Necesita consolidar aliados para el Presupuesto y la reforma laboral. No es fácil. La plata que piden las provincias. La interna que amenaza con arruinar todo.
Javier MIlei firmando el proyecto de reforma laboral.
En los próximos diez días, Javier Milei sabrá si el festejo del 26 de octubre tuvo sentido. El nuevo Congreso iniciará una agenda ambiciosa de sesiones extraordinarias y, para que prospere, el Presidente tiene dos desafíos: que los gobernadores avalen el Presupuesto 2026 y que la CGT no logre bloquear la reforma laboral.
Los triunfos en las urnas engrosaron las bancadas oficialistas, pero, en estos 40 días, no pudieron garantizar victorias legislativas para La Libertad Avanza. El fallo judicial que obliga al Gobierno a cumplir la ley de emergencia en Discapacidad le suma un problema.
Ser oficialismo es difícil: sin mayorías parlamentarias, no queda otra que ceder mucho para ganar poco. A Milei, cuando se habla de plata, le cuesta aceptarlo. Por todo esto, las gestiones por el Presupuesto quedaron en punto muerto. Se espera una sesión a todo o nada con un prolongado debate en particular.
La reforma laboral está aún más empantanada, porque se chocaron los planetas en el Gobierno y el camino es incierto. Martín Menem acorraló a Federico Sturzenegger para que el texto final se ajuste a la necesidad de conseguir aliados y no a sus conferencias en Harvard. El riojano encontró en el asesor Santiago Caputo a un aliado impensado.
La jefa del bloque de LLA en la cámara alta, Patricia Bullrich, fiel a su estilo, juega a todo o nada y quiere abrir el recinto el sábado 27 de diciembre para que el país la vea triunfar antes de año nuevo. Primero, necesita conseguir los votos.
La Libertad Avanza busca aprobar el Presupuesto en Diputados esta semana con una amplia mayoría, con partidos provinciales, UCR, PRO y, si es necesaria, la colaboración de una parte de Provincias Unidas. El reparto de lugares en comisiones apunta a este esquema de acuerdos.
La inocencia fiscal (un virtual blanqueo de dólares no declarados) tiene un respaldo más ajustado; mientras que el proyecto que fija penas a funcionarios que instiguen el déficit fiscal es más difícil de llevar al recinto.
Para triunfar, el Gobierno necesita lograr el efecto dominó a favor y para eso deben escucharse las voces de gobernadores apoyando el Presupuesto. La misión quedó a cargo de Carlos Guberman, secretario de Hacienda, quien dedicó este fin de semana a mirar planillas para saber si puede cumplir con algunos pedidos de las provincias. Los planteos los recogió uno a uno el ministro del Interior, Diego Santilli, quien, precavido, nunca prometió plata.
El único gobernador peronista que fue recibido por el funcionario libertario fue el pampeano Sergio Ziliotto. Contó a sus legisladores que nada cambió demasiado. Santilli escucha reclamos por deudas previsionales y por la reactivación de la obra pública, promete gestiones, pero el bacalao lo cortan Guberman y el ministro de Economía, Toto Caputo.
El Secretario se convirtió en un negociador ruso, de esos que discuten a cara de perro, sin mostrar sus dientes. Durante el debate en comisión, advirtió que la negociación con las provincias se basará en una revisión de deudas recíprocas, un historial de los intercambios de fondos entre Nación y cada distrito. Para los gobernadores es un riesgo mayúsculo: si Guberman mira los números con lupa, más de uno de ellos puede quedar endeudado.
El contraataque de los gobernadores es el de siempre: sostienen que nada será equitativo si Milei sigue reteniendo un porcentaje de coparticipación que las provincias cedieron para fines que no se cumplen, como la obra pública o el mantenimiento de rutas. El impuesto a los combustibles está primero en la lista de tributos a revisar por los gobernadores, quienes exigen precisiones sobre las reparaciones en las carreteras. “O las ceden con recursos o las sostienen”, repiten en cada diálogo con funcionarios nacionales.
Al reparto de fondos con las provincias se suma el otro reclamo que escuchará Milei esta semana: el cumplimiento de las tres leyes sancionadas por el Congreso, que aún después del rechazo a su veto, el Presidente se niega a aplicar.
Se tratan del refuerzo al presupuesto universitario y de la emergencia en guardias pediátricas (como el Hospital Garrahan) y en discapacidad. El planteo lo llevará a las comisiones Unión por la Patria y, si los aliados que eligió Menem para aprobar el Presupuesto se acoplan, Milei deberá ceder.
Este viernes, Milei recibió el primer golpe en Tribunales postelecciones: la justicia federal de Campana ordenó aplicar la emergencia en discapacidad. El juez Adrián González Charvay consideró inconstitucional el artículo dos del decreto que firmó el Jefe de Estado para suspenderla, con la excusa de que no sabe dónde está la plata. El magistrado recordó que, en la misma resolución, el Presidente reasigna partidas para cumplir parcialmente con la norma.
La derrota judicial de Milei fue total, porque se había involucrado personalmente en el litigio. El Presidente envió al Procurador del Tesoro, Santiago Castro Videla, quien, antes del traspié, protagonizó un hecho inédito: pidió quitar del sistema judicial un escrito presentado por los demandantes, que dejaba muy mal parado al ministro de Salud, Mario Lugones.
El texto, cuestionado por el abogado del Estado, describe lo obvio: si el nomenclador de discapacidad –que fija los valores de las prestaciones- se mantuvo congelado mientras las obras sociales y prepagas aumentaron su recaudación –por efecto del incremento de cuotas- hubo dinero que fue girado a un fondo compensador y no se usó. Nadie explica dónde está. Lugones, que proviene del negocio de la Salud, no quiso detallar la ruta de esas partidas cuando dejó vacía la silla en Diputados, donde lo habían citado a prestar testimonio.
A partir del pedido de los demandantes, la causa que se inició en Campana dejó abierta la posibilidad de investigar vínculos del ministro de Salud con sus viejos amigos que manejan clínicas y laboratorios. Son quienes solían jugar fútbol en la quinta del operador radical Coti Nosiglia.
El otro eslabón de esta historia es el jefe de UOCRA, Gerardo Martínez, mencionado por sus pares como enlace sindical con la Superintendencia de Servicios de Salud, guardián de los fondos que se giran a prepagas y obras sociales.
Es curioso que en la misma semana en que la justicia de Campana le dio un golpe a Milei por la emergencia en discapacidad, Martínez rompió definitivamente su vínculo con el Gobierno con su salida del Consejo de Mayo, molesto por el borrador de la reforma laboral.
El portazo del líder de la UOCRA provocó una interna del Gobierno, con actores repetidos, pero en lugares distintos. Federico Sturzenegger es el Diego Spagnuolo de estos días. Como el extitular de la Andis, el ministro de Desregulación y Transformación llega a Milei sin pasar por el filtro de Karina Milei y eso, se sabe, siempre termina mal.
El ministro escribió una reforma laboral que arruinaba el circuito de recaudación de los gremios, al eliminar a las empresas como agentes de retención. Menem estalló: en estos años evitó que ese tema sea aprobado en el Congreso y veía como uno de los proyectos de extraordinarias podía sucumbir porque Sturzenegger quería incorporar ese punto.
La reunión del economista con el bloque libertario de Diputados del martes fue tensa. Sturzenegger tuvo que pedir paciencia porque no sabía cómo responder preguntas jurídicas. Hasta reclamó un break para que regresara su secretario de Transformación, Maximiliano Fariña.
La presentación de la reforma laboral se demoró y Milei viajó a Noruega sin poner la firma. Cuando volvió, estaba reescrita, con menos golpes bajos a los gremios. Ya era tarde: la CGT había lanzado una marcha para el jueves, con apoyo de todas las centrales obreras.
La reforma laboral nació mal y no será fácil que termine bien. Menem encontró respaldo en Santiago Caputo para aislar a Sturzenegger y reescribirla. El asesor ayudó a demorar la presentación del proyecto a través de la secretaria legal y técnica, María Ibarzabal Murphy.
El diálogo Menem-Caputo generó esperanzas de paz en el mundillo libertario, justo cuando el consultor se garantizó el poder en la SIDE; y el riojano puso un pie en la Justicia con un diputado propio en el Consejo de la Magistratura. En LLA dicen que para quedarse en la Casa Rosada el mago del Kremlin aceptó un férreo control del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Hasta comparten personal.
El texto final de la reforma laboral permite que las empresas retengan fondos sindicales, pero exige consentimiento de los afiliados. A los gremios no les cierra la idea, porque una transición desordenada entre los sistemas los puede desfinanciar.
El otro punto de discordia son las cuotas solidarias, aportes que algunos gremios acuerdan en las paritarias y pagan todos los trabajadores, sean o no afiliados. El texto no los elimina, pero Sturzenegger, en su despacho, festejó que un artículo complica que vuelvan a implementarse cuando se firmen nuevos convenios colectivos. Otro triunfo de El coloso es que el proyecto le quita poder al fuero laboral nacional, el mismo que frenó las reformas de la ley de contrato de trabajo que estaban en el DNU 70/23.
La agenda para debatir la reforma laboral en el Senado es caótica. Sin información precisa, Victoria Villarruel citó para el martes a las 11 a una reunión de jefes de bloque, quienes, ahí mismo deben definir la integración de las comisiones.
Bullrich quiere todo y rápido, pero hasta ahora sólo le contesta el teléfono la UCR, que no le alcanza para el cuórum. Ni siquiera tiene la garantía de sumar a los tres del PRO. La exministra busca mayoría para dictaminar y está dispuesta a presidir la comisión de Trabajo y Previsión Social. Para coronar, programa una sesión para el sábado 27, con Presupuesto y reforma laboral, en el temario.
Para este último tema, Bullrich necesita aliados que aún no llegan. A los partidos provinciales, que suman hasta diez votos, no les gusta el clima ley Bases de enero 2024, con Sturzenegger volviendo a pedir avanzar en textos voluminosos desde estudios de radio.
UP busca que al menos ocho de este grupo se niegue a dar cuórum y la reforma quede archivada. Cree que ya tiene a la dupla santacruceña. Un dato alentador para el Gobierno es que los gremios petroleros y mineros, con mucha ascendencia en el Senado, por ahora permanecen en silencio.
Si estos sindicatos cuestionan la reforma, los votos de Salta, Chubut y Neuquén nunca llegarán. Si no la apoyan explícitamente, tal vez el debate se demore. La senadora salteña Flavia Royón, cercana al gobernador Gustavo Sáenz, dijo que tal vez el debate requiere más tiempo. No está sola en esa idea.