar ventas ficticias para ocultar el movimiento de fondos ilegales”.
Con este mecanismo, Machado y sus socios evitaban inspecciones aduaneras, reducían impuestos de importación y, sobre todo, dotaban a los aviones de una apariencia legal que los volvía menos sospechosos en vuelos internacionales.
El pedido de extradición revela cifras que dimensionan la magnitud del fraude. Entre 2016 y 2020, inversionistas de distintos países depositaron unos 770 millones de dólares en cuentas de custodia de WBAT, bajo la promesa de adquirir aeronaves a través de South Aviation y Pampa Aircraft Financing. Sin embargo, gran parte de esas operaciones eran ficticias: los aviones no existían o no estaban en condiciones de volar.
Un caso paradigmático se dio en 2019, cuando SAI presentó ante un cliente la posibilidad de adquirir un avión de All Nippon Airways. El inversor transfirió tres millones de dólares, pero el avión jamás estuvo en venta. Ese mismo año, otro grupo de inversores desembolsó más de 27 millones en una operación con una supuesta aeronave en China, que resultó inexistente.
La mecánica se repetía: una parte del dinero se desviaba a cuentas de Machado y sus socios; otra se destinaba a devolver montos parciales a víctimas previas, en un esquema piramidal tipo Ponzi; y otra se usaba para mantener el flujo de nuevos inversores.
El esquema financiero tenía un correlato directo en el narcotráfico. El expediente menciona múltiples aeronaves registradas a través de compañías vinculadas a Machado que terminaron incautadas en operaciones antidrogas.
En 2011, un Challenger 604 matrícula N600AM, operado por South Aviation, fue interceptado en Barcelona con 944 kilos de cocaína provenientes de Argentina. En 2019, otro avión vinculado al mismo circuito fue capturado en Guatemala con 1.700 kilos de cocaína. Y en 2020, en Belice, una aeronave con matrícula estadounidense ligada a AGC aterrizó en una pista clandestina con más de dos toneladas de droga.
Cada vez que se producía una incautación, los registros eran manipulados: se transfería la titularidad del avión, se simulaba una venta o se solicitaba su baja en el registro de la FAA. De esa manera, los aviones “fantasma” desaparecían del radar oficial, imposibilitando a las autoridades seguir el rastro financiero.
Más allá de su perfil empresarial, el nombre de Federico Andrés Machado también resuena en la política argentina. Distintas fuentes sostienen que parte de los fondos desviados del esquema aeronáutico pudo haber ingresado en la campaña presidencial de Espert en 2019.
El año coincide con el momento de mayor actividad fraudulenta en el circuito de Machado: fue en 2019 cuando se detectaron depósitos millonarios de inversores estafados, operaciones ficticias con aerolíneas asiáticas y nuevas triangulaciones financieras. Para los investigadores, resulta difícil descartar que una porción de esos capitales haya servido para nutrir campañas políticas en la Argentina.
Hoy, Espert encabeza la lista de candidatos a diputados nacionales por La Libertad Avanza (LLA), fuerza liderada por Javier Milei, en el marco de los comicios del 26 de octubre. Aunque el economista liberal no está formalmente imputado en el expediente estadounidense, las sospechas sobre el origen de parte de su financiamiento electoral vuelven a emerger con fuerza en plena campaña.
Si bien el Gobierno insiste en hablar de un "refrito" de una causa judicial de 2019, este mismo año hubo una novedad: la inclusión de un supuesto pago de 200 mil dólares a Espert en febrero de 2020, que fue incluido en un libro contable paralelo de un fideicomiso que Machado compartía con Debora Lynn Mercer-Erwin, actualmente detenida y condenada a 16 años de prisión por narcotráfico, lavado de dinero y fraude. Este miércoles, en una entrevista con A24, el diputado se negó tres veces a contestar si había recibido esa transferencia. Podría haber dicho que no. No lo hizo.
El caso Machado reabre un viejo debate en la política argentina: ¿cómo se financian las campañas electorales? En 2019, Espert enfrentó dificultades para instalar su candidatura presidencial, pero logró recorrer el país con un despliegue publicitario inusual para un espacio que recién nacía.
La hipótesis que circula en despachos judiciales y políticos es que Machado pudo haber aportado recursos a través de intermediarios, aprovechando la falta de controles efectivos sobre el origen de los fondos electorales. La operatoria habría sido compatible con los métodos que utilizaba en Estados Unidos: triangulaciones financieras, movimientos a través de cuentas de terceros y uso de empresas fachada.
El expediente estadounidense no menciona de manera directa a Espert ni a La Libertad Avanza, pero la coincidencia temporal entre los picos de actividad del esquema de Machado y la campaña liberal en Argentina plantea un interrogante incómodo.
En el plano judicial, Machado enfrenta cargos que pueden derivar en cadena perpetua por narcotráfico y hasta 20 años de prisión por lavado de dinero y fraude electrónico. La justicia norteamericana sostiene que el empresario argentino montó “una asociación ilícita de alcance global” y que las pruebas incluyen transferencias bancarias, correos electrónicos y registros de aeronaves incautadas.
En paralelo, la justicia argentina recibió el pedido de extradición, aunque el trámite permanece abierto. Machado ha buscado evitar su traslado a Texas, argumentando que no hay garantías de debido proceso. Sin embargo, las pruebas documentales de EE.UU. lo señalan como el beneficiario final de al menos 225 millones de dólares en fondos defraudados.
En pleno calendario electoral, la causa vuelve a poner bajo presión a José Luis Espert y a La Libertad Avanza. Para el oficialismo y para la oposición tradicional, el escándalo funciona como un recordatorio de los riesgos del financiamiento opaco en campañas políticas.
El caso Machado exhibe cómo un entramado criminal transnacional puede, al mismo tiempo, abastecer al narcotráfico internacional y colarse en la política doméstica argentina. Una doble dimensión que combina crimen organizado y fragilidad institucional.
La pregunta que persiste es si alguna autoridad local se animará a profundizar la investigación sobre los posibles aportes de Machado a campañas argentinas. Porque más allá de su destino judicial en Estados Unidos, su sombra amenaza con seguir proyectándose sobre las urnas del próximo 26 de octubre.