Se abrió el concurso para suceder a la histórica jueza Marta Vidal. El PJ juega con Esteban Lencioni y Guillermo Arias. El radicalismo, con Diego Frossasco.
Marta Vidal deja la Justicia Electoral de Córdoba
Boleta única para las elecciones de Córdoba
La salida de Marta Vidal como jueza Electoral de Córdoba funcionó como pistoletazo de partida para una competencia largamente esperada en el ecosistema político. Sin sorpresa, el peronismo de Martín Llaryora y la UCR ya barajan nombres para contar con uno afín en un importante sillón de la Justicia.
Formalmente, las inscripciones aún no han iniciado. El plazo comienza este lunes 20 y hasta el 28 de abril próximos. No obstante, tanto el gobernador Martín Llaryora como su oposición saben que no se trata de un proceso perfectamente aséptico. Además de impulsar jugadores cercanos prestan atención a los nexos de los postulantes a un fuero pequeño, que requiere preparación específica, y quedará bajo el haz electoral en menos de un año.
Algunos nombres se dan por descontados para cumplimentar el trámite. Por caso, aquellos funcionarios que ya integran el tribunal y podrían marcar una continuidad con el desempeño de Vidal, única ocupante de la butaca desde la creación del fuero, en 1998.
Otros, que cuentan con antecedentes académicos y experiencia en la materia, podrían contar con soplos favorables desde puertos políticos.
Esteban Lencioni es uno de los hombres que podría portar los avales del gobernador. Viejo conocido de éste, es definido como puro representante de la casa llaryorista. Más específicamente, terminal de Pablo Bario, su más importante armador en las sombras.
Abogado, se convirtió en funcionario de la Municipalidad en 2019, de la mano del sanfransiqueño. Desde entonces se desempeña como Director de Control de Cartelería y Publicidad en el gobierno de la ciudad.
El cargo no se ciñe a su tarea. Funcionarios del Palacio 6 de Julio afirman acudir a él para consultas sobre varios temas.
Tanto o más importante, cuenta con experiencia en la materia. Ha sido parte del mismo Juzgado Electoral al que aspira y secretario en la Justicia Electoral Municipal. También es parte de la sala de Derecho Electoral en el Colegio de Abogados de Córdoba.
Con más de 20 años como secretario legislativo en la Legislatura de Córdoba, Guillermo Arias emerge como alguien capaz de reunir consensos. Conocedor de resortes y roscas, mantiene un buen vínculo con todos los sectores que cuentan con representación parlamentaria.
Especialista en Derecho Parlamentario, rama que ubica como cercana al Derecho Electoral, comenzó su carrera legislativa hace 30 años, en la disuelta Cámara de Senadores. De vuelta allí en 2001 como prosecretario, dos años después sería nombrado secretario por el flamante vicegobernador Juan Schiaretti.
Desde entonces es considerado parte de un peronismo “orgánico e institucional” que gira en torno al “Gringo” y mantiene fuerte presencia en la Unicameral.
Arias no niega cordialidades, mucho menos la solidez de algunos lazos. No acredita militancia alguna, pero coincide con quienes consideran importante haber participado de procesos electorales en representación de alguna fuerza.
Lo hace trazando una línea de coincidencia: la defensa de la democracia, a la que considera tironeada por los discursos de la “antipolítica” y los cuestionamientos que sólo derivan en beneficios a intereses particulares.
Abogado, profesor de Derecho Constitucional y Parlamentario, espada radical reconocible en la Justicia Electoral, Diego Frossasco reúne apoyos cruzados en un partido permanentemente atravesado por internas.
Con vasto conocimiento de las intersecciones entre lo político y lo jurídico, ha sido exconvencional Constituyente en 2001, asesor de bloque en la Legislatura cordobesa, asesor en el Senado, director en la Cámara de Diputados y secretario legal y técnico de la Municipalidad durante los ocho años de gestión de Ramón Mestre (h).
Mestrismo es precisamente el rótulo con que se lo identifica en cada cinchada por el control de la UCR. La reciente experiencia previa a las elecciones legislativas del pasado año obran como antecedente directo.
Quienes miran desde fuera, empero, lo consideran un aspirante “natural” al cargo. “Lleva muchos años de ejercicio en el tema. Más que la mayoría”, explican.
Marta Vidal dejará su cargo tras 28 años, los mismos que lleva el PJ en el control de la provincia. El plazo incluye una prórroga por nueve inviernos, solicitada desde el Ejecutivo provincial. Con tal prórroga pudo organizar los comicios de 2019 y 2023, ambos con triunfos oficialistas
Radical confesa, exmilitante alfonisinista, fue nombrada en su cargo por Ramón Mestre padre inmediatamente después de la creación del fuero. Ha sido hasta aquí la única persona en ocupar tal rol. En otras palabras, por primera vez desde su creación habrá concurso para definir la titularidad del Juzgado Electoral.
Por entonces pocos imaginaban la centralidad que adquiriría su tarea en más de un turno comicial. Particularmente aquel septiembre de 2007 en que Schiaretti obtenía su pasaporte a la gobernación. La exigua diferencia y las sospechas desparramadas sobre el escrutinio provisorio, potenciadas como denuncias por Luis Juez, derivarían en una reforma electoral que hoy es presentada como virtuosa (en especial por el uso de la boleta única).
Diecinueve años después, Vidal asegura que en aquella ocasión actuó con estricto apego a la norma. También asevera haber abierto más urnas que las que le reclamaban. Incluso remarca que el recuento definitivo amplió la brecha entre los contendientes.
Críticos opositores evocaron aquellas jornadas cuando, en las elecciones de 2023, hubo otra interrupción del escrutinio provisorio. Justamente con Juez como retador. Para la magistrada en esta ocasión el problema respondió a cuestiones técnicas, vinculadas al software contratado para el recuento, y falta de capacitación de las personas involucradas. Las renovadas críticas incluyeron un pedido de jury, desestimado por la mayoría oficialista.
Tras una primera depuración de la nómina (por incumplimiento de requisitos formales), los postulantes deberán atravesar el proceso de selección que establece el Consejo de la Magistratura.
Éste consta de tres instancias: una prueba escrita, anónima, donde se evalúa el conocimiento técnico para la resolución de un caso; una entrevista ante los consejeros; la evaluación de antecedentes en la materia.
Aún considerado modélico en el resto del país, ese mismo sistema no está exento de presiones políticas. Las ponderaciones resultantes también ameritan interpretaciones sobre juegos de poder. La terna resultante ingresará al Poder Ejecutivo, desde donde se tomará una opción a ser refrendada por un Legislativo diseñado para facilitar mayorías al oficialismo.
Hasta el momento nadie trasunta apuro. Pero tampoco desconocen la creciente urgencia del calendario. En pocos meses un nombre nuevo deberá tener pleno control de un largo proceso, que iniciará con la habilitación de partidos y dirigentes y culminará con otro recuento al que muchos imaginan bajo microscopio.