El gobernador habilitó fondos extra y el titular del Tribunal Superior acercará los haberes judiciales al nivel federal. El gremio debate la oferta.
Martin Llaryora junto a Luis Angulo en el acto homenaje a Juan Carlos Maqueda, en la Justicia de Córdoba
En dos días Martín Llaryora podría dar por resuelto uno de los conflictos gremiales más laboriosos de los últimos años. Este jueves, en asamblea general extraordinaria, el personal judicial de la provincia de Córdoba decidirá si acepta la propuesta de equiparación de sus salarios con los que perciben sus pares de la Justicia Federal.
El ofrecimiento, que había sido adelantado al cierre de la semana pasada, se hizo formal en la audiencia realizada este martes en la Secretaría de Trabajo de la Provincia, en el marco de la conciliación voluntaria a la que había convocado a las partes en pugna: el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (AGEPJ).
La propuesta, escalonada en cuatro tramos que se completarán en 2028, ha sido la herramienta que necesitaba Luis Angulo, el presidente del TSJ, para poder encauzar definitivamente una sucesión de protestas que iniciaron en marzo, por mejoras de haberes, y rápidamente reavivaron el viejo reclamo de parangonar las remuneraciones entre ambas órbitas judiciales.
Fuentes consultadas por este medio aseguran desconocer cuál será el impacto de la equiparación salarial de los empleados judiciales para las arcas provinciales. O, siquiera, si lo habrá.
Como toda referencia, destacan que en abril ya se había autorizado una partida extra de casi $600 millones para afrontar una reestructuración del escalafón del personal de planta, con impacto en todas las categorías.
Esta reestructuración, que redujo la cantidad de categorías de nueve a seis, había sido solicitada por la AGEPJ con una doble finalidad. Por un lado, implicaba un impacto inmediato en los estratos más bajos, cuyas remuneraciones apenas superaban los $700 mil. Por otra parte, se presentaba como la adecuación necesaria para parear con la estructura del fuero federal.
Como contó Letra P, la irrupción de un grupo de autoconvocados desbordó la negociación en curso. Negando entidad colectiva al gremio, la inorganicidad con que actuaron preocupó también al interior del palacio de Justicia. Sin interlocutores reconocibles, ofrecieron un espejo a conflictos que tomaban temperatura en otras esferas públicas.
En ese escenario, el gobernador tramó sus jugadas. Primero, encauzó la discusión con la intervención de la cartera de Trabajo. Luego, habilitó la posibilidad de nuevos desembolsos para la reclamada equiparación de los empleados.
El gobernador sabe también que debe desactivar al menos uno de los dos frentes que permanecen abiertos con los trabajadores estatales. Más difuso parece, por ahora, el desafio lanzado por los empleados municipales.
Desde la Provincia remarcan que la erogación salarial no podría ser voluminosa. Antes bien, destacan que el compromiso requerido al presidente del TSJ es el de una reingeniería de un esquema de gastos ya actualizado.
En otras palabras, que realice los ajustes necesarios para afrontar el desafío sin afectar las metas de superávit fiscal que caracterizan la continuidad del modelo de gestión cordobesista.
Admiten, también, que no será una tarea fácil para Angulo. El abogado laboralista, referente de Juan Schiaretti en el máximo órgano de la Justicia, sostiene una interna con los referentes de la Sala Penal, encabezada por Sebastián López Peña. Según explican a este medio, referentes judiciales, pertenecientes a tradicionales familias, requerirán al exministro de Justicia que sea “cuidadoso” con los intereses afecte al plantear los ajustes necesarios para calzar los gastos.
Otros analistas toman la concesión de Llaryora, que ya cuenta con Jessica Valentini como ficha propia en el tablero, como una prueba de “fidelidad a la causa”. “No es un cheque en blanco. Es una concesión que requiere comprensión de lo que está en juego”, opinan.
La equiparación salarial para los judiciales mediterráneos es un reclamo de larga data, actualizado tras un compromiso asumido por la administración provincial hace dos años.
En esencia, se trata de ajustar las escalas salariales con las que rigen para los empleados federales. La variante se aplica hasta aquí exclusivamente para jueces y funcionarios de alto rango, quienes perciben un 90% (nominal) de lo que reciben sus pares.
La aplicación sectorizada de aquella concertación, concedida por la Corte Suprema de Justicia, profundizó iniquidades: mientras los magistrados perciben sumas superiores a los $6 millones, los ingresantes a la actividad no cubren el valor de una canasta básica.
Sobre esa asimetría repiquetearon los renovados reclamos de este año, que derivaron en asambleas y huelgas que llegaron a paralizar la actividad judicial durante dos semanas. Justo en momentos en que las demandas por la inseguridad lideran las preocupaciones de los cordobeses.
De acuerdo a la propuesta acercada este martes por el administrador general del TSJ, Luis Sosa Lanza Castelli, y el director de Recursos Humanos, Edgardo Dainotto, la equiparación se completará tras cuatro etapas, en un plazo de dos años. Las mejoras irán desde 15% para jefaturas hasta un 8% para auxiliares.
La recomposición iría por carriles diferentes a los de las discusiones salariales. La última mejora en este aspecto es del 2.5% y impactará en los haberes de junio, aunque buena parte será absorbida por el 2.1% que aplicara, como anticipo, el TSJ, a la espera de la aplicación desde la Corte Suprema de la Nación.
Cuidadosos, en la AGEPJ remarcan que la aprobación final del esquema será sometida a compulsa en la asamblea general de este jueves. Aunque reconocen los avances, entre los que destacan haber forzado la intervención de la Provincia y al TSJ a sentarse a negociar, saben que la salida política ofrecida amerita múltiples lecturas.