Negocia a tres puntas: con la UCR, por los fondos reservados de la SIDE; con el PRO, para evitar una sanción por Astiz; con el kirchnerismo, el pliego de Lijo.
Javier Milei, en el Congreso
Mientras anticipa los detalles del Presupuesto 2025, cuyo texto enviará el 15 de septiembre y se debatirá hasta diciembre en jornadas tan intensas como las que demandó la ley ómnibus, Javier Milei dedicará la semana próxima a seguir de cerca el triple partido en el Congreso donde se juegan varias de sus apuestas de gestión.
Entre martes y jueves, en el Parlamento se discutirá el futuro de los fondos reservados de SIDE, la posible sanción a la comitiva libertaria que visitó a Alfredo Astiz, el pliego de Ariel Lijo como candidato a juez de la Corte y la reforma jubilatoria que pide la oposición, que Milei quiere vetar y que Victoria Villarruel prefiere pisar para no ser otra vez la cara de una derrota. La reforma del sistema electoral es otro de los focos de conflicto en la cámara alta.
Tan atento está el Presidente a este cronograma que en sus redes sociales ya no publica agresiones a opositores y delega esa tarea en los trolls libertarios, un ejército de tuiteros que sostiene el relato épico de Las Fuerzas del Cielo, con periodistas y políticos en la mira. El mandatario, cuanto mucho, empuja con algún retuit.
Las negociaciones legislativas de las próximas horas exhibirán las internas del Gobierno y redefinirán el vínculo de Milei con quienes fueron sus socios para aprobar las únicas dos leyes que festejó desde que la administración libertaria llegó a la Casa Rosada.
Bajo la lupa legislativa están los $100 mil millones que Milei le agregó a la SIDE como fondos reservados a través de un DNU. Es dinero de uso libre para las tareas de espionaje que se consideren necesarias desde la Casa Rosada. El único contralor de esas tareas es la bicameral de fiscalización de inteligencia, que no funciona porque aún no se conformó.
Milei tiene devoción por esa partida, que hasta hace dos meses la tuvo a cargo el exjefe de Gabinete Nicolás Posse y ahora manejarán Santiago Caputo y Karina Milei, quienes detectaron que el ex-Corporación América la usaba para controlar al resto de ministros. La dupla presionó para echarlo y para apoderarse de esos fierros que, en verdad, están en manos del Congreso.
La hermana del Presidente no tenía este último dato tan claro: se lo tuvo que avisar Patricia Bullrich hace un mes, cuando le explicó que si no armaban la bicameral podía ser peor, porque el diputado kirchnerista Leopoldo Moreau podía autoprorrogarse las atribuciones que tuvo como titular de la comisión. Lo que se viene es una disputa entre el PRO y Martín Lousteau que le pelean el botín de los fondos reservados al oficialismo.
La disputa será el martes, cuando se defina la presidencia de la bicameral. Lousteau la pide y el partido de Mauricio Macri se la adjudica al senador Martín Goerling Lara, a partir de un compromiso asumido por Villarruel. Caputo propone al senador Edgardo Kueider, de Unidad Federal. Ninguno tiene los votos, a no ser que consigan los de Unión por la Patria (UP).
Si la definición queda en manos de UP, Lousteau tiene más chances: este año fue socio de esa bancada en varias votaciones. El economista habla todas las semanas con su colega Juliana Di Tullio. Su socio Emiliano Yacobitti supo hablar seguido con Máximo Kirchner cuando compartían el recinto: ahora los une la lucha por los fondos de las universidades.
Yacobitti sabe de rosca asambleísta como pocos y esta semana jugó fuerte: retiró apoyo de su minitropa de Diputados de la sesión convocada para el jueves, que iba a rechazar el DNU de los fondos reservados. Para ablandar al vicerrector
Intervino el gobernador Alfredo Cornejo, que le habilitó el ingreso de Lousteau en la bicameral, en reemplazo de la mendocina Mariana Juri. Villarruel tuvo que suscribir la resolución y convocar a la comisión, por indicación de Karina.
La pelea será minuto a minuto: si el martes el senador y el vicerrector de la UBA no quedan conformes con la elección de autoridades de la bicameral, el miércoles sus votos en Diputados serán decisivos para rechazar el DNU. La sesión fue convocada otra vez por el diputado Nicolás Massot (EF), enfrentado a la Casa Rosada, junto a la Coalición Cívica y siete radicales, referenciados en Facundo Manes.
El miércoles, la tropa de Lousteau hizo una martingala que expuso sus intenciones: no habilitó el cuarto intermedio que pidió Massot para no dejar caer la sesión pedida por el DNU, pero sí votaron el apartamiento del reglamento para incluirlo en la que se estaba desarrollando, que tuvo 135 votos y no prosperó, porque requería tres cuartos del recinto.
Enfrentado a la Casa Rosada, Massot está seguro de que este miércoles habrá cuórum para rechazar el DNU, que quedará anulado si es votado en contra por ambas cámaras, lo que obligaría a Milei a retirarle los $100 mil millones a la SIDE.
Tan confiado está el exjefe del bloque PRO que junto a Emilio Monzó se bajó de un viaje a Vaca Muerta para estar en la sesión. Creen que los 135 votos se repetirán, tal vez porque saben que el martes, en la reunión a puertas cerradas, la conformación de la bicameral no dejará a todos contentos.
A los diputados libertarios Beltrán Benedit y Guillermo Montenegro, organizadores del tour a la cárcel a Ezeiza para visitar a represores, entre ellos a Alfredo Astiz, aún no se les conoce la voz. No quisieron justificarse en la sesión del miércoles y tampoco lo harían en la reunión de comisión Peticiones, Poderes y Reglamentos, citada para el martes por su presidenta, la macrista Silvia Lospennato.
La diputada del PRO juega en tándem con Martín Menem para que el tiempo pase, sin dejar a su partido envuelto en la historia. Suspendió la reunión para este jueves y en la nueva convocatoria se aclara que será únicamente una jornada informativa de los proyectos presentados que proponen crear una comisión investigadora. O sea, no habilita que haya dictamen.
Hay dos iniciativas presentadas por UP: una del jefe Germán Martínez y la mayor parte de su bancada; y otra de Vanesa Siley y Martín Soria. Hay un tercer proyecto de Lourdes Arrieta, una de las libertarias que estuvo en Ezeiza y que hasta aparece en la foto con Astiz.
La mendocina se arrepintió de sumarse al tour y hasta pidió una investigación judicial. La otra molesta por haber subido a la combi es Rocío Bonacci, aunque expresó su bronca dentro del penal y se cuidó de no formar parte de las imágenes. La rosarina le avisó a sus pares que estará el martes en la comisión para denostar a Benedit y Montenegro, por haberla engañado con una invitación a una visita humanitaria, sin dar más detalles.
Bonacci contará que el represor Raúl Guglielminetti le dio un sobre papel madera al entrerriano que contenía el borrador de un proyecto para indultar a los represores. Menem no definió una estrategia de resistencia. Confía en el desinterés de la gente sobre el tema, tal como grafican las encuestas que le llegan.
El juez Lijo está ansioso por la audiencia que tendrá el miércoles en la comisión de Acuerdos del Senado en la que se tratará su candidatura a integrar la Corte Suprema. El dictamen no tiene plazo y la verdad está en el recinto, donde se necesitan dos tercios, una mayoría sólo posible con ayuda Unión por la Patria.
Lijo aceptó la oferta del ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona después de chequear los consensos posibles en la cámara alta y quedar conforme. En los últimos días empezó a inquietarse ante la falta de respaldos explícitos y llamó varias veces al jefe de UP del Senado, José Mayans.
Cristina Fernández de Kirchner le hizo un gesto a Lijo al pedirle a su tropa no hablar del tema y esperar la audiencia, en la que el magistrado deberá defenderse de 34 impugnaciones. Tiene un alegato preparado para cada acusación: se apartarará de las menciones a su hermano, Freddy, etiquetado como un turbio lobista judicial. Dirá que no hablan hace cinco años y que el caballo de carrera cuya propiedad comparten era del padre de ambos. El animal se convirtió en una fija en las jornadas de turf.
Sobre las dilaciones de la causas, Lijo se excusará en la cantidad de juzgados que subroga y en los plazos habituales de sus colegas para resolver los expedientes. En cuanto a las denuncias sobre enriquecimiento ilícito, el postulante a supremo se defenderá con que ninguna avanzó en Tribunales. "Si lo acusan a él, también deben hacerlo con los jueces que no lo condenaron", dicen en su entorno.
La campaña en contra de Lijo es feroz: el miércoles, en una jornada en el Senado sobre trata infantil, un hombre que se identificó como Roberto Mazzoni, que seguía las alocuciones desde una butaca, pidió la palabra y contó que denunció una red de trata en la que "están imputados Alejandro Roemmers, dueño del laboratorio Roemmers, el señor Matías Barreiro, directivo del club River Plate y dueño del Sanatorio Colegiales”. Dijo que la causa está en el juzgado de Lijo y que no se mueve. El relato golpeó en el interior de UP.
El lunes, el Senado volverá a abrirse para despotricar contra el candidato a juez supremo. María Eugenia Talerico, exsegunda de la UIF con Macri y socia de la ONG Será Justicia, liderará una jornada en el Salón Azul contra Lijo. Participará el senador oficialista Francisco Paoltroni, que no quiere votar al candidato del Gobierno. Tampoco lo acepta su compañero Juan Carlos Pagotto. Un dato: las actividades en la cámara alta contra Lijo las habilita Villarruel.
Hubo intentos fallidos en el bloque oficialista de explicarle a Milei que era mejor relevar a Lijo. "El Presidente está limpio y si los pliegos no avanzan no le preocupan demasiado", es la impresión de uno de los negociadores. Sospecha que el mandatario quiere una Corte acéfala y, en tal caso, abrir la negociación para su ampliación. Lo que sea para que ya no la controle Horacio Rosatti, Juan Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda, a quien Milei quiere jubilar en diciembre.
El proyecto de movilidad jubilatoria es parte de una nueva guerra fría entre Milei y Villarruel, quien se negó a citar a sesión para el último jueves y lo haría para el próximo, a pesar de no tener los votos garantizados para aprobar las modificaciones que pide el Gobierno.
En la reunión de comisión, hace quince días, los radicales Lousteau y Pablo Blanco firmaron el dictamen del proyecto de Diputados, que también quiere votar en el recinto su correligionario Maximiliano Abad. Otro que suscribió ese despacho fue el santacruceño José María Carambia, socio de Natalia Gadano.
Si los 33 de UP mantienen el respaldo a la reforma aprobada en Diputados, sobrarían los votos para sancionarla. A su vez, los partidos provinciales -que frizaron por ahora la idea de hacer un bloque- no quieren ser acusados de golpear a los jubilados y por eso le proponen al Gobierno estirar la discusión. "Milei tiene ganas de vetarla rápido, pero Villarruel no quiere poner la cara en la derrota", explican desde una fuerza local.
La propuesta oficial es sostener el 8,1% de aumento, pero sin la retroactividad a abril. También piden eliminar tres artículos del proyecto: el piso mínimo (1,09% canasta básica), suba anual por salarios (un 50% del aumento real) y la asistencia a las cajas jubilatorias provinciales. Los gobernadores radicales Cornejo, Gustavo Valdés (Corrientes) y Leandro Zdero (Chaco) aceptaron borrar estos temas, confiados en recibir otros apoyos financieros de la Casa Rosada.
Villarruel intentará evitar la sanción, pero, si se produce, tiene una carta para el festejo: que sea con menos de dos tercios y, de esa manera, el rechazo al veto no sea posible en la cámara alta. En Diputados no pasó eso. Guillermo Francos también quiere sancionar el jueves la reforma electoral, para implementar la boleta única, trabada por la resistencia de los partidos provinciales a que haya un casillero para votar boleta completa. El jefe de Gabinete envió un borrador con posibles modificaciones.
La vicepresidenta mira la negociación desde afuera: no le agrada recibir los goles de los temas que no pueden detenerse en la cámara baja. El próximo será el aumento del presupuesto universitario. Es lo que le toca.