El levantamiento con epicentro en Rosario actualiza los desafíos del gremialismo blue con arma y chaleco, mientras crujen los derechos laborales. Piedra o bala.
El motín policial en Santa Fe, otra secuela de la larga saga de paritarias armadas.
El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, debió otorgar un aumento salarial de casi el 50% a la policía provincial para sofocar el alzamiento de uniformados que cortaron la calle con armas, chalecos y patrulleros en Rosario durante dos días. Fue en la tardenoche de este miércoles, mientras el Senado debatía la reforma laboral de Javier Milei.
El motín policial que tuvo en vilo a Santa Fe fue otro episodio de la inquietante saga de paritarias a punta de pistola cuyo antecedente más próximo es el levantamiento de efectivos ocurrido en Misiones a comienzos de 2024, que se extendió durante dos semanas.
En la misma lista restallan dos antecedentes de alto impacto. En septiembre de 2020, la Policía bonaerense sitió la gobernación y la Quinta de Olivos en demanda de mejoras salariales y la solución llegó con una transferencia extraordinaria de fondos nacionales que Alberto Fernández le derivó a su compañero peronista Axel Kicillof.
En diciembre de 2013, una huelga de esposas de policías de Córdoba que reclamaban mejores condiciones laborales y salariales siguió con un acuartelamiento de las fuerzas y dos días de saqueos, robos y desmadres en toda la provincia. La entonces compañera presidenta Cristina Fernández de Kirchner se negó a enviar a la Gendarmería. Aquella fecha se recuerda como el inicio del antikirchnerismo en la provincia mediterránea. El mandatario peronista José Manuel de la Sota se vio obligado a convalidar los reclamos salariales metiendo la mano en las arcas propias.
Como aquellas veces, aunque en otro contexto, ahora el radical Pullaro debió ceder para garantizar la seguridad y el patrullaje en las calles de su provincia, en especial en Rosario, azotada por el crimen durante años y con índices de homicidios en franco descenso desde comienzos de 2024.
La enumeración subraya la insuficiencia del marco legal vigente para las mal llamadas paritarias policiales. El debate jurídico es añejo. Tiene impulsores y detractores de un modelo sindical específico para las fuerzas de seguridad. En todos los casos, se repite una constante: los conflictos se cocinan a fuego lento. Sin canal de expresión, las quejas por las condiciones laborales se acumulan y estallan luego de meses. En la escasez crónica, los gobiernos parecen dejar para el final el reclamo del único gremio estatal que no tiene representación ni legitimidad para la acción sindical.
En términos políticos, el dato que deja el nuevo alzamiento se recorta en dos dimensiones, mientras el Congreso le hace pelo y barba al histórico modelo sindical parido por el peronismo de la mano de las huestes del Presidente y sus aliados.
Desde 1983, cada episodio de insurgencia protagonizado por personal uniformado generó escozor, pero no a todo el mundo le pica en el mismo rincón con el paso del tiempo y de la política.
A grandes rasgos, durante las dos primeras décadas de la demoracia recuperada tras la última dictadura, el principal temor era la insubordinación de efectivos armados ante la autoridad civil. En las dos décadas siguientes y en especial en los últimos años, el pánico se dispara cuando la calle se transforma en zona liberada. La inseguridad en su máxima expresión.
El cambio de época explica entonces por qué, en la intersección de esas dos coordenadas, las autoridades elegidas por el voto popular prefieren pagar el costo político de salir derrotadas de un conflicto que implica un desafío a su poder de mando antes que perder el control de la calle que suponen los brazos caídos de la fuerza policial. “Fue un reclamo justo y genuino”, dijo el gobierno de Santa Fe tras el motín policial.
"Los buenos son los de azul", simplificó Milei alguna vez. No era una ocurrencia suya.
La sentencia del Presidente se resignifica cuando las fuerzas de seguridad reprimen las protestas callejeras rompiendo protocolos y vulnerando derechos. Mucho más, cuando el monopolio de la fuerza en manos del Estado se transforma en una suerte de violenta intervención performática para dividir el mundo entre buenos y malos, como ocurre semanalmente y ocurrió este miércoles en la Plaza de los dos Congresos.
Equiparar a un puñado de tirapiedras con un escuadrón profesional armado hasta los dientes es una remake berreta de la teoría de los dos demonios. Parece una obviedad, pero el público se renueva.
Mientras unos azules "protestaban" armados en Rosario y otros disparaban balas de goma en Congreso, el Senado empezaba a desplumar el andamiaje que protegía los derechos laborales en la Argentina habilitando delicias como la flexibilización de la jornada de trabajo, el pago de salarios en especies y la limitación del derecho de huelga.
Algunas de esas plagas que contiene la reforma laboral seguramente no son novedad para el personal policial ni tampoco para el inmenso precariado que alimenta la fuerza de trabajo en el país. Pretender que esa desgracia desaparecerá galvanizándola con la fuerza de la ley es un cinismo que define de manera implacable a quienes lo sostienen.
En la era del todos contra todos, hay sectores que tienen más armas que otros para pelear. Se vio este miércoles en Rosario y en el Congreso. Se verá en la calle. Coming soon.