El empresariado y el campo miran de cerca el debate. Con la gira de Santilli con gobernadores en marcha, aún no hay definiciones de un encuentro con Pullaro.
El empresariado de Santa Fe mira de cerca la reforma laboral propuesta por el gobierno nacional.
El debate por la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional atraviesa hoy no solo el Congreso sino también un entramado productivo exigente, que desde Santa Fe articula demandas propias desde el campo, el comercio y la industria. Sin novedades en el frente ante un posible encuentro con Maximiliano Pullaro, los sectores, con reclamos, miran de cerca un tema clave.
A contramano del optimismo con que la Casa Rosada busca cerrar consensos con gobernadores para avanzar con el proyecto en las sesiones extraordinarias, diversos sectores productivos santafesinos delinean una “hoja de ruta” que va mucho más allá de un simple acompañamiento legislativo, apelando a la previsibilidad jurídica, la equidad en los costos laborales y la reducción de la litigiosidad como principal punto de discusión.
Con la gira del ministro de Interior Diego Santilli en marcha, el objetivo del encuentro con mandatarios provinciales consta de “pulir” la reforma laboral ante resistencias internas del propio oficialismo y de algunos gobernadores que advierten impactos negativos en sus economías locales. Esa agenda incluye temas sensibles como la rebaja de impuesto a las Ganancias y reducciones de cargas tributarias, aunque por ahora Santa Fe no figura entre las paradas confirmadas, en parte por las condiciones que ha puesto Pullaro para sentarse a dialogar con el Gobierno nacional.
Las principales entidades del campo, agrupadas en el Consejo Agroindustrial, las bolsas de cereales y la Sociedad Rural, respaldan la reforma laboral en términos generales, pero insisten en que debe adaptarse a la realidad productiva y estacional del trabajo rural. Así lo hicieron saber allá por diciembre a nivel nacional. En Santa Fe, la Rural pone el foco en que la provincia "registra índices de ltiigiosidad laboral significativamente superiores que a nivel nacional", con 142 juicios laborales cada 10 mil trabajadores, según relevamientos privados, mientras que en la misma sintonía reclaman por una actualización de créditos laborales a través de tasas bancarias, quitando la fórmula que calcula por IPC. "Estamos gestionando ambos temas, tanto a nivel provincial como nacional", con fiaron a Letra P desde la entidad local.
En ese marco, la Red de Entidades Productivas de Santa Fe, conformada por organizaciones como la Federación Gremial de Comercio e Industria, Grupo Trascender, Fundación Apertura, la Sociedad Rural de Rosario, OAME y el Foro Regional Rosario, elevó una agenda legislativa al ámbito provincial centrada en la “alta litigiosidad laboral”. Las entidades piden fortalecer instancias previas al juicio, mecanismos alternativos de resolución de conflictos como la mediación y una revisión profunda de las comisiones médicas jurisdiccionales.
La mirada empresarial santafesina se completa no sin contrapuntos. La Federación de Comercio e Industria (FECOI) no ahorra críticas que no se limitan a los aspectos técnicos de la reforma laboral sino que apuntan a la forma en que se está dando la discusión. Desde esa entidad se reconoce apoyo a la modernización, pero se denuncia que proyectos como el de la diputada Verónica Razzini -vinculada al Movimiento Antibloqueos y que en diciembre saltó a las filas de La Libertad Avanza- han sido “distorsionados” por el Gobierno, especialmente en lo que respecta a la tasa de indexación de juicios laborales. Para FECOI, si la reforma sale bajo los parámetros que maneja el gobierno, "se funden las pymes". "Piensan que cierra una pyme y abre otra al día siguiente", dicen en la organización advierte que tasas tan elevadas harían inviable la contratación de nuevos empleados.
En el mismo tono crítico, la entidad que nuclea a comercios e industria ven un panorama en que la reforma salga "muy light" y reclaman mayor presencia de actores clave del entramado empresario como la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y de la Cámara Argentina de Comercio (CAC). "Ya deberían haber presentado propuestas y tendríamos que estar discutiendo el tema en el Congreso. Los legisladores no están a la altura", disparan.
No obstante, en CAME, presidida por el rosarino Ricardo Diab, hace un tiempo hicieron llegar sus preocupaciones a los legisladores. "Sobre todo el día en que finalmente se postergó el tratamiento en diciembre", resaltan, mientras le envían su decálogo a cada gobernador que se encuentra con Santilli, como el caso del chubutense Ignacio Torres y el chaqueño Leandro Zdero. Entre las observaciones que hicieron llegar a los senadores y diputados salta un respaldo parcial al proyecto de Ley de Modernización Laboral, porque parte del articulado "introduce contradicciones", pidiendo la eliminación de artículos dentro del capítulo de "derecho colectivo". "Debilitan la negociación colectiva, rompen la paridad entre las partes y otorgan un poder discrecional excesivo al Estado", dice sobre los artículos 126, 128, 130, 131 y 132, de los que piden su eliminación.
Desde la Federación Industrial de Santa Fe (FISFE), la mirada es más estructural. La entidad reivindica la necesidad de actualizar una legislación laboral con más de 50 años, y pone la mira también sobre el tema al que todos apuntan: la litigiosidad laboral. "Pone en jaque la subsistencia de las empresas", dice un importante dirigente de la entidad. En la lista de reclamos también llaman al Congreso: "Debe salir por consenso, bajo ningún punto de vista se pueden aprovechar mayorías circunstanciales", remarcan. "Generaría incertidumbre y judicialización posterior", advierten.
En esa lógica, el rol del gobernador Pullaro aún está por verse. El radical repite cada vez que le consultan por el diálogo con el Gobierno que la foto por sí misma no le sirve a los intereses de la provincia, que reclama por la deuda histórica por la Caja de jubilaciones, el estado de las rutas nacionales y otros temas neurálgicos para la gestión de Unidos.
En el entramado productivo provincial reconocen diálogo pensando en este tipo de temas, tanto con el gobernador como con distintos ministros como el de Trabajo, Roald Báscolo, o el de Producción, Gustavo Puccini. "Ellos están de acuerdo con la reforma porque necesitan más empleo", sostienen, mientras también tejen lazos con legisladores como Carolina Losada en el Senado o también a través del diputado provincial Martín Rosúa, cercano a la senadora, y José Corral. "Hemos enviado nuestros proyectos y sugerencias también a funcionarios nacionales como Patricia Bullrich y Federico Sturzenegger. Queremos que se escuche al sector privado de Santa Fe", remarcaron.