Adquirió sólo el 35% de las divisas que liquidaron las cerealeras. Es un crédito de facto para calmar el billete verde. ¿Un trader fuera de la ley?
Toto Caputo, el campeón contra las cuerdas.
Imagen generada con IALa venta de dólares por parte del Tesoro dispuesta este martes por Toto Caputo para contener una demanda convencida de que habrá una devaluación fuerte del peso tras las legislativas de este mes impone la siguiente pregunta: ¿Cuánto costó la última aventura del ministro trader, la del dólar soja?
La ventana de un mes o el cupo de liquidaciones por 7000 millones de dólares se cerró en apenas tres días y supuso un enorme beneficio para un puñado de cerealeras, una caída de ingresos en concepto de retenciones por más de 1500 millones de dólares y un resentimiento grande de numerosos productores que vieron pasar por sus narices un negocio cerrado y ajeno.
Como señaló Esteban Rafele en Letra P, el Tesoro habría capturado este martes, en medio de sus intervenciones, solamente 30 millones de dólares de los 1300 millones que les faltaban liquidar a esas empresas para completar el 90% de los 7000 millones requeridos por la decisión oficial, esto es un total de 6300 millones.
Finalmente, el Gobierno habría logrado adquirir –"en bloque", por fuera del mercado para evitar grandes disrupciones de cotización– 2246 millones, sólo 35% del total.
Así, si se considerara esa operación como una de crédito –al final, es lo que buscó Caputo con el anticipo de divisas– y se tomara en cuenta la resignación de recaudación tributaria, su costo financiero ascendería a un 66,7%. Va de nuevo: el Ministerio de Economía tomó deuda de hecho al 66,7% en dólares.
La consultora EPyCa, de Martín Kalos, lo dijo de otro modo: calculó, en base a los datos confirmados al cierre de la rueda del lunes –sin considerar el trascendido de 30 millones del día siguiente–, que "el Tesoro Nacional pagó un tipo de cambio implícito de 2.350 pesos por cada dólar comprado. Eso surge de la suma de lo efectivamente abonado por cada dólar, que además es emisión monetaria, y lo que se dejó de cobrar por retenciones para tener ese acceso 'adelantado' a las divisas que se acumularon".
Calificar un negocio semejante se hace difícil.
En una entrevista que había dado por la mañana en A24, el Presidente defendió lo actuado y, tras hablar con escasa precisión de una presunta mejora de precios que habría beneficiado a los productores, admitióque "las comercializadoras tienen que salir a comprar, no tienen todo el grano" al momento de presentar sus declaraciones juradas de exportaciones.
El detalle es que eso podría chocar con la ley 26.351, de 2008, conocida como "ley Martínez Raymonda". Sin embargo, la norma dispone que los exportadores deben contar con la mercadería o con comprobantes de compra antes de presentar las declaraciones juradas en caso de "incremento en más de las alícuotas correspondientes a los derechos de exportación". En este caso, al revés, se produjo una reducción. Hay allí una zona gris, aunque el espíritu de la norma apunta a impedir operaciones especulativas de las cerealeras en perjuicio de los productores con mercadería que no tienen.
Así, diputados de provincias sojeras atienden las quejas de sus bases, entienden que la ley sería de aplicación y amenazan con avanzar contra Toto Caputo.
Las decisiones tomadas por desesperación pueden derivar en negocios raros y en causas judiciales.