La entidad afirmó que la región debe aprovechar sus capacidades y recursos, pero evitar regímenes cerrados. Elogios a Javier Milei y dudas por la inversión.
El Banco Mundial pide recuperar la industria, pero puso a Tierra del Fuego como ejemplo fallido
El Banco Mundial advirtió que América Latina necesita reimpulsar la política industrial para generar empleos de calidad y crecimiento. Pero señaló explícitamente al régimen de Tierra del Fuego como un caso emblemático de "política fallida", por su alto costo fiscal y su bajo impacto en productividad.
El sector industrial fueguino rechazó estas críticas y recordó que la instalación del polo fueguino tuvo motivos geopolíticos y permitió el desarrollo de la provincia.
El organismo presentó su último Panorama Económico para América Latina y el Caribe, en el que destacó la necesidad de implementar políticas industriales modernas para fomentar empleos de calidad, aunque advirtió sobre los riesgos de los modelos de protección comercial como el régimen fueguino.
El Banco Mundial sostuvo que la política industrial volvió al centro del debate global como herramienta para impulsar el crecimiento, en un contexto de bajo dinamismo económico. Ante este panorama, el organismo sugirió que los países deben abandonar la antigua "sustitución de importaciones" y enfocarse en una política industrial basada en la innovación y la competencia.
El economista jefe para América Latina y el Caribe, William Maloney, afirmó en una conferencia de prensa este miércoles que los esquemas de sustitución de importaciones han sido “desilusionantes” en la región.
Según el informe, para que estas políticas sean efectivas, los gobiernos deben invertir en "habilidades, apertura e instituciones sólidas".
Maloney enfatizó la importancia de facilitar la toma de riesgos y mejorar las capacidades de sectores estratégicos, en lugar de recurrir a cierres de importaciones o barreras arancelarias que, según el análisis, solo generan incertidumbre y caídas en la inversión.
El organismo proyectó que América Latina y el Caribe crecerá 2,1% en 2026, por debajo del 2,4% de 2025, en un contexto marcado por tasas de interés elevadas, presiones inflacionarias y menor demanda externa.
Maloney explicó que la región enfrenta una desaceleración vinculada al impacto de los precios de los combustibles y a políticas monetarias restrictivas. A esto se suma una caída en la inversión, asociada a la incertidumbre y a la implementación parcial de reformas. “El crecimiento se va ralentizando y las políticas fiscales se van a complicar hacia adelante”, indicó.
En el caso particular de Argentina, se advirtió que las elevadas necesidades de financiamiento externo, las reservas internacionales netas negativas y el acceso todavía limitado a los mercados internacionales de deuda son un problema a resolver. Según Maloney, aunque existe una postura abierta a los mercados, la recuperación final dependerá de consolidar el ancla fiscal y profundizar la agenda de reformas.
A pesar de las críticas a modelos industriales previos, el Banco Mundial destacó los "progresos" y el "ajuste decisivo" llevado adelante por la administración de Javier Milei. El informe elogió el paso de un déficit a un superávit primario y general mediante la racionalización del gasto y la refocalización de subsidios energéticos.
Asimismo, proyectó un crecimiento acumulado del 12,2% para el período 2024-2027, revirtiendo la caída del -0,4% registrada entre 2011 y 2024.
También se mencionó el avance de una agenda pro-mercado, con iniciativas como el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), orientado a sectores como energía, minería e infraestructura.
Maloney valoró la “postura abierta hacia los mercados” del Gobierno, incluso en un contexto de dificultades, aunque advirtió que persisten desafíos en materia de inversión y financiamiento.
Además, el organismo indicó que hubo una caída en el empleo reciente, aunque consideró que los cambios a partir de la reforma laboral podrían facilitar decisiones empresariales y contribuir a una mejora en el mediano plazo.
En un apartado específico, el Banco Mundial calificó al régimen de Tierra del Fuego como un "caso de política industrial fallida" y lo definió como un ejemplo de "fallas persistentes en el diseño e implementación de políticas industriales".
Creado en 1972, el esquema buscó fomentar el desarrollo productivo y poblacional en la región a través de exenciones impositivas y beneficios comerciales. Sin embargo, según el Banco Mundial, no logró generar mejoras tecnológicas significativas ni aumentos de productividad.
El costo fiscal del régimen fue estimado en u$s 1070 millones anuales, que el Estado deja de recaudar como incentivo al sector. El documento advirtió que las empresas locales generan "poco o ningún valor agregado real", limitándose a importar insumos libres de derechos para revenderlos en el continente a precios más altos.
La entidad internacional subrayó que la actividad no es autosuficiente y depende exclusivamente de transferencias estatales y señaló que los incentivos vigentes favorecieron la importación de insumos libres de aranceles y su posterior comercialización en el continente con beneficios fiscales, sin promover valor agregado local.
El Banco Mundial advirtió también que la continuidad del régimen responde más a decisiones políticas que a resultados económicos, y que sus beneficios fueron extendidos sin condiciones claras hasta 2038.
Ante una consulta de Letra P, fuentes de la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (Afarte) cuestionó los fundamentos del informe, al señalar que el análisis soslaya factores territoriales críticos.
Según fuentes del sector, la industria es el principal motor de empleo en la provincia, superando al turismo, y es fundamental para garantizar el arraigo poblacional.
"Si se elimina la actividad económica, se desatiende una situación geopolítica en una zona de permanente conflicto", explicó la cámara. Tras rechazar la idea de que no hay generación de valor y que el costo logístico de producir en la isla es elevado, advirtió que las marcas internacionales auditan permanentemente la tecnología y los procesos productivos.
Respecto al costo fiscal, Afarte destacó que no se trata de un subsidio directo (gasto), sino de una renuncia fiscal, y advirtió que eliminarla no garantiza que el Estado recaude ese monto, dado que la actividad podría desaparecer.