La oposición prepara una denuncia penal contra el intendente por el pago de un acuerdo prejudicial a una estación de servicio que, dicen, "nunca existió".
Concejo Municipal de Bariloche, la ciudad más poblada de Río Negro.
“Abuso de autoridad defraudación e incumplimiento de funcionario”, es la figura en la que se basa el concejal Leandro Costa Brutten en la denuncia penal que prepara contra el intendente de Bariloche, la ciudad más poblada de Río Negro. Walter Cortés, esta apuntado por disponer un pago millonario a la firma Navtour, operadora de una estación de servicio "inexistente".
El escándalo fue creciendo en el Concejo, donde los tres ediles del oficialismo, entre ellos el presidente del cuerpo que responde al partido vecinal PUL, se atrincheran para defenderse del ataque de sus otros siete pares, todos de la mayoría opositora. Como contraposición, apenas aparece una tibia defensa de la concejal de Juntos por el Cambio Samantha Echenique.
Cortés siempre estuvo en minoría en el Concejo. Supo lograr acuerdos importantes para su gestión, pero el caso rompió todo. Por esa razón, llama la atención la protección que logra de Echenique, que viene de una línea interna del PRO que responde a Aníbal Tortoriello, hoy marginal. “Es raro que la única concejal que tiene el PRO en Bariloche esté en esa posición poco clara”, lamentó una fuente del partido.
El intendente se defiende señalando la existencia de un fallo contra la municipalidad. Dice que la empresa reclamaba 2,6 millones de dólares y el Ejecutivo logró el “acuerdo prejudicial” menos perjudicial para la Municipalidad: 900 mil dólares para la empresa, y otros 90 mil para el abogado de la firma, Luciano Stella. Mientras el escándalo estallaba, la Secretaría de Hacienda formalizó el acuerdo y emitió el primer pago.
Los concejales separaron sus denuncias en dos aspectos principales. Por un lado, el acuerdo prejudicial, oficializado en una mediación en tribunales, que consideraron fraudulento porque la empresa no tiene argumentos reales para reclamar, ni la justicia se los otorgó. Por otro, la mirada está puesta sobre los abogados, a quienes acusan por actuar indistintamente “a uno y otro lado del mostrador”.
El caso se remonta al año pasado, cuando la denunciante llevó a tribunales una demanda por lucro cesante contra la Municipalidad de Bariloche por el pedido de habilitación y caída del trámite, en la anterior gestión, del intendente Gustavo Gennuso.
La estación de servicio nunca existió. Hay un edificio en el kilómetro 13 de la avenida Bustillo, que fue comprado por Navtour, que le puso un cartel de la multinacional Gulf (luego quitado).
La firma pidió la habilitación a Inspección General, que comenzó el trámite, pero ante la falta de requisitos básicos como la inscripción en la anterior AFIP, aporte de tasas en Bariloche, habilitación nacional y provincial para ese rubro, no la promulgó. La empresa recurrió a la Justicia que rechazó el recurso en primera instancia pero, al apelar, la Cámara Contencioso Administrativa reconoció fallas en el trámite y ordenó iniciarlo nuevamente.
Para los concejales, “la Justicia no le dio la razón a Navtour en daños y perjuicios, fue sólo una sentencia administrativa”.
El intendente Cortés asumió el 8 de diciembre y el 12 venció el plazo para apelar el fallo judicial. Según denunciaron los ediles, conociendo la urgencia, “dejaron caer la apelación para ejecutar la maniobra”.
La asesora legal Yanina Sánchez firmó el acuerdo con Navtour y la Comisión de Transacciones aprobó el pago con las firmas del presidente del concejo, Gerardo del Río, a quién el cuerpo legislativo le pide que haga retrotraer la aprobación, el peronista Estanislao Casaux, y Damián Vila, señalado como apoderado de Navtour el año pasado.
Los denunciantes indicaron que la empresa recurrió a la Justicia porque la municipalidad no la notificó de la caída de la habilitación, y que el fallo no confirma el lucro cesante ni les da la razón con la inhabilitación.
En estos días saltó a la arena el tercer abogado de la controversia, Mike Domínguez, que forma parte del estudio jurídico de Vila, es amigo de Stella, y pasó de ser abogado personal de Cortés a asesor legal municipal y uno de los voceros oficiales en este tema.
Este miércoles, los concejales se desayunaron con que el primero de ocho pagos mensuales ya fue ejecutado. Se trata de una suma que asciende a los USD 112.500, $133.875.000 si se calcula al cambio oficial. Por ese movimiento, apuntaron a la secretaria de Hacienda, Carina Ondarcuhu, al descubrir que fue la responsable de consolidar el pago.
“No respetó la normativa para el pago. Detectamos irregularidades, pedimos que se revierta la decisión de pagar, pero desconoció al concejo y emitió la Resolución 586, sin respetar los 8 días publicación en el Boletín Oficial, como manda la Carta Orgánica para dar validez al pago. En una clara intención de consolidar la operación, imprimieron extraordinaria prontitud”, expresó el concejal peronista Costa Brutten.
Distintas voces del oficialismo respondieron que es un error considerar a Vila como apoderado de Navtour, que sólo tuvo en su oficina la dirección legal de la empresa. Que la estación de servicio fue primero autorizada y luego revocado el trámite, y que la firma Gulf no era una empresa fantasma sino una de las principales operadoras del mercado del mundo.
Además, dijeron que el problema surgió cuando comenzó a operar una competidora (Puma) enfrente, y que eso inspiró el reclamo de un resarcimiento. Y lo más importante, que el acuerdo de pago fue avalado por los tres poderes municipales: el Ejecutivo, el Concejo y el Tribunal de Cuentas.