Los tres jueces de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, tienen en sus manos el futuro de la reforma en Tierra del Fuego.
La reforma constitucional de Tierra del Fuego llegó a la Corte Suprema. La decisión sobre el recurso de queja presentado por el legislador de Somos Fueguinos, Jorge Lechman, está ahora en manos de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. De un eventual fallo depende también la realización de las elecciones de constituyentes proyectadas para 2026.
Registrate para continuar leyendo y disfrutando de más contenidos de LETRA P.
El expediente queda ahora bajo análisis preliminar del máximo tribunal, que deberá resolver si admite o desestima la queja. Una vez declarada la admisibilidad, la Corte podría pronunciarse sobre el fondo del planteo.
Lechman viene advirtiendo que el proceso reformista se apoya en una lectura demasiado laxa de las atribuciones provinciales y que, más que modernizar, fuerza los límites institucionales.
El Poder Ejecutivo, encabezado por Gustavo Melella, dispone desde entonces de un plazo de 210 días para establecer una nueva fecha para convocar los comicios. Eso, hasta ahora, no sucedió.
Gk9fHCiW8AAAs-g.jpg
Gustavo Melella en la apertura de sesiones. A su izquierda, la nueva presidenta del STJ, María del Carmen Battaini.
Ese fallo contó con el aval de la presidenta del STJ, María del Carmen Battaini, y de los jueces Carlos Gonzalo Sagastume, Edith Miriam Cristiano y Javier Darío Muchnik. Ernesto Löffler, fue recusado por el Gobierno y apartado de la causa por prejuzgamiento.
Luego de conocerse la decisión del Superior Tribunal, Melella se expidió a través de sus cuentas en las redes sociales y resaltó la posibilidad de la reforma como “una oportunidad” para que la sociedad fueguina pueda "pensar, plantear y proyectar la provincia para los próximos 30 o 50 años”.
“Muchos enmarcan la reforma de la Constitución en una reelección mía. La reforma no es eso. Lo vengo planteando desde que era intendente. Lo que busca esta reforma es terminar con ciertos privilegios: la reelección indefinida de legisladores, los cargos vitalicios, congelar en 15 el número de bancas y garantizar derechos como el acceso a la educación”, explicó.
Sociedades rotas y nuevos aliados
El fallo del máximo tribunal fueguino a favor del gobierno provincial era esperado. En los últimos meses, Melella movió algunos hilos en la Justicia para licuar el poder del clan Löffler, referentes del Movimiento Popular Fueguino (MoPoF), socios electorales del intendente de Río Grande, Martín Pérez, a quienes responsabilizó de trabar la reforma por intereses individuales.
En enero de este año, el oficialismo logró borrar Damián “Loli” Löffler de la vicepresidencia de la Legislatura y se aseguraron de que su hermano juez no ocupara la presidencia ni la vicepresidencia del STJ. A la vez, consiguió su apartamiento de la causa por la enmienda constitucional y cambiar los equilibrios en el Consejo de la Magistratura, que Löffler presidió hasta el año pasado.
Ernesto Löffler.jpg
Ernesto Löffler, el juez del STJ recusado por el Gobierno provincial en el marco de la discusión por la reforma.
Tal como contó este medio, las diferencias entre FORJA y el MoPoF se agudizaron con el proyecto de necesidad de reforma constitucional impulsado por el gobernador Melella y aprobado por la Legislatura en diciembre de 2023. De hecho, fue el primer proyecto del oficialismo que Löffler rechazó.
La reforma fue congelada por el Superior Tribunal de Justicia el 6 de agosto de 2024, apenas días después de que Melella convocara a elecciones constituyentes para el 10 de noviembre de aquel año, a pedido del diputado Jorge Lechman, del bloque Somos Fueguinos.