En modo "kuka", el Presidente produjo un nuevo apagón del sistema estadístico. IPC maquillado. Pobreza, salarios y jubilaciones trampeados. Un tiro en los pies.
Silencio: INDEC intervenido.
La noticia de la renuncia de Marco Lavagna como director del INDEC apenas ocho días antes del debut de un índice de precios al consumidor (IPC) más representativo fue superada este lunes por la confirmación, por parte de Toto Caputo, de la decisión de Javier Milei de suspender esa mejora estadística indefinidamente.
El ministro de Economía fue pescado in fraganti con una pistola humeante en la mano: la que, en medio de una segunda intervención del organismo estadístico, acababa de meterle un tiro letal a la credibilidad de las mediciones de inflación y de la palabra del Gobierno.
"No hay necesidad de cambiar ahora el índice. Da igual, da prácticamente lo mismo (…). Vamos a mantenerlo (el índice viejo) hasta que el proceso de desinflación esté consolidado. No hay fecha para el cambio", se desnudó Caputo, descuidadamente.
Incapaz de explicar por qué lo viejo e inadecuado es mejor que lo nuevo y más preciso, que además se usó para un cálculo que ahora habrá que rehacer de apuro, respondió que "sí" este lunes a la tarde, cuando la granada ya había estallado y Jonatan Viale, a quien esta vez no hubo que interrumpir, le preguntó si la renovación seguiría pausada "por varios meses".
A la pasada, mientras confirmaba la interveción del organismo, el ministro se permitió elogiar a Pedro Lines, el reemplazante de Lavagna, por haberse ido del organismo cuando lo gobernaba Guillermo Moreno, cuando "estaba la sospecha de la manipulación" de las estadísticas.
¿Qué objetivo le justifica al Gobierno comprarse esta crisis si el IPC "da prácticamente lo mismo"?
Que la inflación futura quedará minimizada en relación con la realidad debido a que la lente de la cámara que elige el Gobierno es más distorsiva es el producto más obvio de estas novedades. Más importante aun es lo que eso expresa, una vez más, sobre el modelo paleolibertario: todo lo que se compare con la verdad de los precios –los salarios pisados en paritarias al 1%, las jubilaciones que se indexan de acuerdo con el IPC– quedará más desfasado por pura decisión política.
He ahí el ADN del mileísmo: desprecio por los compromisos y las normas institucionales –incluso las anunciadas por el mismo Ejecutivo–, y licuación de los ingresos populares –lo que el Estado les devuelve a sus trabajadores y a los trabajadores retirados– como forma de asegurar un superávit fiscal sobre cuya sustentabilidad futura cabe hacer muchas preguntas.
En la misma línea, se puede pensar en lo que Milei pergeña en términos de ajuste de tarifas para los próximos meses, que no quiere ver reflejado en las estadísticas.
La razón de ser histórica de la administración de extrema derecha es, justamente, estabilizar la economía, discusiones aparte sobre la rudeza e injusticias del ajuste permanente. Ese y no otro –ni la "batalla cultural" ni la destrucción del Estado ni los malos covers de Los Ratones Paranoicos– fue, en el trazo grueso, el mandato que una mayoría absoluta de la ciudadanía le dio a Milei en el ballottage de noviembre de 2023 y que una primera minoría ratificó, pese a los efectos secundarios del remedio prescripto por el doctor honoris causa, en las últimas legislativas.
Eso es, en buena medida, lo que será evaluado el operativo reelección sea sometido a la prueba ácida de las urnas. Para entonces se sabrá que la inflación de Milei devino secreto de Estado, no sólo para mejorarle el aspecto, sino –mucho más importante– para trampear indicadores clave de otros ítems de gestión, como la evolución de la pobreza y de los salarios y jubilaciones.
La promesa del Presidente de un IPC que "comience con cero" a más tardar en agosto no podrá cumplirse por las buenas. La pelea le viene resultando más difícil que lo esperado… o que lo presagiado por los manuales ideológicos que considera una especie de Biblia. Así, optó por matar al mensajero con la esperanza de que eso le evite el mal trago de malas noticias por venir.
El portazo de Lavagna –eso fue– llegó después de meses de presiones oficiales que demoraron la puesta en marcha de una medición de inflación de acuerdo con la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares de 2017-2018 y ya no por la de 2004-2005, cuando ni Internet ni la telefonía celular, por mencionar dos detalles, eran lo que son hoy.
La nueva, que en 2026 ya no lo es tanto, otorga mayor peso a los servicios justo los precios que el Gobierno sigue elevando por encima del promedio para liberar las tarifas de servicios públicos de subsidios que le complican la política de déficit fiscal cero.
Su salida se produjo poco después de que Toto Caputo, un interventor con carita de "yo no fui", calculara –a ojo: "No tengo la información"– que el IPC de enero arrojará un número similar, aunque algo menor que el de diciembre.
"Seguramente esté en torno a, no sé, 2,5%", especuló en una entrevista radial matutina, lo que, era claro para Lavagna, arrojaba la decisión política de cuál sería un número tolerable, imposible de alcanzar con la nueva medición. El desenlace quedó cantado desde ese momento.
Sea cual sea, el guarismo que anuncie el INDEC intervenido el próximo martes quedará sospechado.
"No deberíamos descartar que las nuevas autoridades del Instituto tengan la finalidad de manipular la información y establecer un mayor control sobre los datos. Los trabajadores nos vamos a prestarnos a ningún manoseo de las estadísticas. El deterioro en las condiciones de vida de la gente y el proceso inflacionario creciente no se pueden disimular", posteó el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar.
Parece que en lo sucesivo, igual que antes de 2015, tal vez sea posible "conocer" el IPC con varios meses de antelación, incluso antes de que los precios suban o bajen en la realidad. El INDEC es, en todo tiempo y lugar, un asunto político.
El ruido interno era perceptible desde hacía tiempo. Mientras un Lavagna demasiado tolerante trataba de hacer equilibrio y, aun con demora, preparaba la aplicación de las reformas previstas, en agosto del año pasado dejaron el organismo los entonces directores de Índice de Precios, Georgina Giglio, y de Estadísticas de Condiciones de Vida, Guillermo Manzano, también responsable de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH). Nada menos.
El Presidente decidió incurrir en uno de los peores errores políticos del kirchnerismo desde la intervención del organismo, en enero de 2007, por parte de Néstor Kirchner y a lo largo de las dos presidencias de Cristina Fernández de Kirchner. La propia expresidenta reconoce implícitamente ese tiro en el pie cada vez que, para rescatar su legado, acude a indicadores de inflación alternativos para evitar que se le discutan sus argumentos.
Como contraste, la normalización del Instituto Nacional de Estadística y Censos fue, acaso, lo mejor que dejó Mauricio Macri y su mantenimiento, una de las pocas cosas que, sin la perspectiva histórica suficiente, cabe reconocerle a Alberto Fernández, incluso cuando Sergio Massa fungía como ministro de Economía y candidato presidencial y el IPC traía cada mes novedades más preocupantes.
La salida de Marco Lavagna tras más de seis años en el cargo señala la decisión política al más alto nivel de que el país siga consumiendo un IPC de fantasía.
Si el campo de la batalla contra la inflación es, a la vez, económico, político y narrativo, el Gobierno acaba de infligirse derrotas en cada una de esas dimensiones.
En lo económico, porque mete un ruido innecesario en un momento financiero positivo, que necesita sostener si quiere que la realidad de la calle cambie en algún momento para bien. No por nada los activos argentinos cayeron ayer, a contramano de lo ocurrido en el mundo: el dólar oficial cerró en un nivel máximo en dos semanas y las acciones se desplomaron hasta 5%. No fue magia: ¿qué se espera que hagan en este contexto, por caso, los inversores con los bonos ajustables por CER, esto es por la inflación? En tanto, el extraño intervencionismo del presidente autopercibido anarcocapitalista define arbitrariamente ganadores y perdedores entre las puntas de muchos otros contratos atados al Coeficiente de Estabilización de Referencia, ya sea en otros papeles, alquileres, y plazos fijos y créditos UVA.
En lo político, se compró una polémica que huele a mal pasado, a la vez que dificulta sus intentos de confrontar con los "kukas" y de diferenciarse de modos que dice deplorar. En este sentido, parece coquetear con una nueva teoría conspirativa y con la invención de nuevos intentos desestabilizadores –del massismo en el que militó Lavagna hijo, claro– que nadie en su sano juicio puede creer.
Desde ahora, ¿qué confianza podrá merecer Milei cuando diga que la pobreza bajó tal cosa o que los salarios y las jubilaciones mejoraron tal otra? Los funcionarios que salgan a defender lo que en verdad no se siente se asemejarán al Aníbal Fernández de la pobreza alemana o al Axel Kicillof del índice que es mejor no mentar por ser estigmatizante.
En lo narrativo, porque introduce un elemento de polémica que estaba ausente y porque la palabra oficial queda desde ahora irreparablemente dañada justo en el tema en el que no podía cometer errores.
En lo sucesivo, ¿una reducción del IPC resultará creíble o será carne de una polémica incesante en la que la "sensación térmica" dictada por salarios que no alcanzan siempre "probará" que el dato es mentiroso?
Para la Casa Rosada y el Palacio de Hacienda habría sido menos costoso admitir que la desinflación es un camino largo, complicado y no lineal.