Sin respuesta oficial, autoconvocados de las fuerzas de seguridad amenazan con hacer escalar el conflicto. Los límites del congelamiento salarial.
Claudio Vidal, gobernador de Santa Cruz, enfrenta una situación de máxima tensión.
El gobierno de Santa Cruz no respondió al plazo que policías y penitenciarios autoconvocados le impusieron para convocar de forma urgente la apertura de paritarias. La decisión de la administración de Claudio Vidal de planchar los salarios de los estatales durante 2026 empieza a encender alarmas en un territorio con antecedentes de conflictividad.
Los ecos de la crisis policial en Santa Fe comienzan a escucharse en el sur de la Patagonia, donde efectivos en actividad y retirados de las fuerzas de seguridad elevaron un petitorio en el que entre otros puntos reclamaron una actualización “real y efectiva” en sus haberes y una silla en el Consejo del Salario. El plazo de 72 horas estipulado para recibir una respuesta formal se cumplió anoche y se espera que este jueves se definan las acciones a tomar.
El pedido de los uniformados converge con el del Frente Sindical, integrado por los principales gremios de Santa Cruz, que rechazan de lleno la “paritaria cero” que propuso la provincia para todo el año. La situación pone en aprietos al gobierno del distrito en el que más crece el desempleo, aquejado por el recorte de fondos coparticipables y la caída de la recaudación por disminución de la actividad económica.
Cumplido el plazo para recibir una respuesta oficial, ahora sigue una reunión en Río Gallegos -y vía zoom con otras localidades- en la que policías provinciales y agentes del servicio penitenciario plantearán los pasos a seguir, según le dijo a Letra P Ramón Quipildor, el excomisario que conduce desde el año pasado al “movimiento de autoconvocados”.
En el escrito dirigido al gobernador Vidal, los miembros de ambas fuerzas se manifestaron en estado de alerta permanente y se reservaron el derecho de adoptar “medidas de acción directa en caso de no obtener una respuesta concreta y satisfactoria”.
En su presentación, el grupo que asegura tener presencia en todo el territorio santacruceño solicitó una recomposición salarial que establezca un piso mínimo 3.800.000 pesos netos.
También reclamó el pago del 100% de viáticos, el pago de horas extras, trabajo en días feriados, fines de semana y nocturnidad, y el reconocimiento y pago de un adicional por insalubridad en atención a las “situaciones permanentes y riesgosas” en las que las fuerzas llevan adelante sus funciones.
El sector además solicitó que se lo incluya en la mesa del Consejo del Salario, a los fines de representar a los “efectivos, activos, pasivos y pensionados, que no son ni se sienten representados por los órganos de representación actuales”.
Al pedido de los autoconvocados le siguió una carta que la Asociación Civil Policial de Santa Cruz le envió al ministro de Seguridad, Pedro Prodomo, en la que solicita el llamado a paritarias para actualizar los sueldos en función de los datos inflacionarios, acorde al “creciente aumento de la canasta alimentaria patagónica”.
Los planteos marcan un corrimiento poco usual de las fuerzas de seguridad hacia una lógica sindical, un terreno históricamente sensible para los gobiernos provinciales.
El escrito firmado por Quipildor refiere a una realidad que resulta “totalmente insostenible”, con sueldos “muy por debajo de la línea de la pobreza”, lo que vulnera derechos laborales básicos de trabajadores que arriesgan día a día “sus propias vidas e integridad psicofísica para garantizar la seguridad de los vecinos santacruceños”.
El planteo se basa en un estudio realizado en 2024 y 2025 según el cual la policía perdió un 67% del poder adquisitivo, lo que puso a los miembros de las dos fuerzas y a sus familias en una “situación de emergencia, en donde no se alcanzan a cubrir las necesidades básicas necesarias para subsistir”.
Hoy en día, precisó el excomisario, el sueldo de un agente ronda los $1.100.000, mientras que un sargento percibe $1.600.000 mensuales. Por los elevados costos de vida en Santa Cruz, hay gremios que no toman como referencia la canasta básica del INDEC, sino la que elabora el Observatorio de Economía de la Universidad San Juan Bosco, que en diciembre rozó los 1.700.000 pesos.
El reclamo salarial convive con un malestar más profundo, que atraviesa condiciones laborales. El dirigente planteó a este medio la necesidad de que se consideren la situación de “abusos y violaciones” que sufren las mujeres de las fuerzas por parte de superiores y los “perjuicios en la salud mental” que derivan de la exposición a situaciones de violencia y de estrés propios de un oficio que muchas veces se realiza en situaciones de alto riesgo y fuerte carga emocional.
El reclamo policial es otra arista de un conflicto con los trabajadores estatales que no parece tener solución en el horizonte cercano y que, todo indica, tensará cada vez más la relación con el gobierno provincial.
Recientemente el ministerio de Economía local publicó la resolución 030, que limita "las cuotas de pago a las pautas salariales aprobadas hasta el 31 de agosto de 2025”. La decisión fue ratificada por el titular de esa cartera, Ezequiel Verbes, quien confirmó que el gobierno no prevé aumentar los sueldos públicos durante este 2026.
La medida, según explicó, se basa en la situación financiera que atraviesa Santa Cruz, marcada por la baja de la coparticipación nacional, el déficit fiscal y la caída de la recaudación por disminución de la actividad económica.
En un escenario nacional de caída generalizada del empleo privado formal, los números de Santa Cruz sobresalen por sus valores negativos. Según datos publicados por la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, entre noviembre de 2024 y el mismo mes de 2025 la provincia patagónica sufrió una caída del 10,8%.
El derrumbe se viene dando desde el retiro de YPF de la provincia y la paralización de las represas Cepernic y Néstor Kirchner, a finales de 2023.
En ese escenario, el gobierno parece no poder dar respuesta a los reclamos generalizados que van desde el sindicato de docentes ADOSAC, que avisó que sin aumento salarial no comenzarán las clases, hasta los jueces del Tribunal Superior de Justicia, que recientemente se aumentaron los haberes y ahora reclaman una ampliación para completar el pago de los sueldos de enero.
Con una economía en retroceso y sin margen fiscal para otorgar aumentos, Vidal enfrenta un escenario de alta sensibilidad: policías, docentes y estatales empujan desde abajo mientras la estrategia oficial apuesta a resistir sin paritarias. En Santa Cruz, donde la calle suele marcar el pulso de la política, la paritaria cero empieza a parecer una apuesta riesgosa.