Al poderoso secretario jubilado lo reemplazan dos funcionarios con áreas loteadas. Más control de los ministros. Las tensiones sin resolver.
La Corte de Santa Fe desmonta el sistema de poder de Gutiérrez y Bordas con un doble comando
El recambio generacional de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe llegó a la estructura de gobierno interno del Poder Judicial. La jubilación de Eduardo Bordas, mano derecha del cortesano Rafael Gutiérrez e histórico secretario de Gobierno, que durante años concentró la administración de áreas vitales, aceleró una redefinición de descentralización de poder dentro de la Corte.
El esquema, que durante décadas funcionó bajo una conducción altamente centralizada, ahora se divide en dos y se cierra un ciclo de más de tres décadas en el que una sola firma concentró el pulso administrativo, político y operativo del Palacio de Justicia.
La decisión quedó plasmada en una acordada que distribuye las funciones que ejercía Bordas entre dos perfiles con anclaje territorial distinto. Pablo Gómez, heredero natural de Bordas y afín a Gutiérrez, asumirá responsabilidades sobre las tres circunscripciones del centro norte: Santa Fe, Rafaela y Reconquista. Carlos Crespo, quien cumplía funciones como secretario letrado de la Corte y más cercano al cortesano rosarino Daniel Erbetta y en buena sintonía con Jorge Baclini y Margarita Zabalza, hará lo propio en Rosario y Venado Tuerto.
Durante años, el funcionamiento interno estuvo concentrado en la ciudad de Santa Fe. Bordas manejaba una estructura que incluía la administración económica: presupuesto, licitaciones, compras y ejecución de recursos; el manejo del personal, un área clave en una estructura con miles de empleados donde cada designación tiene impacto político; la cuestión informática, cada vez más estratégica en tiempos de digitalización judicial; y el frente edilicio: mantenimiento, obra pública y proyección de nuevos edificios, con dos focos centrales en la agenda próxima: Casilda el 16 de junio y la ciudad de Santa Fe el 30 de este mismo mes.
El cambio no es solo administrativo. También es político. La salida de Bordas implica un corrimiento del esquema que durante años orbitó alrededor de la vieja guardia cortesana. En ese diseño, varios ministros —como el presidente de la Corte, Rafael Gutiérrez, Eduardo Spuler, Roberto Falistocco y Rubén Weder— se movían “detrás” del secretario, que ejecutaba, ordenaba y, en muchos casos, definía.
Su influencia trascendía incluso a los propios ministros de la Corte, muchas veces con información y definiciones que no elevaba. Todo eso sucedía desde la capital provincial, con una única visita por semana, los jueves, a Rosario, la jurisdicción más grande de la provincia. En términos pragmáticos, ya era un esquema imposible de sostener, pero la decisión de descentralizar también significa para los cimeros recuperar poder sobre la gobernanza de los tribunales provinciales.
Fuentes judiciales sostienen que la salida del histórico funcionario comenzó a revelar información que permanecía concentrada en la Secretaría de Gobierno. En distintos sectores del Poder Judicial aparecieron interrogantes sobre cargos creados y vacantes, estructuras administrativas y decisiones cuya trazabilidad dependía casi exclusivamente de esa oficina. La descentralización que ahora impulsa la Corte aparece como una respuesta a ese esquema.
La discusión volverá a aparecer en los próximos meses, cuando el recambio de magistrados se complete hacia fin de año. Como contó Letra P, la jubilación de Roberto Falistocco y Rafael Gutiérrez está prevista para el mes de noviembre. Ambos así lo han declarado expresamente, aunque aún no pusieron la firma por escrito.
Para ambos, un momento clave en su carrera, que no se querían perder, sucederá el próximo martes 30 de junio, día previsto para la inauguración de la ampliación de los Tribunales de la ciudad de Santa Fe. El acto podría transformarse en una vidriera de la nueva etapa que intenta construir la Corte, en medio de definiciones pendientes sobre la ubicación del Ministerio Público de la Acusación y el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal dentro del nuevo complejo judicial. La batalla por el edificio tuvo su momento cumbre durante el discurso de apertura del año judicial.
En una acordada del 24 de febrero, la Corte dispuso que ese edificio quedara destinado enteramente al Poder Judicial —cediendo metros al MPA solo si sobrara espacio. Tras escuchar el discurso, la fiscal general fue directa: "Acá primero tomaron una decisión y después llamaron al diálogo. En la Procuración General de la Nación, cuando atravesaron este proceso después de la reforma del '94, lo describían simbólicamente como un divorcio. Y esto es un divorcio y tiene que ser entendido así”.