Pedirá sesión especial para tratar el proyecto de Mayans. Rebajaría los ingresos en la cámara alta, pero aún más en los de la Justicia y el gabinete.
José Mayans, jefe del bloque de Unión por la Patria en el Senado.
José Mayans, jefe de Unión por la Patria, que no pudo tratar el DNU de la SIDE
José Mayans, jefe del bloque UP del Senado.
La polémica por el valor de las dietas en el Senado seguirá: referentes kirchneristas de esa cámara pedirán una sesión especial para tratar un proyecto de ley que promueve igualar los ingresos de representantes del Congreso al del presidente y los miembros de la Corte Suprema. El resto de los funcionarios del Estado deberían ganar menos.
La iniciativa es de autoría de José Mayans, jefe de Unión por la Patria (UP). Como anticipó Letra P, fue presentada el 8 de marzo. Intentarán llevarla al recinto esta semana o la próxima. Podría significar una reducción de las dietas en el Senado, aunque más perderían en el gabinete nacional y en tribunales.
El proyecto establece un límite en las retribuciones para las máximas autoridades del país, que sería de veinte salarios mínimos, vitales y móviles (SMVM). Abarcaría a presidente, vicepresidente, miembros de la Corte Suprema, integrantes del Senado y Diputados; procurador general, miembros del Consejo de la Magistratura y de la Auditoria General, al defensor del pueblo de la Nación y al personal del servicio exterior.
Con la última actualización, el SMVM es de 202.800 pesos, por lo que la remuneración para la política sería de cuatro millones de pesos. En el Congreso, los haberes tienen el descuento del Impuesto a las Ganancias.
Como explicó Letra P, con la resolución aprobada el jueves, en el Senado percibirán cuatro millones de pesos en mano, después de liquidar impuestos, por lo que el proyecto de Mayans significaría un retroceso para "la casta".
También perderían ingresos los cuatro jueces de la Corte, cuyos haberes superan los 20 SMVM -no todos ganan igual- y se benefician con ingresos extras y exenciones impositivas.
El Presidente gana una cifra similar a la que dispone este proyecto y definió congelarla en marzo. Sí se golpearía el bolsillo de figuras del Gabinete, porque establece un tope de 15 salarios mínimos para ingresos de titulares de ministerios, secretarías, subsecretarías y otros cargos equivalentes en entidades públicas. No podrían superar los tres millones de pesos, un monto por debajo del que ganan funcionarios como el vocero presidencial, Manuel Adorni. Superan estos ingresos directores de organismos o empresas del Estado como el Banco Nación e YPF.
La iniciativa de Mayans limita además a 15 salarios mínimos los sueldos de miembros de otros organismos públicos como el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). También sería el tope de haberes de magistrados y funcionarios del Poder Judicial, del Ministerio Público de la Defensa, del Ministerio Público Fiscal y del Poder Legislativo.
El proyecto de Mayans excluye de la regulación salarial a personal de reparticiones y organismos mencionados, quienes seguirán determinando sus salarios con su Convenio Colectivo de Trabajo.
Se contempla además que el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil emita un dictamen que fije las escalas salariales para representantes de los tres Poderes del Estado, quienes podrán tener representantes, pero sin derecho a voto.
“El objetivo de esta ley es que nadie deba definir más en el Estado deba definir sobre su propio sueldo”, explicó a Letra P una fuente del kirchnerismo.
En Diputados, Miguel Pichetto, de HCF, presentó una iniciativa similar, que pone el mismo tope salarial a los cargos jerárquicos del Estado, aunque los indexa a la movilidad jubilatoria. El mismo método de actualización proponen en otras iniciativas María Eugenia Vidal (PRO) y Carlos D’Alessandro (La Libertad Avanza).
Unión por la Patria no presentó proyectos sobre dietas en la cámara baja y defienden la resolución derogada, que indexaba a los aumentos de empleados públicos. En el Senado el plan es otro. De prosperar el proyecto de Mayans, sería necesario derogar la resolución aprobada el jueves pasado. Ya hay iniciativas del PRO y LLA que lo proponen.