El Ejecutivo retiene los pliegos de 278 jueces y fiscales. Lo denunciarán en Tribunales. Por ahora, la negociación en el Senado sigue congelada.
Javier Milei lo hizo. En un hecho inédito, tras una larga historia de desencuentros ideológicos, cuatro entidades que reúnen a abogados de todo el país acordaron que denunciarán al Presidente ante la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal en caso de no avance con el envío de los casi 300 pliegos pendientes para cubrir vacantes en el Poder Judicial.
El Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF), la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA), el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y la Asociación de Abogados de Buenos Aires (AABA) dieron el primer paso el 3 de septiembre, cuando presentaron un reclamo administrativo en la Casa Rosada dirigido contra Milei para que “dé cumplimiento a la manda constitucional del artículo 99, inciso 4” en la que se establece la obligación del presidente de remitir al Senado los pliegos para la cobertura de cargos judiciales y del Ministerio Público vacantes, tanto federales como nacionales.
El escrito lleva las firmas de los titulares de cada entidad, Ricardo Gil Lavedra (CPACF), Rosalía Silvestre (Colegio de Abogados de la Ciudad), Raúl Aguirre Saravia (FACA) y Juan Pablo Zanetta (AABA), que se unieron por primera vez para hacer un reclamo común. El escrito destaca que, desde el comienzo del mandato de Milei “no ha sido remitido ni un solo pliego al Senado” y “peor aún” fueron retirados “los pliegos que oportunamente había enviado el anterior Presidente de la Nación”, Alberto Fernández.
El detalle curioso que incluye el documento es la cita al discurso del Presidente en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso del 1 de marzo de este año, cuando aseguró que la Justicia no iba “a funcionar correctamente hasta que la política” se decidiera “a dejar de politizar los nombramientos de los jueces, fiscales y defensores públicos”.
“Tenemos la intención de avanzar en el envío de los pliegos de todos los cargos vacantes de la justicia federal, incluidos el procurador general, el defensor general, el defensor del Pueblo, todos los juzgados federales, todas las fiscalías y todos los defensores públicos que hoy faltan designar, que son alrededor del 40% de los magistrados de la justicia federal”, dijo Milei.
Sin embargo, el Ejecutivo no envió ningún pliego. La demora tiene una explicación: la Casa Rosada decidió esperar para reabrir la negociación con la oposición una vez que se conozca cómo quedará integrado el Senado, después de las elecciones del 26 de octubre. La Libertad Avanza espera crecer en número de bancas para poder plantarse con mayor fortaleza frente al peronismo, que hoy tiene 34 integrantes y capacidad para bloquear cualquier nombramiento.
Según marcan las encuestas, es posible que el bloque de Unión por la Patria (UP) se achique a partir de diciembre, aunque casi con seguridad retendrá el tercio que le permitirá bloquear designaciones como las de los jueces de la Corte Suprema.
En noviembre de 2024, el secretario de Justicia, Sebastián Amerio, anunció en conferencia de prensa el envío al Senado de 150 pliegos de jueces, fiscales y defensores para cubrir vacantes del Poder Judicial. Esa comunicación se interpretó como la apertura de una negociación en paquete, acorde a lo que pedía el peronismo, que incluía a los jueces de la Corte y al procurador general.
Aquel anuncio quedó en la nada y todo terminó de naufragar cuando, a fines de febrero, Milei decidió nombrar por decreto “en comisión” a Ariel Lijo y Manuel García Mansilla para ocupar dos lugares vacantes en la Corte. Los nombramientos durarpon poco. A principios de abril, el Senado volteó los dos pliegos en el recinto. Fue un hecho inédito en la historia. A eso se sumó otro factor que metió ruido en los diálogos, al saberse que Karina Milei tiene en la mira a Amerio, que responde a Santiago Caputo. Buscaría desplazarlo después de las elecciones.
Desde entonces, las negociaciones por el resto de las vacantes de la Justicia quedaron congeladas. El 3 de abril, los abogados presentaron el reclamo administrativo ante la Casa Rosada. Fue un hecho inédito en la relación entre el Colegio Público de la Capital Federal - fundado en 1985- y el Colegio ubicado en calle Montevideo, de tradición conservadora. Un día antes, se habían unido en un comunicado para repudiar la pretendida censura del gobierno de Milei a la difusión de audios que involucraban a Karina Milei, quien presentó un amparo. Son señales que dan cuenta de una preocupación compartida sobre el funcionamiento de las instituciones y la democracia.
En el escrito, los titulares de las instituciones le recordaron al Presidente que su accionar “no puede ser considerado un acto de voluntarismo, ya que muy por el contrario es un deber constitucional”. “No debe tener intención de avanzar en el envío de los pliegos, debe remitirlos”, dice.
La presentación intima a Milei a que remita al Senado los pliegos de los cargos vacantes. El plazo administrativo comenzó a correr el 4 de septiembre y tiene por delante 60 días hábiles. Las cuatro entidades ya acordaron que, una vez vencido el tiempo, denunciarán al Presidente ante la Justicia en lo Contencioso Administrativo por incumplimiento de los deberes de funcionario público, por omisión de funciones. Antes, también podrían presentar un amparo. Buscarán apurar los tiempos de la negociación política.