CFK y Los cuadernos K; Javier Milei y el Libragate: contrastes y canchas inclinadas. La Constitución, el teatro y sus actores. La democracia, fuera de foco.
Borrosa. Llamó la atención la pésima calidad de la transmisión de la audiencia de CFK.
El avance del juicio oral de Los cuadernos K, con CFK como única imputada presente en la audiencia de este martes; las irregularidades groseras en la instrucción de la causa y el "siga, siga" del aparato judicial contrastan con lo que "el sistema" parece dispuesto a hacer con las últimas revelaciones del Libragate. La Justicia no se ve bien.
El tema es especialmente pertinente cuando el país se apresta a recordar el medio siglo del último golpe cívico-militar, que invita a hacer un balance de la calidad de la democracia que supimos construir y del estado de lo que debería ser su primer y más fundamental mandato: la vigencia de una institucionalidad razonablemente sana.
Cristina Fernández de Kirchner debe responder sobre la corrupción que, es evidente, hubo durante sus gobiernos, expuesta en las imágenes de los bolsos de José López y en muchas otras formas. Sin embargo, las normas del debido proceso deberían regir en lo que, se supone, es un país civilizado. La mala calidad de largos tramos de la transmisión de la audiencia de este martes fue toda una metáfora del carácter borroso de la Justicia federal.
Mientras, enfrente, el ministro de Justicia más "casta" que podría imaginarse, Juan Bautista Mahiques, exculpó al jefe de Gabinete por el escándalo Aero Adorni, salió a actuar como un abogado particular de Javier Milei -en febrero de 2025, en pleno estallido del caso $LIBRA, la confusión de atribuciones del entonces titular de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, mereció la interrupción de la entrevista que le hacía Jony Viale al Presidente por parte de Santiago Caputo- y reveló el modo en que planea operar para que la causa por la criptoestafa se caiga: usar la divulgación de la miríada de pruebas cajoneadas por el fiscal Eduardo Taiano para plantear la fantasía de una manipulación de esas evidencias.
¿Eso es lo mejor que tienen para decir Javier y Karina Milei de los registros de decenas de llamadas con el lobista Mauricio Novelli, de los borradores de contratos impropios para funcionarios públicos, de la coincidencia entre las anotaciones de coimas por cinco millones de dólares y los actos del jefe de Estado, y del audio en el que el "criptobro" menciona dos veces que hay que cumplir con un pago de "4000 para Karina"?
La Constitución de 1994 es maravillosa, tanto como lo fue en su hora su predecesora, la de 1853-1860. Sin embargo, no hay texto ni sistema que valga cuando la calidad de los actores que deben darle vida es tan defectuosa.
La Jefatura de Gabinete no es lo que pensó Raúl Alfonsín porque los sucesivos presidentes jamás aceptaron una atenuación de su poder. El Consejo de la Magistratura no funciona porque fue copado por intereses corporativos y porque fue utilizado como una herramienta de conchabo y protección para amigos, así como un arma arrojadiza contra rebeldes.
El problema de la falta de calidad democrática no radica en la Carta Magna, sino en los actores que deberían cumplirla.
La Argentina republicana demostró por enésima vez que la república no le interesa, sino apenas la destrucción del peronismo. Sus principales referentes lo dieron todo: desaparecieron de los lugares que solían frecuentar y callaron todo lo que pudieron sobre las revelaciones de $LIBRA, al filo de la indignidad, a la espera de que la caja de sorpresas que es el celular de Novelli deje de vomitar horrores. Todo pasa.
El Congreso, en tanto, está plagado –sí, esa es la palabra adecuada– de oportunistas que intercambian –tal vez esta no sea la palabra adecuada– sus votos de modo sorprendente.
La ciudadanía, por último, también es responsable de cerrar los ojos ante corruptelas de ayer, de hoy y de siempre en base a lo que Carlos Pagni suele describir, con ironía y acierto, como un "pacto mafioso": te dejo robar sólo mientras mi economía personal mejore.
"Me puedo morir presa con este Poder Judicial", denunció CFK.
En una excelente crónica publicada por Letra P, Martín Soler describió lo que ocurrió en la audiencia de este martes de modo preciso.
"En Comodoro Py –dijo–, donde las causas suelen escribirse en expedientes, en la mañana se escribió también otra cosa: un relato. No uno nuevo, sino la continuidad de una historia en la que la protagonista se niega a aceptar el papel que le asignan".
"Cristina Fernández de Kirchner habló como si el juicio fuera una tribuna. No pidió absolución; cuestionó las reglas del juego. No respondió preguntas; construyó un alegato. No se defendió en términos técnicos; atacó en términos políticos", remató.
Milei y sus ingenieros del caos habrán seguido esa parte de la jornada parándose en el último escalón previo al del escarnio: el otro es más ladrón que yo.
Sin embargo, la realidad es que esa causa está llena de irregularidades. Su timing eterno está hecho para que anime la previa de la elección presidencial del año que viene. Las acusaciones contra el dream team de la "patria contratista", quienes buscaron subterfugios para hacer pasar presuntas coimas por aportes de campaña, algo tan burdo que perforó la niebla de los tribunales. Cuadernos que no son tales, que fueron quemados y luego renacieron de las cenizas en forma de fotocopias, además señaladas por una pericia como adulteradas. La autoría llamativa de un chofer, Oscar Centeno, a quien se le dio por anotar todo lo que veía.
Más. Los aprietes del fiscal –en su momento largamente rebelde– Carlos Stornelli y el fallecido juez Claudio Bonadio a acusados que había que convertir en arrepentidos. La falta de las debidas constancias fílmicas de esas declaraciones. La ausencia de pruebas materiales concretas contra la principal acusada de asociación ilícita.
Esto no implica una defensa de la inocencia que alega CFK, a quien cuanto menos le cabe una responsabilidad política enorme por lo que ocurría abajo. Con todo, eso es una cosa y condenar, encarcelar e inhabilitar a una persona es otra, algo que requiere pruebas y un proceso justo.
"Recordemos que Eduardo Taiano", el fiscal de los cajones olvidados, fue quien "llevó la acusación contra Cristina en la cuestionadísima causa del dólar futuro, que terminó en sobreseimiento en la Corte Suprema", recordó Gabriela Pepe, periodista de Letra P.
La cancha está inclinada.
El representante de "la casta" judicial Mahiques hijo se prestó a entrevistas para sacar del fuego el hierro candente de la criptoestafa.
"Por mi rol de ministro, yo de causas en trámite no hablo", se excusó, lo que no le impidió admirar la "entereza" de Manuel Adorni para "reconocer el error" de sus correrías aéreas ni de declarar su "sorpresa" por el modo "ligero" en que se asume que el Presidente es culpable de todo lo que prueba el teléfono de Novelli.
Y lo más importante: como lo tapado por Taiano se filtró –algo que calificó de "grave"–, sugirió que esas pruebas podrían estar adulteradas, lo que, planea, podría llevar a la nulidad de la causa. Sería, de concretarse eso, el segundo escándalo del Libragate.
Paz Rodríguez Niell esclareció el modus operandi del ministro en La Nación. "La nulidad de un caso por su origen ilícito fue algo que Mahiques vivió en primera persona. A su favor. Fue así como él y quienes fueron sus coimputados consiguieron cerrar el caso por el viaje que hicieron jueces, el entonces ministro de Justicia de la Ciudad, un exespía y empresarios a Lago Escondido" a cuenta del Grupo Clarín, escribió.
"Esa causa, por 'dádivas' (la sospecha es que fueron con todo pago), se inició en Bariloche y el primer triunfo de los acusados fue conseguir que pasara a Comodoro Py. Allí, el juez Sebastián Ramos la anuló y los sobreseyó a todos con un fallo que, al filo de la feria judicial de 2023, el fiscal Ramiro González no apeló. El argumento fue que la causa se había iniciado por la filtración 'irregular' del manifiesto de vuelo del avión privado que llevó a los jueces al sur, cuyo 'derecho a la privacidad' se vio vulnerado. En Bariloche, los investigadores se habían cuidado de no usar los chats, de posible origen ilegal, en los que los participantes del viaje coordinaban su defensa pública una vez revelado el viaje. Pero de todos modos, cuando aterrizó el Comodoro Py el caso se cerró", completó.
A todo esto, ¿qué hay de la legalidad de los cuadernos fotocopiados?
Primero, la filtración periodística es un mecanismo de defensa social ante la acción de un fiscal y de un juez –Marcelo Martínez De Giorgi– que faltan a sus deberes. Segundo, es posterior a las pericias. Tercero, lo que se estudia es una copia del contenido de un dispositivo electrónico, lo que deja a salvo, como backup intangible, la versión original. Cuarto, la cadena de custodia del celular no tuvo vulneraciones.
"Me gustaría recordarle que usted es ministro de Justicia y no abogado defensor de alguna de las partes. Y que antes de hablar de 'imprudencias' ajenas, sería bueno que empezara por las de Milei y la Jefa", le recordó a Mahiques el diputado Maximiliano Ferraro, quien presidió la comisión investigadora del Libragate, que se busca reactivar con una nueva fase de actuaciones.
"Sería grave cualquier intento de interferir en la causa o de desviar su curso en busca de impunidad. La justicia tarda, pero llega", le advirtió el legislador de la Coalición Cívica.
El problema del Presidente y de la secretaria general, entre otros, es que la tormenta de $LIBRA ya no pasa sólo la vía judicial que pretenden obstaculizar, acaso con pronóstico favorable dadas como están las cosas en la Argentina.
Como abogado personal de Milei Hermanos, Mahiques puede afanarse todo lo que quiera en voltearla y hasta podría conseguirlo. Donde no tiene garantías, o no debería tenerlas, es en el plano político, donde debería importar la pistola humeante de las recientes revelaciones.
Un juicio penal va por un lado y debería sustentarse en pruebas y garantías procesales. Un juicio político, dice la Constitución, depende de que la Cámara de Diputados encuentre fundamentos para acusar y el Senado, para destituir "al Presidente, al Vicepresidente, al jefe de Gabinete de Ministros, a los ministros y a los miembros de la Corte Suprema" tanto por la comisión de "delito en el ejercicio de sus funciones", por "crímenes comunes" o por simple "mal desempeño".
La evaluación sería, justamente, política y no dependería de que Mahiques, que este martes cumplió con realizar una visita institucional a la Corte Suprema, sacara de la galera una nulidad como la que lo favoreció personalmente, pese a los chats que lo mostraban fraguando una justificación a la excursión patagónica mediante la generación de "alguna facturita" trucha para justificar los gastos.
Esto, desde ya, nos devuelve al problema original: la catadura moral de los hombres y las mujeres que, desde las instituciones, dan vida a la letra de la Carta Magna.