El proselitismo vuelve mientras el Presupuesto fija a quién va la plata. Nuevos aliados. Universidades, en la mira. Boleta única y Aerolíneas, la otra agenda.
Javier Milei rodeado de jóvenes en Córdoba.
Javier Milei, sacó el 74% de los votos cordobeses en el ballotage y todavía conserva una lata aprobación.
Plata y expectativas electorales, factores que determinan la dinámica política, son también los que marcarán la agenda de Javier Milei y su complicado vínculo con el Congreso en los últimos meses de su primer año de Gobierno. El ajetreado debate del Presupuesto 2025 y la anticipada campaña electoral que ya lanzó el oficialismo lo confirman.
Cash no hay, dice el Presidente, pero lo que recaude, poco o mucho, debe repartirse en el proyecto de la ley de leyes que presentó en el recinto de la Cámara Diputados y que empezará a tratarse en octubre, en reuniones semanales. La oposición tiene una lista de reclamos y Toto Caputo, como en la ley ómnibus, avisó que no quiere poner la cara. No es lo suyo.
La presentación del Presupuesto de Milei no logró la mística esperada y, tal vez por eso, el martes en la reunión de la mesa política en la Casa Rosada, se decidió iniciar la campaña electoral, con actividades que el oficialismo desplegará en todo el país, con o sin el Presidente.
La excusa fue la confirmación de la personería jurídica de La Libertad Avanza (LLA) como partido nacional, con cinco distritos inscriptos. La foto en el balcón de Karina Milei, Santiago Caputo y Guillermo Francos, fue la postal de largada de una nueva etapa, en la que el Gobierno necesita no descuidar el electorado que lo llevó a ese lugar.
Para eso, el Caputo consultor definió una polarización con el kirchnerismo, acotada a debates económicos y sin republicanismo PRO. El asesor apuesta a la disolución definitiva del resto de las fuerzas políticas, que deberían elegir de qué lado estar. Cristina Fernández de Kirchner y su hijo Máximo Kirchner no ven un panorama muy diferente.
El relanzamiento de LLA -que hasta tiene un flamante vocero para cuestiones partidarias- será en Parque Lezama, con Milei arriba del escenario, y continuará en otros lugares del país. Karina está a cargo de la agenda y el Presidente no será siempre de la partida. El Jefe será acompañada por la dirigencia local y Menem, quien debe lidiar con los debates legislativos que se vienen: Presupuesto, agenda electoral y Aerolíneas Argentinas.
La rutina libertaria de las mesas políticas, similar a la que aplicaba Mauricio Macri, empieza los lunes con reuniones de referentes de la cámara baja de LLA y el PRO. Fue un pedido del expresidente y, curiosamente, no asiste nadie del Senado.
Sin Milei, Francos es la figura central de la Casa Rosada en estas tertulias, en las que se define la agenda legislativa de la semana. Tampoco participan otros sectores de la oposición dialoguista, como la UCR, que tiene la llave del cuórum en el recinto.
Milei quiere sumar al radicalismo y por eso armó el asado a la romana en la Quinta de Olivos con los "87 héroes" que blindaron el veto a la reforma previsional, en el que repitió sus prédicas fiscales, pero se movió como un político clásico: habló poco y buscó camaradería entre los comensales.
Aunque pasó por alto, además de un agradecimiento por sostener el veto a la reforma previsional, la cena fue el primer capítulo del relanzamiento político de Milei, en este caso para buscar o consolidar aliados. Son todos bienvenidos a Las Fuerzas del Cielo mientras acepten correr desde atrás.
El diputado Mariano Campero fue el único radical que pisó la residencia presidencial, después de reunirse con su bloque y confirmar que no se va a ningún lado. Los otros cuatro diputados que votaron con el Gobierno y se fotografiaron con Milei en la Casa Rosada se quedaron discutiendo con sus correligionarios en el quinto piso del edificio anexo y lograron una mayoría para quedarse.
Ese mismo consenso ratificó a Rodrigo De Loredo como jefe. El cordobés quedó satisfecho porque dejó a todos entrampados. Martín Menem quería ampliar el interbloque oficialista en los papeles y no pudo. Y los 11 radicales que buscaban echar al presidente de la bancada quedaron en minoría. Deben definir estos días si arman un bloque propio: sólo cuatro responden a Martín Lousteau y el resto son outsiders, sin jefe y sin tierra.
El Gobierno está asustado por la marcha universitaria en rechazo al eventual veto a la ley que aumentó el presupuesto para las casas de altos estudios. Ya tiene fecha: el 2 de octubre, justo cuando Menem quiere abrir el recinto. El jefe del bloque de Diputados de LLA, Gabriel Bornoroni, cercano a Karina, le pidió consejos al exministro de Educación, Alejandro Finocchiaro.
El diagnóstico entre los propios y aliados se repitió: si Milei tiene que negociar con las universidades, que lo haga antes de una escalada del conflicto. “A los rectores no les gustan las manifestaciones, porque se les infiltran grupos que luego no pueden controlar”, explicó Finocchiaro.
En la mesa política hubo funcionarios que prometieron convencer al Presidente de acompañar el veto con un refuerzo a las arcas de las casas de altos estudios, pero no lo lograron. La única propuesta fue avanzar contra el rector de la Universidad de Chaco, Germán Oestmann, peronista y procesado por corrupción.
El Gobierno olvida un detalle que puede deslegitimar la estrategia: el antecesor a Oestmann, Omar Yudis, tuvo que renunciar por denuncias similares en 2017 presionado por Finocchiaro y también por la entonces secretaría de Políticas Universitarias, Danya Tavela, actual diputada de la UCR y autora del proyecto que Milei quiere vetar.
La otra pata de la discusión legislativa es la electoral, con el dictamen en Diputados del proyecto Ficha Limpia, que impide la oficialización de candidaturas de quienes tengan condena por corrupción. El texto definitivo será corregido en el recinto, donde el debate será cuánto poder tendrán los jueces para definir el armado de las listas electorales.
Unión por la Patria pide no innovar: que sólo en los casos con sentencia firmada por la Corte se aplique la proscripción. Las ONG que promueven la ley exigen que una condena por corrupción en primera instancia impida la búsqueda de fueros. El consenso entre LLA, el PRO y la UCR fue que la prohibición para competir sea con sentencia en segunda instancia, lo que empodera al tribunal de Casación Penal, que tendría en las manos el destino electoral de Cristina Fernández de Kirchner.
Uno de los miembros del tribunal es Gustavo Hornos, acusado por violencia de género. El kirchnerismo intentará avanzar en el Consejo de la Magistratura contra el juez y en la sesión de ficha limpia lo pondrá como ejemplo de quiénes tendrán en sus manos las futuras candidaturas.
Otro debate será por la ampliación de los delitos, para que la proscripción no se aplique sólo en casos de corrupción. En el PRO, partido promotor de esta ley, se encendieron las alarmas. “Si tomamos la proscripción en primera instancia, como piden las ONG, y ampliamos los delitos, sí estamos haciendo un gobierno de jueces”, advierten. De todos modos, en el Senado no están los números para la sanción.
La otra discusión abierta es sobre el sistema electoral. El Senado aprobó con cambios la aplicación de la boleta única de papel. Por pedido del gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, se eliminó la opción de votar lista lista completa.
En el PRO hicieron saber qué esa modificación no pasa en Diputados y tienen el respaldo de una parte de la UCR y de Encuentro Federal. El más interesado en insistir con esa opción es el Gobierno, por la atracción de la figura de Milei, pero no la tiene fácil. Sin UP y los partidos provinciales, cualquier acuerdo necesita consenso casi unánime. Francos dice que necesita la ley rápido para llamar a licitaciones. Karina y Menem tienen otras urgencias.
En la oposición dialoguista surgieron las sospechas de siempre: que el Gobierno no quiere la boleta única, porque se dice que a los oficialismos no les conviene. En la Casa Rosada lo niegan, aunque no ocultan la molestia de que Victoria Villarruel quiera adjudicarse la ley, que en verdad se originó en 2022.
También hay dudas sobre la intención de Milei de sancionar el Presupuesto o volver a trabajar con la prórroga del de 2023. En la oposición creen que el Presidente podría enredarse si va por ese camino, porque la legislación no dice cómo actuar si hay dos años consecutivos sin una sanción de la ley de leyes. Es algo que nunca ocurrió.
El cronograma de tratamiento tendrá ocho reuniones semanales en la comisión de Presupuesto de Diputados, con no más de dos funcionarios por jornada. Empezarán el 1 de octubre y hay dos ministros que no quieren dar la cara: Caputo y Sandra Pettovello (Capital Humano).
UP y Encuentro Federal exigirán la presencia del ministro de Economía para embarrar la primera reunión, a la que asistirán los secretarios Carlos Guberman (Hacienda) y Pablo Quirno (Finanzas). Caputo anticipó en el encuentro con las espadas legislativas de LLA que aceptaría reubicar partidas, si no implican gasto público.
Desde su despacho, Caputo no la tendrá fácil porque la lista de reclamos ya es larga. Por caso, Encuentro Federal volverá a la carga para revisar las excepciones fiscales, que de eliminarse permitirían repartir casi cinco puntos del PBI. Es mucha plata y hay intereses en juego como los de la Justicia o de las empresas con beneficios radicadas en Tierra del Fuego. También siguen el tema cooperativas y aseguradoras de renombre.
Los gobernadores no se tomaron en serio el pedido de ajuste de u$s 60 mil millones. “Es casi la suma de todos los presupuestos provinciales juntos”, bromeó un diputado opositor el lunes. Los mandatarios aceptan que no hay plata, pero piden criterios de reparto para los subsidios y coparticipar lo que se pueda: los impuestos al cheque y a los combustibles están al tope de la lista.
Además, los gobernadores reclamarán la asistencia a las cajas previsionales de las provincias, que Milei dejó sujeta a auditorías que siempre lo dan ganador. El Gobierno denunció giros el año pasado a algunos distritos por encima de los déficits a cubrir. Si la discusión escala, amenaza con juducializarla. De hecho, en una de sus visitas al Congreso, Guberman dijo que algunos gobernadores rechazaron las auditorías por temor a quedar en falta.
Tampoco convence en la oposición dialoguista el aumento de 100% en la recaudación por derechos de exportaciones que figura en el Presupuesto 2025, sin una devaluación brusca y con las cotizaciones en baja. “El salto se da porque este año no liquidó a nadie porque Sergio Massa les pidió adelantar todo en la campaña”, fue la excusa de Guberman ante una comitiva del PRO.
El jueves, el titular de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas, Pablo Biró, se reunió con miembros del bloque de Unión por la Patria de Diputados para resistir el intento de privatizar la compañía, empujado por un proyecto de ley del diputado Hernán Lombardi, del PRO.
En la cámara baja la idea pasó el filtro de la ley Bases, pero se trabó en el Senado, por presión del radical fueguino Pablo Blanco, a quien no le garantizaron la continuidad del vuelo a Río Grande, su ciudad.
Biró ganó esa batalla con una fuerte presión en los aeropuertos a los legisladores y volverá a jugar de la misma manera. El diputado socialista Esteban Paulón llamó a sus pares de Encuentro Federal para organizar una reunión con el dirigente que paraliza los vuelos por un reclamo salarial.
En UP llevan el tema diputados de extracción sindical, como Mario Manrique (Smata) y Vanesa Siley (judiciales). Ante ellos, Biró acusó al presidente de Aerolíneas, Fabián Lombardo, de cometer un sincericidio: “Me dijo que la plata para los aumentos está, pero que es un tema político”, sostuvo.
Menem cree que los votos para aprobar la privatización de la compañía aérea están sobrados, pero la presión del gremialista puede torcer la historia. La estrategia libertaria terminará de definirse el lunes, día de la mesa política libertaria. Son otros tiempos.