Alberto Ricci y Pablo Corsalini piden que la provincia garantice por ley los fondos para los municipios. Las coincidencias más allá de la grieta.
Un peronista y un socialista cierran la grieta en Santa Fe. A la izquierda, Pablo Corsalini, intendente de Pérez, a la derecha, Alberto Ricci, mandatario de Villa Gobernador Gálvez.
El debate por la Ley de Municipios en Santa Fe sumó una presión inesperada desde los territorios. El socialista Alberto Ricci y el peronista Pablo Corsalini, intendentes de Villa Gobernador Gálvez y Pérez, respectivamente, coincidieron en reclamar que la provincia garantice por ley los recursos que reciben municipios y comunas.
Ambos alcaldes consideran que se trata de un punto clave para que la autonomía municipal consagrada por la reforma constitucional pueda hacerse efectiva. Aprovechando el empantanamiento legislativo del proyecto impulsado por el Ejecutivo, resolvieron marcar posición antes de que el gobierno de Maximiliano Pullaro envíe a la Legislatura la futura ley de coparticipación provincial.
Pese a pertenecer a espacios políticos enfrentados -Ricci ficha en Unidos y Corsalini en el PJ-, comparten un diagnóstico sobre la situación financiera de los gobiernos locales. Coinciden en que la estabilidad económica de los municipios depende en gran medida del vínculo político que cada intendente o jefe comunal pueda construir con la Casa Gris, más allá de quién gobierne la provincia.
Con ese punto de partida, y en un contexto de caída de la recaudación producto de la retracción del consumo y la reducción de impuestos, ambos dirigentes buscan instalar el debate sobre los recursos antes de que avance la discusión legislativa.
La nueva Constitución santafesina consagró la autonomía municipal y encomendó a la Legislatura la sanción de dos leyes clave para hacerla efectiva: la Ley Orgánica de Municipios —actualmente en debate— y la Ley de Coparticipación provincial, que todavía no tiene fecha de tratamiento.
Los municipios y comunas reciben transferencias provenientes de impuestos coparticipables nacionales, como el IVA o el impuesto a las ganancias, y de tributos provinciales como Ingresos Brutos, sellos o patentes. En un escenario donde la recaudación nacional cayó por séptimo mes consecutivo en febrero y el gobierno de Javier Milei promete continuar con la reducción de impuestos, en las administraciones locales comenzaron a encenderse las alarmas.
Ricci propone aumentar el porcentaje de recursos coparticipables que reciben municipios y comunas. Según estima el intendente de Villa Gobernador Gálvez, actualmente representan menos del 15% de los fondos que la Nación transfiere a la provincia. Para el dirigente socialista, ese porcentaje debería elevarse al menos dos puntos para acercarse a un esquema similar al de Córdoba, donde los municipios reciben alrededor del 20% de las transferencias nacionales.
Aunque el planteo excede el debate actual, Ricci trasladó esta preocupación a los senadores de Unidos en una reunión que tuvo como eje la discusión por la Ley de Municipios.
El intendente aclara que no cuestiona su relación política con Pullaro, pero advierte que los gobiernos locales quedan atrapados en una lógica de dependencia permanente de la provincia. Según señala, más de 50 mandatarios santafesinos ya solicitaron adelantos de coparticipación para poder afrontar gastos corrientes.
Corsalini, por su parte, plantea otra alternativa para fortalecer el financiamiento municipal: incorporar al esquema de reparto automático algunos fondos que actualmente se distribuyen mediante programas específicos. Ricci coincide con ese diagnóstico.
“Hoy la provincia tiene programas para los municipios como la Ley de Obras Menores o el Plan Brigadier. Estos recursos le corresponden a cada municipio por índices. Lo que pedimos es que esos fondos se garanticen dentro de la coparticipación, durante el primer semestre, para que podamos planificar el año y no dependamos de la presentación de proyectos, que muchas veces se destraban con acuerdos políticos”, explica Corsalini.
El intendente de Pérez trasladó esta propuesta a la diputada Lucila De Ponti, del Movimiento Evita, durante una reunión que mantuvieron el lunes pasado.
Como contó Letra P, bajo la tutela de Omar Perotti, el justicialismo se abroqueló para empiojar la ley enviada por el Ejecutivo. Sirviéndose de los desacuerdos dentro de Unidos —que obligaron a postergar el tratamiento—, el peronismo presentó su propio proyecto de ley en Diputados.
La iniciativa, firmada por las ocho de las nueve sillas del interbloque justicialista, recoge algunos de los planteos de dirigentes territoriales como Corsalini. Entre otras medidas, propone elevar de manera transitoria el piso coparticipable al 20% hasta que se sancione la nueva ley provincial.
“Perdieron un mes discutiendo lo del viceintendente que era lo menos importante y solo aplicaba a Rosario y Santa Fe. Lo que quieren los intendentes, de ellos (Unidos) y nosotros, es saber con cuántos recursos van a contar para hacerse cargo de las nuevas facultades”, comentó a Letra P una legisladora del peronismo.