El empresariado prioriza la modernización de la normativa por sobre el costo fiscal. “En todo caso, deberá seguir achicándose el gasto público”, apuntan.
Rogelio Frigerio junto a representantes de la UIER y el Consejo Empresario. El Círculo Rojo de Entre Ríos se entusiasma con la reforma laboral.
El Círculo Rojo de Entre Ríos ya tomó postura y es unánime: apuesta un pleno a la reforma laboral que impulsa Javier Milei. Ve con buenos ojos sobre todo la actualización de leyes laborales y la baja en las alícuotas del impuesto a las Ganancias.
Sobre el costo fiscal que pagarían las provincias por esa modificación, el empresariado entrerriano asegura que podría subsanarse con más ajuste del gasto público.
El texto de la normativa será tratado en febrero en el Congreso. Mientras tanto, al interior de las cámaras empresariales de la provincia circulan algunos análisis y posicionamientos. En general, el empresariado está entusiasmado, con expectativas. Hay cautela sobre cómo será el documento final que se apruebe y, especialmente, qué efecto real tendrá en la práctica para la creación de nuevos empleos.
Referentes de la Unión Industrial de Entre Ríos (UIER) confirmaron a Letra P que la entidad local coincide con el posicionamiento que la casa matriz ya tomó sobre la reforma. Sin sorpresas, recalcan la necesidad de una modernización de las leyes y miran con buenos ojos “todo lo que sea baja de impuestos”.
La filial entrerriana adhirió al Decálogo del Nuevo Contrato Productivo que la UIA hizo público. Allí se especifican las demandas del sector y se enfatiza la necesidad de una modernización laboral. “Es imprescindible adaptar la legislación laboral a los desafíos del siglo XXI, reducir la litigiosidad, disminuir las cargas no salariales, promover la formalización y favorecer el aumento de la productividad interna de las empresas, dentro del marco del respeto a los derechos de los trabajadores”, sostiene uno de los diez puntos.
En los debates internos de Entre Ríos, la reforma laboral se quiere para enfrentar las principales preocupaciones de las empresas: bajar los costos no salariales de crear empleo registrado; disminuir la litigiosidad laboral que, aseguran, es una gran preocupación; y volver a generar puestos de trabajo registrados, un desafío que vienen planteando hace varios años.
Como contó Letra P hace unos días, el costo fiscal que pagarían las provincias fue una advertencia que llegó de la mano del peronismo. Entre otros, Guillermo Michel y Adán Bahl puntualizaron que para Entre Ríos ese costo ascendería a $80.000 millones de pesos. Un informe del IARAF lo estimó en alrededor de $53.000 millones.
En cualquier caso, a priori, la baja de recursos para las arcas entrerrianas no es algo que preocupe a las empresas. El análisis se ciñe a la baja de Ganancias y, en todo caso, si hay una reducción de recursos coparticipables, el sector privado en general sugiere más ajuste del gasto público.
El Consejo Empresario de Entre Ríos (CEER), como la mayoría del sector privado, plantea “la necesidad de que se aggiornen las instituciones y, entre ellas, las leyes y la práctica laboral”. “Hay aspectos de la norma actual y la práctica judicial que desincentivan la creación de puestos de trabajo”, insisten.
La entidad nuclea a empresas provenientes de diversos sectores productivos y de distinto tamaño, como la industria (papel, plástico, alimentos, madera, metalmecánica, construcción, minería, amoblamientos), la agroindustria (lácteas, avícola), el comercio, los servicios (turísticos, financieros, bancarios, salud, telecomunicaciones, transporte, seguros y portuario), y la actividad agropecuaria (ganadera, cerealera).
Entienden a la reforma laboral como el primer movimiento hacia un ciclo más profundo al que debe ir la Argentina. “Si queremos salir a competir a un mundo que corre al ritmo de grandes países de Asia o Estados Unidos, tenemos que estar en forma”, declaró un vocero ante Letra P.
En el CEER usan la metáfora fit para explicar su defensa de “cualquier reducción impositiva”. “Con la macro hacia la que estamos yendo, el sector público también tiene que ponerse en forma. Desde las empresas tenemos que trabajar en las líneas de costos para optimizar recursos y el Estado tiene que hacer lo mismo. Debería ser una buena noticia la reducción de los ingresos fiscales si estos van a quedar en el sector privado, porque así se distribuyen equitativamente y le llegan al trabajador”, razonaron.
En el empresariado comparten la expectativa de que todas las fuerzas políticas acompañen el proyecto. Esperan que estén “a la altura de sancionar reformas que mejoren la calidad del trabajo y la generación de empleo” y señalan a los gremios como responsables de un “sobrecosto”. “Necesitamos sacar la intermediación en relaciones que generan sobrecostos y no generan valor. Es parte de la modernización”, aseguraron.