Mientras el Congreso y los gobernadores se consolidan como la oposición a los proyectos del gobierno de Javier Milei, quien se ve obligado a dialogar con otros espacios para lograr la aprobación de sus propuestas, figuras políticas, sociales y culturales realizaron una presentación en el Congreso con un pedido de juicio político contra el Presidente.
Presentaron un pedido de juicio político contra Milei por "posible comisión de delitos"
Este lunes se presentó formalmente en el Congreso un pedido de juicio político contra el presidente Javier Milei por mal desempeño de sus funciones y posible comisión de delitos.
En un escrito de 25 páginas solicitaron al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, el inicio del proceso de juicio político contra el jefe de Estado. El pedido lleva la firma del premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel; la referente de Soberanxs y exembajadora en Venezuela y ante el Reino Unido, Alicia Castro; el constitucionalista Eduardo Barcesat; el exjuez Carlos Rozanski; la referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Taty Almeida; el politólogo Atilio Borón; el economista Claudio Lozano; el sociólogo y periodista Jorge Elbaum; la investigadora Dora Barrancos; la secretaria de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidades de La Matanza, Liliana Hendel; el presidente del Observatorio del Derecho a la Ciudad, Jonatan Baldiviezo y la ingeniera y referente del Movimiento la Ciudad Somos Quienes La Habitamos, María Eva Koutsovitis, entre otros y otras.
En la presentación, solicitaron que el Congreso de la Nación investigue "tanto al Presidente como a otros funcionarios por los posibles delitos de: instigación a la población a cometer uno o más delitos específicos; apología del delito y la incitación a cometer delitos financieros con la posible afectación a la división de poderes; la posible comisión del delito de apología del crimen; el delito de abandono de personas y el incumplimiento de deberes de funcionario público que tuvieron como algunas de sus consecuencias el desfinanciamiento y el desmantelamiento los recursos asignados al Plan Nacional Argentina Contra el Hambre poniendo en peligro la vida y la salud de miles de personas que asisten cotidianamente a los comedores comunitarios así como también la suspensión de la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (la DADSE) que implicó el desfinanciamiento de los subsidios para la adquisición de medicamentos y/o elementos de tecnología biomédica para pacientes oncológicos; la malversación de caudales públicos; mal desempeño por el desfinanciamiento de la educación, entre otros puntos entre los que hay también cuestiones vinculadas a la política exterior y la soberanía territorial".