Vecinos juntan firmas para revocar a Adela Arning en Mendiolaza. La Justicia frenó el mismo proceso en Anisacate. Sospechas y los límites de la nueva política.
Mauricio Macri ubica a Adela Arning como una de las figuras de la renovación del PRO
Ciudadanos de Mendiolaza comenzaron este fin de semana la recolección de firmas para avanzar en una revocatoria contra la intendenta Adela Arning, vicepresidenta de la asamblea nacional del PRO y una de las predilectas de Mauricio Macri para encabezar la renovación de la fuerza en Córdoba.
El proceso se presenta como eco del iniciado hace dos semanas en Anisacate, localidad gobernada también por una mujer que integra, formalmente, la estructura del partido amarillo, pero que dijo que pasó a las filas de La Libertad Avanza "sin permiso".
Aunque la Justicia puso un freno al proceso de remoción de Natalia Contini, las similitudes entre ambos casos permiten variadas lecturas, toda vez que las dos tomaron el poder tras derrotar en comicios a caciques que permanecieron por 20 años en control de la gestión.
Desde allí se disparan sospechas sobre el juego de representantes del peronismo cordobés, el radicalismo y el kirchnerismo. También temores sobre las consecuencias que tendría el “éxito” de pedidos de destitución de nóveles gestiones que aprovecharon la ventana abierta por la vigencia de la ley provincial que impide reelecciones indefinidas.
En paralelo, la terrenalidad de los reclamos de vecinos (muchos sin pasado partidario), que piden mejores servicios, punza un asterisco en la validez de los discursos antipolítica y anticasta con que jóvenes dirigentes se impulsaron a sus cargos.
Mala prestación de servicios básicos, falta de mantenimiento de espacios públicos y calles, contratación de asesores de elevado sueldo luego de recortes de personal municipal. Tales son los principales argumentos que esgrimen vecinos de Mendiolaza que iniciaron la cosecha de firmas para pedir un referendo en el que se decida si confirman o revocan el poder de Arning, quien asumiera en diciembre del 2023 por una ínfima cantidad de votos, sustituyendo a un intendente que estuvo 24 años al frente. Todas similitudes con el proceso de Anisacate.
Ni bien asumió la intendenta denunció una situación crítica en las arcas. Al pedido de declaración de emergencia económica, por deudas de toda índole, le sucedió una acusación contra su antecesor, el radical Daniel Salibi, por el presunto delito de “defraudación al fisco”.
El entorno de la jefa comunal no duda en apuntar al “Turco” detrás de cada mandoble a la administración amarilla. Aunque reconocen la articulación del exintendente con el Partido Cordobés, creen que actúa por despecho propio, no por mandato del peronismo. Otra semejanza con la localidad del departamento Santa María.
El aludido, en coincidencia con referencias del peronismo local, asegura que la profundización de la inestabilidad se compadece con la falta de pericia de una sucesora, a la que adjudica pleno desconocimiento de la gestión pública.
Como contó Letra P, Arning arrancó el año con una severa crisis política, de dimensión institucional. Además de reclamos por despidos en la planta de empleados municipales y cuotificación de los sueldos de concejales, la intendenta ha debido sortear la renuncia de cuatro integrantes del Ejecutivo municipal.
Sin el proyecto de presupuesto, cuya defensa obró como disparador de la salida de dos concejalas oficialistas, la empresaria apuró sesiones extraordinarias para poder avanzar en su ley de leyes.
La cita es para este lunes por la mañana. Se espera, otra vez, la presencia de ciudadanos disconformes en las afueras del recinto. Así ocurrió en diciembre pasado, también este sábado, cuando habitantes de dos barrios del sur de la ciudad marcharon hacia la Municipalidad y tuvieron un tenso diálogo con la integrante de la renovación macrista.
Disconformes con la respuesta dada, decidieron anticipar 48 horas su recorrido para captar voluntades de remoción. Hasta este domingo llevaban sólo una treintena. Necesitan casi diez veces más, el 3% del padrón, compuesto por poco más de 24 mil electores.
Más de mil rúbricas aseguran contar ya los vecinos de Anisacate pidiendo la apertura formal del pedido de revocatoria contra la intendenta que milita en el PRO pero expresa una clara intención, no correspondida aún, de integrarse al tejido de La Libertad Avanza.
Pero, Contini, quien se referencia en el sector bullrichista del partido amarillo, logró una ayuda de la Justicia. Más precisamente de la jueza de Paz, Marisel Ocampo, quien declaró inválido el proceso de convocatoria por falencias formales. Entre ellas, la certificación de las firmas.
Furiosos, los vecinos inundaron las redes denunciando la existencia de un salvataje político para la intendenta. Apuntan a otro “Turco” de estirpe radical, como Orlando Arduh, secretario de Cooperación Institucional del Ministerio de Gobierno, tanto por maniobras de judicialización que ameritan contratos de profesionales foráneos como por la protección contra la denunciada.
Desde el entorno del exlegislador, en sintonía con voces peronistas de la región, piden apuntar a otro lado. Principalmente a la remanida interna entre el macrismo y la línea de Patricia Bullrich.
En el partido amarillo sobran luces de alarma. Ya atravesadas por una profunda disputa interna en la provincia, con una intervención decidida desde Buenos Aires, no quitan los ojos a las maniobras transversales que hilvana Martín Llaryora.
Tampoco a la tentación que produce la consolidación de Javier Milei como centro de gravitación de la política nacional para todo el espectro del centro a la derecha.
Atentas a ello, las figuras del espacio parecen haber cerrado posiciones para defender a dos de las 16 intendencias que cuentan como propias. Desmintiendo remezones de la puja capitalina, piden mirar a “la casta cordobesa”, ubicando allí al peronismo local, el kirchnerismo y la UCR cordobesista.
Además, advierten sobre los peligros de la sucesión de pedidos de remoción para buena parte de los 332 intendentes que tomaron control de sus territorios en diciembre pasado. Particularmente aquellos que administran localidades que han estado bajo gobierno de aquellos partidos mencionados, con líderes que conservan gran predicamento en la ciudadanía.
En consecuencia, no sólo plantean la posibilidad de revisar la ley 8102, Régimen de Comunas y Municipios, que establecen requisitos de simple resolución para canalizar formalmente el descontento de los derrotados. Además, retoman la discusión sobre las consecuencias de haber impedido re-reelecciones en tantos pueblos.
Escépticas, viejos analistas piden atender a la factura de los reclamos vecinales. Según interpretan, se trata de quejas ante deficiencias en el ABC de la gestión municipal. También remarcan la vigencia de pecados que no han sido conjurados por los discursos antipolítica. “Prometieron sin saber. Ahora van a tener que hacer política”, chicanean.