Lo definió la mesa política del Gobierno, que busca aminorar el impacto de una marcha contra el veto. Procesamiento por corrupción en Chaco. Una ley, la traba.
Germán Oestmann, el rector que pediría echar Javier Milei.
Preocupado por una nueva manifestación masiva en contra de un eventual veto a la ley que aumenta el presupuesto de las universidades, el presidente Javier Milei instruyó a su equipo político a forzar el desplazamiento del rector de la Universidad Nacional del Chaco Austral (UNCAus), Germán Oestmann, procesado por delitos de corrupción.
El objetivo es exhibir al académico como prueba de presuntos manejos fraudulentos en la administración de las universidades y deslegitimar la marcha masiva que preparan en todos los claustros para exigir que se sostenga la norma sancionada la semana pasada en el Senado, que aumenta los gastos de funcionamiento y los salarios.
El debate en el Gobierno es si avanzan con una ley o apelarán a la presión política para forzar la renuncia de Oestmann, como ya ocurrió en 2017 con su antecesor, Omar Yudis, quien había sido ministro de Infraestructura del gobierno del peronista Jorge Capitanich. El actual rector también se identifica con el PJ.
La decisión de exigir su desplazamiento se tomó el martes, en la reunión de la mesa política que comparten el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, con el monitoreo de Karina Milei y Santiago Caputo. Como explicó Letra P, el lunes, durante el encuentro de los referentes de la Cámara de Diputados, hubo consultas del oficialismo al PRO sobre el posible alcance de una marcha universitaria.
En la Casa Rosada hay preocupación de una convocatoria similar a la del 23 de abril, cuando se poblaron las plazas de todo el país para exigir un aumento del presupuesto universitario. Fue la única vez que Milei puso marcha atrás y dispuso un incremento de las partidas para evitar que la movilización se repitiera.
En la mesa política del martes surgieron los temores sobre una manifestación universitaria masiva, que pueda erosionar la imagen presidencial. Como ocurrió con la reforma previsional, volvieron las propuestas de un veto parcial. Consistiría en dejar firmes los aumentos de gastos de funcionamiento y delegar en las paritarias la discusión salarial, como sugiere el proyecto en uno de sus artículos.
Sin embargo, el planteo de Milei fue claro: veto total y combate contra el déficit fiscal. La otra alternativa era algún refuerzo presupuestario que al menos contente a las autoridades universitarias y los motive a desactivar la movilización en contra del veto. Tampoco prosperó. "En abril se les aumentó un 270% y no logramos evitar otro conflicto. Ahora plata no hay", sostuvo ante Letra P un diputado libertario que participa de la negociación.
El reclamo volvió por el retraso en la actualización de los salarios, que representan la mayor parte del presupuesto universitario y, según los referentes de la oposición que promovieron la ley, en algunos casos ni siquiera cubren la canasta básica de alimentos.
La norma que Milei quiere vetar dispone un incremento en sueldos y gastos operativos de las casas de altos estudios con retroactividad a enero y hasta diciembre de 2024. Según la oficina de Presupuesto del Congreso, representa un costo de 0,14% del PIB, aunque podría replicarse el año próximo si prosigue la indexación.
Oestmann se convirtió en el objetivo del Gobierno para al menos quitarle algo de legitimidad al reclamo universitario. El rector de la UNCAUS fue procesado en abril por el juez federal Aldo Alurralde, quien lo acusa de corrupción y fraude a la administración pública, en una causa que investiga el desvío de fondos del Estado a fundaciones y empresas de familiares y amigos.
Por motivos similares era investigado su antecesor, Yudis, quien renunció en 2018 por presión del gobierno de Cambiemos a través dos funcionarios que hoy integran la Cámara de Diputados: el entonces ministro de Educación Alejandro Finocchiaro (PRO) y quien tenía a cargo la Secretaría de Políticas Universitarias, Danya Tavela (UCR).
Para evitar la intervención, que requiere una ley del Congreso, Finocchiaro y Tavela ejercieron presión política para que Yudis renunciara. Uno de los más interesados en su salida fue el entonces gobernador Capitanich, para evitar ser acusado por los desmanejos de su exministro.
Una salida que ahora evalúan en el PRO es presionar al Consejo Superior de la UNCAus para que fuerce la renuncia de Oestmann y asuma su vicerrector, Manuel García Solá, un académico que tuvo cargos en el gobierno de Carlos Menem, el expresidente venerado por Milei. La definición, de todos modos, estará signada por el nivel de conflicto que busque la Casa Rosada.
El encargado de ejecutar cualquier decisión es Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias, que reporta al Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello. El dilema es si se ejercen los fierros comunicacionales de Caputo para acorralar al rector o se promueve un debate legislativo que se superponga con el tratamiento del veto a la ley de presupuesto universitario, que el Gobierno confía en sostener con los 87 votos que le permitieron evitar la promulgación de la reforma previsional.
En Chaco, el destino de la UNCAus se discute en la política. Un grupo de legisladores de Juntos por el Cambio presentó un proyecto de resolución para pedir que el Congreso avance en una intervención, que fue repudiado por el bloque justicialista de Diputados.
Fuentes del radicalismo en el Congreso creen que el destino de Oestemann no incidirá en el reclamo. "Es una universidad marginal, mal vista por todos y sin vínculo con el resto de los rectores. Se le pedirá a Álvarez que se arregle en la justicia y listo", simplificó una diputada del partido centenario.