El proyecto propone una rebaja en el impuesto y afecta fondos coparticipables. Los informes del peronismo y las charlas con la CGT.
El Presidente Javier Milei y 17 gobernadores, mimos y cero hostilidad en el primer encuentro tras las elecciones.
A la espera del llamado de la Casa Rosada, los gobernadores ya empezaron a hacer las cuentas para calcular el impacto que tendrá en las arcas provinciales el artículo 191 del proyecto de reforma laboral, que modifica la escala para el pago del Impuesto a las Ganancias de las sociedades y genera una baja en la recaudación.
Aunque las conversaciones todavía están en un estado muy embrionario, los mandatarios ya cruzaron mensajes con el análisis crudo de los números que afectan a las provincias. A sus teléfonos llegaron los informes que prepararon el diputado de Unión por la Patria Guillermo Michel y el senador Jorge Capitanich, exgobernador de Chaco.
Ambos alertaron por el artículo que había pasado desapercibido en medio de la discusión por la “modernización laboral”, el término que buscó instalar el gobierno de Javier Milei para dar el debate público. La mayoría de los gobernadores se sorprendió al enterarse de que el proyecto incluía, también, “una reforma tributaria encubierta”.
El proyecto enviado por la Casa Rosada propone modificar las alícuotas del inciso a) del artículo 73 de la ley del Impuesto a las Ganancias para los ejercicios fiscales que se inicien a partir del 1 de enero de este año. Esa modificación implica una rebaja en el pago de ganancias para determinadas sociedades de capital, del 30% al 27%, en un caso, y del 35% al 31,5%, en otro. Según el informe de Michel, el beneficio quedará concentrado, mayoritariamente, en solo 144 grandes empresas.
Por tratarse de un impuesto coparticipable, la baja de la recaudación generará, a su vez, una reducción del dinero que llega a las provincias. De acuerdo con el Presupuesto 2026, que el Congreso aprobó antes de fin de año, el Gobierno proyectaba recaudar 48,4 billones de pesos por impuesto a las Ganancias.
“De ese total, un 29% responde a personas humanas y un 71% a sociedades. Es decir que 34,3 billones de pesos será el monto de recaudación que las sociedades aportarán al total de impuesto a las ganancias. La reforma que impulsa el Gobierno va a reducir sustancialmente ese monto. De 34,3 billones para sociedades se recaudarían 31,7 billones. Es decir, es una baja proyectada de 3,1 billones de pesos”, dice el informe que de Michel.
En tanto, Capitanich calculó una pérdida recaudatoria anual de 8,149 billones de pesos - equivalente a 5.727 millones de dólares – “derivada de concesiones tributarias dirigidas a grandes empresas y sectores privilegiados, que impactan directamente en la coparticipación”. “El impacto no es neutro ni abstracto: $ 4,674 billones de esa pérdida recaen directamente sobre las provincias, afectando el corazón del federalismo fiscal argentino”.
Como publicó Letra P, el Presupuesto nació viejo, ya que la reforma laboral incluye un grueso contenido fiscal, entre la rebaja de Ganancias y la desfinanciación de la ANSES.
En charlas informales, varios gobernadores y ministros de Economía de las provincias dejaron trascender que no acompañarán con votos el artículo. “Es una locura”, analizaron en Córdoba, donde gobierna Martín Llaryora. Algo similar dijeron interlocutores de Salta, Catamarca y Chubut. En Santa Fe, por ahora, la lógica podría ser otra. La provincia está sólida en términos económicas y un sector del gabinete de Maximiliano Pullaro entiende que la baja en ganancias podrías tener un impacto dinamizador en la economía.
Los mandatarios todavía no fijaron una postura única. Algunos entienden que la inclusión del artículo 191 puede ser un elemento que la Rosada utilizará para negociar el resto de la ley. Sin embargo, el razonamiento choca con la lógica parlamentaria. Sin los votos que podrían aportar los mandatarios, no habría manera de aprobar nada.
Por eso, los gobernadores esperan a ver qué mensaje les llevará el ministro del Interior, Diego Santilli, quien este miércoles empezó su gira para tratar de juntar votos. El primer destino fue Chubut, donde se vio con Ignacio Torres. En agenda tiene programados viajes a Chaco y Mendoza, dos provincias absolutamente alineadas con la Casa Rosada. No queda claro qué podría ofrecer Santilli para negociar un artículo que perjudica abiertamente la recaudación de las provincias.
El ministro usará los viajes para tantear cuál es el ánimo de los mandatarios, que también recibieron llamados y mensajes de parte de la CGT. Los líderes sindicales hablaron con gobernadores de distintos sectores para pedirles que ayuden a minimizar los efectos de la flexibilización laboral que pretende hacer el gobierno.
En las conversaciones estuvieron los referentes de Provincias Unidas, Torres, Pullaro, Llaryora y los peronistas díscolos del Norte, Gustavo Sáenz (Salta), Raúl Jalil (Catamarca) y Osvaldo Jaldo (Tucumán) y algunos patagónicos. Todos prometieron ayudar, aunque aclararon que “algo” de la reforma laboral tiene que salir.
El Gobierno avanzará con las conversaciones a partir del 16 de enero, cuando Patricia Bullrich comenzará a trabajar en un informe técnico que contemplará las objeciones que ya presentó la CGT y lo que Santilli haya recogido de sus charlas con los gobernadores.