Con tarifas congeladas por Kicillof, no tienen margen para saldar 1.000 millones de dólares que les exige Milei, y a la vez cubrir los costos operativos.
Las más de 200 cooperativas eléctricas del interior de la provincia de Buenos Aires enfrentan el vencimiento más crítico de su historia reciente
Las más de 200 cooperativas eléctricas del interior de la provincia de Buenos Aires enfrentan un vencimiento crítico: entre junio y julio deben comenzar a pagar una deuda superior a 1.000 millones de dólares con Cammesa, y desde el sector advierten que sin una recomposición tarifaria que la provincia no autorizó, muchas no podrán cumplir.
El origen del problema se remonta a los años de tarifas congeladas, cuando las cooperativas compraban energía cara a Cammesa pero cobraban a sus usuarios lo que la provincia les permitía cobrar. Entre 2019 y los primeros años de la pandemia, el Valor Agregado de Distribución (VAD, el componente tarifario que cubre los costos de red) quedó muy por debajo de la inflación acumulada, y la brecha se fue convirtiendo en deuda.
El esquema de regularización aprobado por el gobierno de Javier Milei a través del DNU 186/25 les ofrece hasta 12 meses de gracia y 72 cuotas a una tasa equivalente al 50% de la del Banco Nación. El problema es que el plan exige dos cosas al mismo tiempo: mantener al día el pago de la energía corriente y comenzar a cancelar la deuda acumulada. Para muchas entidades que hoy apenas cierran sus cuentas, esa combinación resulta inviable. Y el plan comienza a regir en pocos meses.
En el encuentro que la Federación de Cooperativas de Electricidad de la Provincia de Buenos Aires (APEBA) realizó la semana pasada en Olavarría, el diagnóstico fue unánime. "Algunos tenemos que empezar a pagar en junio, otros en julio, y estamos todos que no sabemos cómo vamos a llegar, porque hoy venimos muy con lo justo y no alcanza", dijo Oreste Binetti, titular de la entidad y presidente de la cooperativa de Luján. Walter Vázquez, de la UsinaPopular y Municipal de Tandil, advirtió que el riesgo concreto es que muchas entidades dejen de hacer inversiones o terminen tomando más deuda para poder cumplir con Cammesa.
Los números de las cooperativas muestran la gravedad del problema. La cooperativa de Tandil enfrenta compromisos cercanos a los 18.000 millones de pesos, mientras que en Balcarce la cifra trepa a unos 22.000 millones. En Luján, la cuota mensual del plan representaría alrededor de 400 millones de pesos adicionales sobre los 2.200 millones que la cooperativa ya destina cada mes a la energía corriente. Son cargas que el sector considera incompatibles con la situación financiera actual de la mayoría de las entidades.
A eso se suma un cuadro estructural que agrava el escenario: altos niveles de morosidad de los usuarios, conexiones irregulares y costos elevados en zonas rurales de baja densidad poblacional. En municipios como Olavarría, factores específicos como la extensión de la red rural y la situación del sector de canteras, inciden directamente en la recaudación. El resultado es que varias cooperativas ya priorizan el pago a Cammesa por encima de otras obligaciones, incluyendo los sueldos de su propio personal.
La provincia de Buenos Aires, que como autoridad reguladora es la que fija las tarifas que cobran las cooperativas, rechazó en 2024 un pedido explícito de actualización tarifaria que apuntaba precisamente a generar margen para afrontar la deuda. En abril del año pasado, APEBA le presentó formalmente al gobernador Axel Kicillof un memorándum para que se recompusiera el VAD como condición para poder adherirse al plan de pagos nacional. Sin esa recomposición, el sector advierte que el plan no camina.
Fuentes de la Subsecretaría de Energía bonaerense indicaron a Letra P que el problema no es exclusivo de las cooperativas bonaerenses sino que afecta a los distribuidores eléctricos de todo el país, y apuntaron al gobierno nacional por reclamar la deuda generada en pandemia. En el entorno del área que pertenece al Ministerio de Infraestructura consideraron que una oportunidad para resolverlo fue la propuesta de condonación incluida en la Ley de Presupuesto 2025 presentada por el Ejecutivo nacional , que finalmente no fue aprobada.
El sector cooperativo presta servicio a más de un millón de usuarios en el interior bonaerense, en zonas donde las grandes distribuidoras privadas no operan. Si las cooperativas más comprometidas no pueden cumplir con el plan de pagos, el riesgo no es solo financiero, sino la continuidad del servicio eléctrico en decenas de localidades del interior.