El gobernador propuso dos candidatos afines para completar el máximo tribunal provincial y reforzar una mayoría amigable. Perfiles y el debate que viene.
Gustavo Sáenz moldea la Corte de Salta para blindar en la Justicia la chance de una re-reelección
Las postulaciones de Martín Ignacio Plaza y Jorge Martín Diez Villa para integrar la Corte de Justicia de Salta activaron el proceso constitucional y reabrieron el debate sobre el equilibrio de poderes. En un escenario que empieza a proyectarse hacia 2027, la integración del máximo tribunal aparece como una pieza clave del esquema político del gobernador Gustavo Sáenz.
El Ejecutivo salteño dio este lunes un paso decisivo en la reconfiguración del máximo tribunal provincial y, a través de dos decretos, inició formalmente el procedimiento para la postulación de Plaza y Diez Villa como jueces de la Corte de Justicia. El objetivo es cubrir las vacantes que dejaron Ernesto Samsón y Guillermo Catalano tras la finalización de sus mandatos a fines de 2025.
La decisión, que en términos formales se ajusta a lo establecido por el artículo 156 de la Constitución provincial y por la Ley 8.311, abre ahora una etapa de participación ciudadana, análisis de antecedentes y posterior tratamiento legislativo en el Senado. El movimiento excede largamente el plano técnico o administrativo.
El dato político central no está en el procedimiento, sino en los nombres. Plaza y Diez Villa no son figuras ajenas al entramado de poder construido por Sáenz desde su llegada al Ejecutivo en 2019. Por el contrario, ambos expresan perfiles que dialogan de manera directa con el proyecto político del oficialismo provincial, que dentro de dos años puede encontrar una ventana jurídica para intentar estirar su estadía en el poder hasta 2031.
Como ya explicó este medio, Sáenz se enfrenta a la posibilidad de pelear por un tercer periodo en 2027, luego de haber impulsado una reforma constitucional que limitó la reelección a un solo mandato. El gobernador ya va por el segundo. Lo cierto es que aquella enmienda también dejó zonas de interpretación que, llegado el caso, podrían derivar en debates jurídicos de alto impacto. En ese marco, la composición de la Corte aparece como una pieza central del tablero institucional.
En los pasillos del poder, ya se refuerza que el oficialismo avanza en la cobertura de vacantes clave, ordena el esquema judicial y reduce márgenes de incertidumbre en uno de los poderes del Estado, ante lo que podrían ser eventuales controversias futuras.
Plaza es abogado especializado en Derecho Administrativo y Derecho Público, con formación de posgrado en la Universidad Austral y una extensa trayectoria en la función pública. Se desempeñó como asesor y funcionario en el Senado en la década del 90, en los ministerios de Defensa y de Seguridad a partir de 2011 y en la Auditoría General de la Nación. Fue Procurador General de la Municipalidad de Salta y, hasta hace poco, director de la Casa de Salta en Buenos Aires. De perfil bajo, pero con un vínculo estrecho con el gobernador, su candidatura había comenzado a circular con fuerza desde diciembre, cuando distintos medios anticiparon que su nombre estaba en carpeta para la Corte.
Por su parte, Diez Villa es abogado y escribano, con una carrera consolidada en el ámbito del derecho penal. Actual Defensor General de la provincia, asumió ese cargo en agosto de 2022 y, en abril de 2023, fue designado vicepresidente del Consejo de la Magistratura, un organismo central en la estructura judicial salteña, encargado de la selección y remoción de magistrados inferiores. Su recorrido institucional lo posiciona como una figura clave dentro del sistema judicial construido tras la reforma constitucional de 1998.
La combinación de ambos perfiles -uno fuertemente ligado al derecho público y a la gestión estatal; el otro, al Ministerio Público y al fuero penal- le permite al Ejecutivo avanzar hacia la integración plena de la Corte, prevista con nueve sillas. Al mismo tiempo, consolida una mayoría con sintonía política con el oficialismo. Vale destacar que el máximo tribunal ha tenido históricamente un peso determinante en la resolución de conflictos electorales, institucionales y constitucionales, por lo que cada designación adquiere un valor estratégico.
El proceso que ahora se inicia ofrecerá una instancia formal de discusión, pero la dimensión política ya está planteada. La renovación de la Corte de Justicia no sólo busca completar su integración, sino también consolidar un equilibrio de poder acorde a la etapa que atraviesa el gobierno provincial.
No obstante, la oposición, que hoy asume de manera indiscutida La Libertad Avanza, no ha emitido comentarios públicos al respecto.
Así, mientras el Senado se prepara para analizar los pliegos de Plaza y Diez Villa, la atención política vuelve a posarse sobre la Justicia. No sólo por la evaluación de los candidatos, sino por lo que estas decisiones pueden anticipar sobre el rumbo institucional de la provincia y sobre los movimientos del oficialismo de cara al futuro.