El macrismo banca la intervención, redobla la apuesta y promete pelearle el partido al diputado díscolo. La batalla legal que sigue. El antecedente salteño.
Soher El Sukaria, Adela Arning, Pablo Cornet, espadas de Mauricio Macri en Córdoba
Ni la presunción de una inminente resolución judicial puede apaciguar las aguas en el PRO de Córdoba. El sector que aún reporta a Mauricio Macri advierte que apelará a todas las instancias formales posibles para sostener la intervención dispuesta por la conducción del partido a fines del pasado año.
La aseveración llega como advertencia, luego de dos jornadas atravesadas por rumores de una inminente resolución de la justicia electoral al planteo realizado por Oscar Agost Carreño, titular del partido amarillo en Córdoba hasta aquella intervención.
Desde el macrismo no sólo relativizan la posibilidad de un fallo próximo, considerando tiempos y requisitos técnicos que deben cumplirse antes que se expida la jueza María Romilda Servini, a cuyo juzgado se remitió la presentación. Por encima de ello, envían un mensaje al sector con el que pugnan por el control del sello: “Agost Carreño no volverá a presidir el PRO. Ni soñando, ni operando”, afirman a este medio.
La tropa del ingeniero se apresura a aclarar que no desobedecerían un (aún) hipotético fallo que diese la razón al diputado, quien elevó su escrito en los primeros días del año en curso. Destacan, en cambio, que cuentan con varias instancias de apelación en caso de disentir con la resolución.
“No sabemos de dónde sale la versión de que esta semana habría una resolución. Hay plazos que cumplir. Primero tiene que dictaminar el fiscal, con fundamentos técnicos. Sobre ese dictamen interviene la jueza Servini, que también se tomará su tiempo. Luego, nosotros podemos ir a la Cámara Electoral, que está por encima de ella. No vamos a parar”, hilvana Soher el Sukaria.
La misma fuente remarca también que, sea cual fuere la decisión final, no podrán anular lo realizado por la intervención, desde abril en manos de Henry Blas Leis, quien reemplazó a Laura Alonso como tal.
Además, recuerdan que el mandato de Agost Carreño, como el del resto de las autoridades partidarias, ha caducado ya en abril.
Desde esas convicciones anticipan que superada la instancia judicial llegará el momento de definir nuevos mandatos, así como la política de alianzas de cara a los comicios de octubre.
Las posibilidades que baraja el macrismo mediterráno son las ya conocidas. Por un lado, un acuerdo con La Libertad Avanza. Aunque el triunfo de Manuel Adorni en la CABA podría indicar que el gobierno nacional no necesita de aliados para su cometido, dirigentes amarillos confían en la existencia de postulados comunes, fácilmente aplicables a un acuerdo distrital.
Por otro lado, reconocen la persistencia de puentes con el “radicalismo con peluca”, viejo socio con el que comparten la definición del peronismo como adversario a derrotar en la provincia.
Aunque reconocen que las directrices para un acuerdo también incluirán miradas nacionales, subrayan al PJ como frontera. La misma que, acusan, han cruzado ya dirigentes ávidos de poder.
El diputado nacional, principal aludido, dice que tampoco espera una resolución inminente de su planteo, en el que rechaza la intromisión desde el Consejo Nacional del PRO por carecer de justificaciones tangibles.
Sí admite expectativas por un reciente fallo en el que la jueza Servini rechazó la intervención del PJ de Salta decidida por la conducción nacional del peronismo. Como aquella, un sector del PRO Córdoba, que incluye al bullrichismo, considera insuficientes y arbitrarias las razones esgrimidas para desplazar a las autoridades partidarias.
“Es una demanda similar, presentada en el mismo juzgado. Como aquel salió diez días después de las elecciones de Salta, se presume que la nuestra podría salir en el mismo plazo, aunque son situaciones distintas”, explican en el entorno del legislador provincial en uso de licencia.
Las mismas voces destacan que, restablecidas en sus funciones, las autoridades partidarias podrían comenzar el proceso que derivaría en elecciones para renovación de mandatos. “Queremos que devuelvan la lapicera a las autoridades de Córdoba, que son las que tienen que conducir el proceso interno. No puede ser que a eso lo armen desde Buenos Aires. Tienen que votar los afiliados”, repiten.
Paso posterior, los nuevos mandatarios cordobeses serían quienes deben definir la estrategia electoral de octubre, con o sin alianzas. Como en otras fuerzas, resurge un planteo de autonomía, opuesto a la tendencia centralista que ha guiado al exsocio principal de Juntos por el Cambio.
Los anticipos de resistencia macrista también contemplan la situación de Adela Arning, la intendenta de Mendiolaza que afronta un pedido de revocatoria cursado por los vecinos.
Desde hace dos semanas, el tribunal electoral de aquella ciudad, conformado por la jueza de paz y las directoras de dos establecimientos educativos, se encuentra abocado a constatar la veracidad de las más de 1500 firmas reunidas para pedir el inicio formal del proceso.
Según afirman dirigentes leales al expresidente, van a emplear todos los recursos legales posibles para evitar una destitución de una de las dirigentes sobre las que pesa la expectativa de renovación de cuadros. Como ya contara Letra P, Arning es vicepresidenta del Consejo Nacional y una de las referencias obligadas para definir un nuevo esquema en la provincia.