El acuerdo da previsibilidad y está muy por encima de la inflación. El Ejecutivo proyecta menos tensión para enfocarse en obras. La novela política.
El jefe comunal de Bariloche, Walter Cortés, charlando con vecinos en una fiesta popular.
Tras meses de enfrentamiento público, acciones gremiales y amenazas judiciales, el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Bariloche (Soyem) y el intendente, Walter Cortés, buscan bajar la conflictividad y mirar hacia adelante. La nueva etapa inicia tras una victoria política del gremio, que obtuvo un significativo aumento salarial cercano al 30%.
El acuerdo paritario, desconocido inicialmente por el Ejecutivo local, coronó un verano de movilizaciones, retenciones de servicios y declaraciones picantes cruzadas, que incluyó la intervención de la secretaria de Trabajo de Río Negro. Fue el movimiento más reciente de una disputa que viene de lejos.
Ahora aparenta haber llegado la hora de la paz. Cerca del jefe comunal evitan hablar de un nuevo año confrontativo y aseguran estar enfocados en las obras que se vienen para la ciudad turística. Desde el Soyem afirman que, resuelto lo salarial, buscarán hacer sintonía fina en diferentes reclamos dentro de la municipalidad.
El acuerdo rubricado bajo el salario de la categoría 16 (825 mil pesos sin la zona fría) refleja un aumento del 33%. Esto se traduce en 250 mil pesos a pagar en seis cuotas mensuales, dinámica que ya inició con los salarios de febrero. Luego, los sueldos absorberán ese porcentaje y se retomarán los aumentos a través del IPC Patagónico hasta enero del 2027, donde se volvería a renegociar la paritaria.
La paritaria estatal en Bariloche marca un antecedente beneficioso para los 2200 empleados municipales y se aleja de los montos otorgados por otras administraciones. A nivel provincial, la aceptación de ATE habilitó dos bonos no remunerativos de 250 mil pesos cada uno y un aumento cuatrimestral a pagar en dos tandas, siempre ajustado al IPC que refleja la realidad económica de Viedma, muy dispar a lo que pasa en otras latitudes de la provincia de la Patagonia.
La decisión mutua de dejar la confrontación directa al margen es un argumento que se comprobará con el tiempo. La relación entre el Ejecutivo y la cúpula del Soyem nació tensa y arrastra varios capítulos de declaraciones mediáticas de Cortés, exsecretario general de los empleados de comercio, que desde un primero momento subió al ring al gremio municipal.
Por su parte la secretaria general del sindicato, Brenda Morales, aceptó el desafío mediático y también salió con los tapones de punta en varias oportunidades, además de intentar judicializar algunas instancias. Entre ellas, denunció ante los tribunales la propuesta del fallido referéndum popular del intendente que, en su punto 4, proponía: “Licencias Gremiales: que los salarios de los agentes municipales con licencias sindicales sean pagados por los sindicatos y no por el Municipio”.
La compulsa también está marcada por las diferencias de tradición política: Cortés, aunque en lo personal esté afuera del armado actual, tiene raíces dentro de la CGT, mientras que el Soyem responde a la CTA de los Trabajadores de Hugo Yasky.
El acuerdo que aparenta traer paz para la tirante relación y previsibilidad para el bolsillo de los trabajadores municipales, tuvo idas y vueltas, e interpretaciones distintas. Como contó Letra P, el Soyem realizó a fin de 2025 una serie de protestas por el aumento salarial de casi el 100% que el Concejo Deliberante dispuso para toda la planta política municipal.
A principios de enero el Ejecutivo y la cúpula gremial se reunieron en el Tribunal de Contralor, donde la asesora letrada, Yanina Sánchez (que reemplaza a Cortés en sus frecuentes viajes fuera de la ciudad) ofreció un bono de 250 mil pesos "a cuenta de futuros aumentos que se incorporan al básico”, según consta en el acta firmada por ambas partes. Tras alcanzar el pacto que llevaba tranquilidad a un verano caliente, el intendente firmó la resolución 41, en la que explicitó que se trataba de un bono extraordinario por la necesidad de tener activo al personal municipal en el marco de la emergencia ígnea.
Pero el Soyem pegó el grito en el cielo y realizó una impugnación parcial de la resolución, aludiendo que no sólo era una remuneración extraordinaria sino un compromiso del Ejecutivo de incorporar el bono al salario básico en dos partes iguales.
A mitad de enero, el sindicato continuó con multitudinarias asambleas donde la mayoría de sus 1920 afiliados aprobó seguir con el plan de lucha. Esto enfureció a referentes del Ejecutivo, como el abogado y asesor de Cortés Martín “Mike” Domínguez, que cruzó al gremio por las retenciones de servicio y amenazó con "plantear denuncias penales" e ir "por el patrimonio de los dirigentes del SOYEM para que respondan con sus bienes personales".
Tras una conciliación obligatoria, el último 18 de febrero el Ejecutivo y la cúpula del sindicato se vieron las caras nuevamente. Allí, finalmente, se rubricó el acuerdo que promete llevar tranquilidad a la tensa relación.