El Tribunal de Conducta de la Unión Cívica Radical de Córdoba comunicó la decisión de expulsar del partido a la vicegobernadora electa, Myrian Prunotto, y al intendente de Arroyito, Gustavo Benedetti. La causa de la sanción fue el haber propiciado una alianza con el peronismo provincial que llevó a Martín Llaryora la gobernación yendo en contra de la decisión de partido que oficialmente formó parte de la alianza Juntos por el Cambio. Teniendo en cuenta ese antecedente inmediato, no son pocos los que se preguntan que podría pasar con la ficha de afiliación del mendocino Luis Petri, confirmado como el ministro de Defensa del gobierno de La Libertad Avanza.
En medio de una reestructuración que tendrá una fecha crucial cuando el próximo 13 de diciembre elija a su nueva conducción, el radicalismo cinturea los desprendimientos que se suceden en diferentes instancias de la vida partidaria. El proceso no es nuevo, y si bien el movimiento de Prunotto marcó un punto de inflexión, el mapa general expuso diferencias que se habían puesto de manifiesto en todo el territorio y que, en el mejor de los casos, habían derivado en las competencias internas que JxC llevó adelante en la mayoría de las provincias.
La decisión de Petri de acompañar a Patricia Bullrich y a Mauricio Macri encabezando el apoyo a Javier Milei en la previa del ballotage y la confirmación de su reciente incorporación al próximo gobierno, vuelve a poner al radicalismo en un laberinto del que nunca le resulta demasiado fácil salir.
El caso Prunotto
“Inconducta partidaria”, dice el argumento principal de la sanción que para el abogado de Prunotto, Alfonso Buteler, todavía no tiene efecto definitivo. Según advierte, la notificación llegó a sus manos este lunes y tiene un plazo de cinco días para apelarla. El escrito se presentará en tiempo y forma esta semana, antes de que la exintendenta de Estacion Juárez Celman asuma como vicegobernadora de la provincia.
Diego Frossasco, el profesor de Derecho Constitucional que fue apoderado de la UCR entre el 2009 y el 2021, explicó a Letra P que la vice de Llaryora tiene dos instancias para apelar la decisión del Tribunal de Conducta cordobés. La primera es ante el Congreso Provincia y la segunda, que depende de la respuesta negativa de la primera, ante el Tribunal de Ética del Comité nacional. Lo que queda pendiente en esa serie de eventuales pasos legales es si esas apelaciones avanzan con un efecto suspensivo o no de la sanción aplicada.
Allí, se ponen en juego los aspectos estrictamente políticos de la decisión. El radicalismo cordobés ya había expulsado a Antonio Benigno Rins cuando el riocuartense formó parte de la fórmula con la que Luis Juez intentó llegar a la gobernación, en el año 2007. No pasó lo mismo con Mario Negri, que en el 2019, decidió ir por fuera del partido y enfrentar a Ramón Mestre, el candidato oficial de la Lista 3. Por esa razón, y más allá de las diferencias con el accionar de Prunotto, el mestrismo no acompañó la iniciativa de la conducción del Comité Provincia que por estas horas hegemoniza el negrismo a través de la figura de Marcos Carasso.
El camino legal
Esos “condimentos políticos” que cruzan el detrás de escena de la sanción también son tenidos en cuenta por el abogado de Prunotto que advierte que las normas partidarias dicen expresamente que el tipo de sanciones como la que se aplicó a Prunotto no pueden ser publicitadas hasta que no haya una resolución firme. En este caso puntual, según se desprende de lo dicho por Buteler, la decisión del Tribunal de Conducta se publicó en las redes sociales antes de que la parte sancionada fuese notificada.
“No somos nosotros los que decimos que la desafiliación no tiene efecto, Myrian estaba suspendida preventivamente y la Justicia, en una resolución con fecha del 13 de septiembre, dijo que se debían agotar todas las vías de la interna partidaria. Bueno, nosotros vamos a apelar”, aseguró Buteler al ser consultado respecto a la actual situación de la fundadora de los Radicales Auténticos en el centro del país.
Con el proceso en marcha, el abogado de Prunotto confirmó a este medio que tiene la instrucción de avanzar con los planteos de lo que, según entienden, es una situación injusta que “roza la proscripción”. “Todas las decisiones son revisables judicialmente”, señala el letrado que anticipa que en caso de que la instancia partidaria se agote, la decisión sobre la ficha de Prunotto podría llegar hasta la Corte Suprema de Justicia.
Mientras no haya una resolución de fondo, Prunotto continuará afiliada al radicalismo y, reivindicando esa pertenencia como lo hizo a lo largo de toda la campaña, provincial y nacional, asumirá el 10 de diciembre permitiéndole a Llaryora exponer la transversalidad con la que quiere caracterizar a su etapa al frente del gobierno mediterráneo. En contra de las intenciones de la conducción boinablanca en el centro del país, se convertirá en la primera vicegobernadora radical de la historia provincial, de la mano del cordobesismo.
El caso Petri
Si a Petri se le aplicase la misma sanción que la conducción cordobesa hace caer sobre Prunotto, el futuro ministro de Defensa debería estar preparándose para enfrentar al Tribunal de Ética del Comité nacional. La Carta Orgánica es muy clara al ubicar en esa órbita los casos que deban definir cuestiones sobre funcionarios nacionales o conductas que tengan consecuencias a nivel país.
A diferencia de la cordobesa, Petri evitaría una discusión en su provincia donde su figura nunca tuvo una presencia determinante, y de donde viene de perder una interna con Alfredo Cornejo, que asumirá nuevamente como gobernador el fin de semana. Sin embargo, a juzgar por los resultados del ballotage, no fueron muchos los radicales que tomaron un camino distinto al que asumió el otrora candidato a vicepresidente.
Tras la elección general de octubre, la conducción del Comité nacional de la UCR oficializó una postura de prescindencia que evitaría apoyar públicamente a los presidenciables que llegaron a la segunda vuelta. El radical mendocino que había representado a su partido en la fórmula de JxC decidió correrse de esa postura y pronunciarse a favor de la candidatura de Milei.
Las críticas rápidamente se hicieron oír, Gerardo Morales y Martín Lousteau lo hicieron (no tan) elípticamente, y hubo sectores que pidieron abiertamente por su expulsión. Petri se atajó argumentando una batalla contra el kirchnerismo y redobló la apuesta encabezando la campaña de fiscalización en su provincia. Fue uno de los primeros dirigentes que llegó al bunker del Hotel Libertador y hasta ahora es el único radical nombrado en el futuro gabinete.
Su coterráneoJulio Cobos, que había sido expulsado por ser vicepresidente de Cristina Fernández de Kirchner en 2007, el santafesino Maximiliano Pullaro y el correntino Gustavo Valdes, fueron los primeros correligionarios en felicitarlo. Su suerte no parece estar atada a los vaivenes burocráticos de la interna partidaria.
