El titular del Tribunal Superior exigió respeto por la división de poderes y proximidad con la gente. El mensaje al núcleo del poder. El gobernador, al centro.
El Tribunal Superior de Justicia junto a Juan Carlos Maqueda y Martín Llaryora.
Luis Angulo inauguró el año judicial en Río Segundo, Córdoba.
Luis Angulo, Juan Carlos Maqueda y Martín Llaryora, en la apertura del año judicial.
Luis Angulo, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba.
El presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Córdoba, Luis Angulo, inauguró el año judicial sentando en la misma mesa al gobernador Martín Llaryora y a Juan Carlos Maqueda, vocal de la Corte Suprema que recibió la virtual despedida del presidente Javier Milei y el anuncio de su potencial reemplazo.
La ubicación llamó la atención. Varias de las figuras presentes recordaban que el exgobernador Juan Schiaretti usualmente no participaba del tradicional evento. La identidad del nuevo líder del peronismo empieza a evidenciarse.
Más allá del detalle de color y el alto perfil que suele cultivar el fundador del Partido Cordobés, Angulo dejó entrever la atención que le presta el Poder Judicial a la coyuntura económica y social del país. También, la especial relación que tiene con Maqueda, quien ya había participado de la jura de Angulo el año pasado.
Esta afinidad no puede ocultar el contexto. Milei necesita fortalecer su llegada a la Corte para compensar su posición debilitada en el Congreso.
Exministro de Justicia de Schiaretti y último integrante en incorporarse al cuerpo en 2019, Angulo ponderó los 40 años de democracia y las tres décadas de vigencia de la última reforma de la Constitución. Los antecedentes recientes, con fuertes componentes de violencia, imprimen una mayor vigencia a un pedido habitual en la víspera del 24 de marzo.
El ataque a una mujer por militantes libertarios, denunciado por la organización de derechos humanos H.I.J.O.S., terminó con el fuerte rehazo de toda la dirigencia cordobesa. El tres veces gobernador salió de las sombras con el retuit que dio al repudio que su esposa, la senadora Alejandra Vigo, expresó en sus redes sociales.
En momentos donde los poderes del Estado buscan un punto de equilibrio con el impredecible gobierno minarquista y una oposición sin brújula, la defensa de los valores de la democracia y el respeto por las instituciones es transversal.
Con un llamado a la tutela judicial efectiva, a la resolución de las sentencias con fundamentos ajustados al derecho y a una justicia más cercana que vele por lo valores de la democracia, Angulo insistió en la necesidad de reafirmar el pacto democrático. “La sociedad nos interpela a proporcionar respuestas eficaces y a realizar esfuerzos ante los problemas actuales”, resumió.
Como era de esperarse, enumeró losque considera como avances del Poder Judicial de Córdoba y habló sobre la necesidad de respetar la división de poderes.
“La división de poderes implica la construcción de un sistema de frenos y contrapesos que permite que los distintos poderes del Estado puedan controlar sus prácticas, sin que ello signifique la supresión o el desvanecimiento de sus competencias”, insistió Angulo.
El párrafo encendió a la oposición cordobesista, que le cuestiona al TSJ la ausencia de fallos que declarasen la inconstitucionalidad de medidas tomadas por los poderes Ejecutivo y el Legislativo de la provincia en el último cuarto de siglo.
Se sabe que un reproche recurrente en las canteras opositoras son los lazos que unen a la Justicia con el cordobesismo, no sólo porque muchas figuras compartieron caminos comunes durante la historia de las últimas dos décadas; sino también por una convivencia exenta de sobresaltos.
De hecho, Juntos por el Cambio afila las uñas a la espera de que Llaryora proponga al reemplazo de la exjueza Mercedes Blanc de Arabel, que exige el acuerdo con mayoría agravada en la Unicameral cordobesa. Como ya contó Letra P, la oposición no quiere “amigos del poder” y exige una postulante de carrera.
Sin detenerse en flagelos como la inseguridad o las urgencias del sector previsional, uno de los anuncios más destacados se dio en la órbita penal.
Angulo destacó los avances en el Sistema Integral de Flagrancia y explicó que, con esta reforma, se busca que las personas detenidas en el momento de cometer un delito tengan un juicio rápido.
Seguidamente, detalló que este proyecto se enmarca en el Plan de Gestión Territorial, orientado a potenciar el trabajo de las fiscalías, las unidades judiciales y las dependencias policiales para el abordaje de los casos penales.
“Es necesario que se garantice la asignación exclusiva y permanente de un fiscal a cada espacio de la ciudad. En síntesis, significa que habrá más fiscales distribuidos en los barrios de la ciudad de Córdoba, más cerca de la gente, para recibir e investigar sus denuncias”, explicó.