El diputado Mariano Cuvertino puso sobre la mesa la división de fondos. Aunque asegura que no quiere apurar los tiempos del debate, muestra las cartas del PS.
Santa Fe: el socialismo quiere discutir cómo se reparte la plata a los municipios
El socialismo empezó a agitar una de las discusiones pendientes más picantes tras la reforma constitucional de Santa Fe. El diputado provincial Mariano Cuvertino manifestó la necesidad de revisar el sistema de coparticipación a municipios y anticipó algunos de los criterios que querrá imponer en la discusión sobre cómo se reparte la plata en la bota.
El debate toca una fibra sensible: cuánto de la torta queda en manos de las localidades y, sobre todo, cómo se distribuye entre ellas. “No es un debate de números, porque si yo divido con un porcentaje, no estoy atendiendo de la misma manera la necesidad que puede tener una localidad del norte respecto a la del centro de Rosario”, explicó Cuvertino a Letra P.
La apuesta, dice, es pasar de una pelea por coeficientes a otra sobre las “necesidades y posibilidades” de cada gobierno local.
El reparto -ahora puesto en tensión- tiene su columna vertebral en una ley sancionada hace más de 50 años, que incluso conserva la vieja división entre municipios y comunas que eliminó la nueva Constitución.
Para los fondos que Santa Fe recibe por coparticipación federal, el esquema termina destinando a los gobiernos locales alrededor del 13,5%. Del total, un 8% se reparte entre los municipios. Sobre el remanente, un 3% va a las antiguas comunas y el adicional se distribuye exclusivamente entre Rosario y la capital provincial.
El esquema, sin embargo, no termina ahí: el Impuesto Inmobiliario y el de Patentes, por ejemplo, tienen sus propios mecanismos de reparto para llegar a las localidades, lo que eleva la participación efectiva en torno a un 15%.
Para Cuvertino, justamente ese parcelamiento es un eje del problema. El sistema actual, sostiene, es “anacrónico, fragmentado e incoherente” y ya no se ajusta a las funciones que fueron asumiendo los gobiernos locales ni al nuevo escenario abierto por la autonomía municipal.
El socialista no es el único que viene pidiendo barajar y dar de nuevo. Desde el peronismo, uno de los que vocifera intermitentemente por el tema es el intendente de Funes, Roly Santacroce, que suele contrastar lo que reciben las localidades santafesinas con los esquemas de Córdoba, fijados en torno al 20%. Al interior de Unidos, Alberto Ricci, intendente de Villa Gobernador Gálvez, planteó algo similar meses atrás.
Alejado de la sombra mediterránea, porque para Cuvertino comparar Santa Fe con Córdoba es como comparar peras con manzanas, el también secretario de Organización del PS sostiene que la discusión tiene que salir de lo porcentual para enfocarse en cómo se reparten los recursos.
El corazón de la propuesta está en las necesidades estandarizadas de gasto: calcular cuánto requiere cada gobierno local para garantizar un nivel comparable de servicios.
El desafío no es menor en una provincia atravesada por fuertes asimetrías territoriales. Según los datos citados por Cuvertino, la brecha en calidad de vida llega a ser hasta 6,6 veces mayor entre localidades de la zona núcleo y otras del norte santafesino.
La búsqueda es que la fórmula pueda contemplar esas realidades, pero sin castigar a quienes tienen mayor capacidad recaudatoria. “Tiene que ver con lograr una solidaridad contributiva para buscar equilibrar el desarrollo productivo de la provincia”, explicó el dirigente a este medio.
El esquema se completaría con un organismo técnico autónomo y representación de toda la provincia, encargado de coordinar el sistema y revisar los criterios cuando sea necesario. Los detalles, por ahora, siguen sin revelarse: el referente de Demos -uno de los espacios del lifchizismo capitalino- aseguró que trabaja con su equipo en propuestas concretas, pero todavía no hay una fórmula cerrada.
La reforma, sin embargo, dejó un reloj corriendo: la nueva ley de coparticipación deberá estar sancionada para septiembre de 2027, según lo dispuesto por las cláusulas transitorias.
Así, el plazo mete presión, pero en Unidos, dice Cuvertino, no quieren que una discusión tan sensible quede atravesada por la campaña electoral. “Creo que no puede votarse el semestre que viene”, sostuvo.
Para el diputado, una ventana razonable se abrirá después de las elecciones provinciales, con margen todavía para intentar cumplir con el mandato constitucional. “Creo que es posible llegar y, si te demorás uno o dos meses más, tampoco es la muerte. Lo importante es poder obtener esta ley”, planteó.
Ese mismo margen, sin embargo, es el que hizo llamar la atención sobre por qué el diputado decidió traer ahora la discusión a colación. Mientras Cuvertino sostiene que el momento responde al aniversario de la reforma constitucional, otros leen que la anticipación también puede servirle para empezar a posicionarse personalmente de cara a otra discusión mucho más cercana: la del Presupuesto provincial 2027.
El indicio que alimenta esa lectura está en su propio perfil: integra las comisiones de Presupuesto y Análisis Tributario y suele ser una de las voces del socialismo en el tema.
Por ahora, todo corre por cuenta del PS, o al menos de una de sus tribus internas. La discusión todavía no llegó formalmente a la mesa de Unidos y el partido tampoco definió si buscará llegar a esa instancia con un proyecto bajo el brazo o si la letra se cocinará desde el arranque con sus socios.
La incógnita no es menor por los antecedentes recientes. En la discusión electoral, el socialismo consiguió que buena parte de su texto terminara funcionando como base del código y también buscó tallar fuerte en la nueva Ley Orgánica de Municipios. La coparticipación asoma ahora como el próximo terreno donde el partido de la rosa buscará hacer pesar su mirada.
“No lo acordamos aún, pero nos interesa poder ser parte central de la discusión y hacer aportes considerables”, simplificó Cuvertino.
Hay, además, un antecedente a esquivar. La reforma constitucional nacional de 1994 ordenó sancionar un nuevo régimen de coparticipación antes de fines de 1996. Treinta años después, sigue pendiente.
La apuesta es evitar esa mora y volver a encontrar el consenso que viene logrando, aunque con roces, en la Legislatura. Esta vez, con una diferencia nada menor: lo que está en juego son recursos o, en criollo, mucha plata.
