Obtuvo 42 votos a favor y 30 en contra. Le hicieron 30 modificaciones. Protege la cuota sindical y Mercado Libre no podrá pagar sueldos. Ganancias, ¡afuera!
Patricia Bullrich.
Patricia Bullrich cedió hasta el final y obtuvo su triunfo: en la madrugada de este jueves, el Senado aprobó la reforma laboral, que contempla una fuerte flexibilización de los convenios colectivos, límites a los juicios y facilidades para aplicar despidos.
La reforma, que pasa a la Cámara de Diputados para su eventual sanción, tuvo 42 votos a favor, cinco más que la mayoría simple necesaria para su aprobación. El oficialismo contó con el respaldo de la UCR, el PRO, Provincias Unidas y partidos provinciales de Misiones, Salta, Neuquén, Chubut y Tucumán. Hubo 30 rechazos: 28 miembros del peronismo -interbloque populares- y la dupla de Santa Cruz compuesta por José María Carambia y Natalia Gadano.
La votación fue seguida desde los palcos por la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, el ministro Diego Santilli (Interior) y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. "Les damos la bienvenida", los recibió Victoria Villarruel, quien luego no se quedó para las tres horas que duró la consideración de los 26 capítulos.
Para lograr la aprobación del proyecto, Bullrich jugó a todo o nada. Cerró un acuerdo con la CGT, que tuvo poca presencia en la protesta callejera realizada al inicio de la sesión y reescribió artículos hasta minutos antes de la votación.
Sin instrucciones de la Casa Rosada, la senadora pactó además con sectores que la versión original del proyecto intentaba golpear, por orden del ministro Modernización y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
No perderán ingresos las cámaras empresariales, que podrán retener aportes. Los bancos lograron tener exclusividad en la liquidación de sueldos: falló el intento de Marcos Galperín para sumar a Mercado Pago. Como había anunciado Bullrich el martes, los gobernadores no sufrirán pérdida de coparticipación porque no se tocará el Impuesto a las Ganancias, como pretendía el proyecto original.
La jefa de LLA tejió un acuerdo para no perder ningún artículo. Por caso, la dupla de Santa Cruz, que votó en contra en general, ayudó a aprobar varios capítulos. Uno fue el dos, que era el más polémico porque crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) con aporte de ANSES, destinado a financiar despidos. Se aprobó con 41 votos y fue rechazado por tres aliados del oficialismo: el radical Maximiliano Abad, la cordobesa Alejandra Vigo (Provincias Unidas) y Flavia Royón (Salta).
Este capítulo estuvo cerca de caerse: fue necesaria una gestión de Diego Santilli con la UCR y con el gobernador Rolando Figueroa (Neuquén), que aportó el voto decisivo de Julieta Corroza. El jefe radical Eduardo Vischi logró no perder más radicales.
La CGT no se hizo sentir en la marcha de Plaza de los Congreso (donde se registraron incidentes), pero estuvo presente en la rosca del articulado, con fuerte influencia en los partidos provinciales, aliados claves de Bullrich para alcanzar la mayoría. En el anuncio de este martes, la exministra había anticipado que no se reduciría de 6 a 5 por ciento de los salarios el aporte a las obras sociales. Eso quedó afuera.
La única restricción gremial que se mantiene es la de hacer huelgas en servicios esenciales, como educación y comunicaciones, que sólo podrían paralizar parcialmente sus actividades.
Bullrich también había anticipado que la cuota sindical compulsiva no se eliminaría y las empresas podrían seguir siendo agentes de retención, pero el borrador que circuló tenía límites: sólo se podía cobrar 2% de los salarios y en dos años se eliminaba el sistema.
A último momento se decidió borrar el plazo, por lo que seguirá vigente este aporte compulsivo que cobran los gremios, el mayor ingreso que reciben. El cambio ocasionó una queja en el recinto del titular del PRO, Enrique Goerling Lara. La explicación de fuentes de LLA es que, sin una predicción de los ingresos, los gremios podrían perder activos, como hoteles y predios. Semejante nivel de detalle sólo pudo ser posible por un diálogo entre Bullrich y los gremios.
También podrán seguir reteniendo aportes para su funcionamiento las cámaras empresariales, aunque sólo un 0,5%. Con esas correcciones, Bullrich se aseguró el voto de aliados como Corroza y Royón, aunque la neuquina luego se abstuvo en el capítulo 1, según dijo, para proteger los empleos de Vaca Muerta.
No fue el único premio que recibieron los gremios sobre la hora: los estatutos profesionales seguirán vigentes un año. Incluye el del periodista. Fue el último capítulo y el que menos votos obtuvo: 38 a favor y 31 en contra. Este apartado incluye la eliminación del financiamiento del Incca a partir del 1 de enero de 2028.
“Se han arrodillado ante la caja de los gobernadores, ante los bancos y ante la CGT, y lo único que hacen con esta ley es manotearles la plata a los jubilados y la dignidad a los trabajadores”, atacó en su discurso la kirchnerista Anabel Fernández Sagasti, indignada por tanta rosca ajena.
El PRO no podía desmarcarse demasiado del acuerdo, porque el proyecto sumó un convenio con el traspaso de la justicia nacional laboral a la Ciudad, que curiosamente fue resistido por Villarruel, quien hasta invitó a jueces federales al Senado a resistir. Nadie los recibió.
La idea de eliminar los estatutos buscaba igualar condiciones de indemnización, uno de los objetivos de la reforma. Para que el costo de los empleadores sea menor, el proyecto las limita al pago de un sueldo por año, sin extras (vacaciones, aguinaldo), que suelen engrosar la suma final. Además, se actualizará por IPC más 3%. “No pusimos un tope, como Uruguay”, destacó Bullrich.
En su discurso de cierre, la jefa de LLA justificó el FAL, el aspecto más polémico del proyecto. “Lo necesitamos porque todas las empresas tienen un pasivo contingente que no saben cuánto es”, explicó.
Este fragmento tuvo retoques hasta último momento. Inicialmente será mayormente el aporte para pymes, que lo nutrirán con el 2,5 de los fondos que giran a ANSES; mientras que para las grandes será del 1%. Luego podrá igualarse en 1,5%.
Un agregado de último momento es que el FAL, que podrá ser administrado por agentes privados regulados por la Comisión Nacional de Valores, deberá ser validado por la comisión bicameral de fondos de seguridad social.
Los cambios no convencieron a todos los aliados.“No me parece correcto que socialicemos el riesgo empresario”, sostuvo Royón. El peronismo propuso modificaciones en este y otros capítulos, pero no fueron aceptadas.
“Este es un incentivo a los despidos. Es contradictorio con los objetivos”, protestó Jorge Capitanich, quien sostuvo que el costo fiscal estimado es de 4300 millones de dólares.
El empoderamiento al empleador tiene otros detalles, como la posibilidad de pagar menos salario ante accidentes laborales que no sucedan en áreas de trabajo. Se crean además nuevas categoría laborales para el sector de las plataformas, que permitan el trabajo sin relación de dependencia.
El eje de la reforma son los cambios en las relaciones laborales, que quedaron con la letra gruesa del proyecto. De convertirse en ley, las jornadas laborales serán flexibles, con chances de que haya un banco de horas (con un máximo de 12 por día) y vacaciones (pueden ser fraccionadas); un Régimen de Incentivo a la Formación Laboral (RIFL) y nuevas reglas para la junta médica, que deberán funcionar en instituciones.
Se creará un registro de inversiones productivas, para premiar aportes en tecnología y expansión. Los convenios colectivos podrían ser por región o empresa, con salarios dinámicos, según lo acordado por el empleador. Bullrich impuso su idea de que haya una orden de prelación al convenio de menor volumen. "Es algo revolucionario", celebró.
La jefa de La Liberad Avanza en el Senado admitió que este cambio le costó, porque a la resistencia gremial se sumó la de las propias empresas. Es que algunas no quieren abrir el juego gremial y prefieren el convenio central, por temor a las revueltas en las comisiones internas.
El proyecto aprobado sostiene la eliminación de la ultraactividad, como se denomina a la prolongación de un convenio ante la falta de un acuerdo. “Eso es no querer negociar. Hay convenios que están hace 50 años”, protestó Bullrich y cuestionó la convivencia entre las compañías y los sonidos tradicionales.
“Las empresas quieren paz social porque le tienen miedo a la izquierda. No hay que temer, siempre que hay dos gremios, tiene más afiliados el más razonable. Pasa con UPCN y ATE en el Estado”, ejemplificó la senadora.
La discusión duró 14 horas aun con las cartas echadas de la votación. Casi todos los peronistas hablaron igual. "¿Cuál es el problema que tiene la República Argentina? ¿Los trabajadores? No. El problema que tiene Argentina es el plan económico del Gobierno y que tienen unos economistas que están dedicados a la usura", cerró el jefe del PJ, José Mayans.
Otra voz crítica al proyecto fue de Carambia, que luego votó varios artículos. "¿Dónde hay más informalidad? En las microempresas, de 1 a 5 trabajadores; ahí llega hasta el 80% de trabajadores en negro; en las PyMEs, de 5 a 20 empleados, llega a 45%”, explicó.
“No se hace un blanqueamiento porque Argentina es uno de los países más caros en cargas sociales. Hay que hacer una norma expresa para las microempresas y las PyMEs”, cerró el santacurceño.