Con apoyo de Gustavo Sáenz, el intendente deberá comandar una convención con mayoría libertaria. Temas en debate e impacto electoral. El poder en disputa.
Salta: la capital rediseña su Carta Orgánica y Durand abre la primera gran pelea de 2026
La reforma parcial de la Carta Orgánica municipal de la capital de Salta vuelve al centro del debate tras décadas de intentos fallidos. La iniciativa impulsada por el intendente Emiliano Durand, con respaldo político del gobernador Gustavo Sáenz, apunta a actualizar la norma que regula la vida institucional de la ciudad desde 1988.
El debate capitalino será la primera gran disputa política de 2026. Lo que se discuta a partir de marzo en la Convención Municipal no definirá únicamente reglas administrativas, también pondrá en juego el equilibrio de poderes entre el Ejecutivo y la Legislatura, la relación entre el municipio y la provincia y el modelo de ciudad que cada fuerza busca proyectar.
La discusión, en el fondo será sobre quién conduce, con qué límites y con qué herramientas.
La Convención tendrá 21 bancas. Sus ocupantes surgieron de los comicios provinciales del 11 de mayo de 2025. Doce responden a La Libertad Avanza: Gonzalo Guzmán (hoy senador nacional), Estela Méndez, Gino Dimatteo, María Alancay, Santiago López, Nadia Herrera, Gabriel Barbito, Sonia Serrano, José Fadel, Adriana Herrera, Raúl López y Guadalupe Humano. Son mayoría.
Completan el cuerpo Mónica Juárez, Constanza La Mata, Rodrigo Monzo y Viviana Moreno por el Frente Unidos por Salta; y Omar Exeni, Mabel Gómez, José Gambetta y Carina Iradi por el Frente Vamos Salta. Estos dos conglomerados formaron parte de la telaraña de boletas oficialistas que Sáenz suele urdir en cada turno electoral.
La mayoría libertaria convierte a LLA en el árbitro del proceso. Es un dato significativo, ya que no gobierna la ciudad ni la provincia, pero tiene la llave de la reforma. Esa mayoría simple le permitirá ordenar el reglamento interno, fijar la agenda y aprobar artículos si no se exigen mayorías agravadas. El oficialismo municipal y provincial, que en el Concejo Deliberante supo manejarse con comodidad, deberá ahora negociar en un terreno menos controlado.
Este escenario ya presenta dos caminos. Uno, construir un texto consensuado que incorpore austeridad, simplificación normativa y límites al gasto político, ejes que dialogan con el discurso libertario. Otro, arriesgar una confrontación ideológica que bloquee la reforma y la convierta en un escenario de pulseada partidaria. En los hechos, el modelo de ciudad que se proponga deberá ser, como mínimo, compatible con la mirada libertaria sobre el rol del Estado. Si el Ejecutivo pretende ampliar facultades discrecionales sin concesiones, puede encontrar resistencia.
Lo cierto es que la mayoría de LLA no garantiza un rumbo opositor automático, pero sí condiciona la arquitectura final del texto. El interrogante es si Durand y Sáenz acordarán con la tropa libertaria un diseño institucional que LLA pueda presentar como propio sin diluir el liderazgo local.
Para Sáenz, la capital es el centro gravitacional del poder provincial. Una reforma ordenada proyecta gobernabilidad y capacidad de articulación en un escenario nacional fragmentado. Para Durand, la Carta resulta una herramienta, ya que necesita previsibilidad para ejecutar obras, ordenar la expansión urbana y sostener un discurso de eficiencia. Sin acuerdo en la Convención, su iniciativa puede quedar debilitada.
El riesgo es doble, dado que la mayoría libertaria puede imponer límites que recorten el margen de acción del Ejecutivo o que el proceso se empantane y exhiba incapacidad de acuerdo. También puede haber un costo político si el texto final desdibuja el liderazgo que el intendente busca consolidar, sobre todo tras dos derrotas consecutivas en los comicios provinciales y nacionales del año pasado.
El discurso oficial habla de “modernizar el funcionamiento institucional”. El plan incluye reducir tiempos legislativos, regular con mayor rigidez los recesos, redefinir causales de suspensión de concejales y ampliar facultades reglamentarias del intendente. El debate de fondo no es solo administrativo. De fondo, se debate si la ciudad necesita un Ejecutivo con mayor capacidad de decisión o si eso debilita los contrapesos. Es decir, eficiencia versus control.
La discusión también se vincula con cambios en planeamiento y edificación. Allí la tensión es ideológica: más margen para la inversión privada y menos regulación; mayor planificación pública con control legislativo; o un equilibrio inestable entre ambos enfoques. Con mayoría libertaria, la presión por simplificar y reducir trabas será fuerte, pero el Ejecutivo necesita conservar herramientas para ordenar la ciudad.
Quedaron afuera temas como el acceso a la información pública, la regulación de publicidad oficial y los límites a las sesiones secretas. Esa omisión ya genera críticas, porque si la reforma amplía facultades ejecutivas sin reforzar controles, el resultado podría ser una concentración de poder.
En ese sentido, lo que se defina ordenará el funcionamiento institucional y establecerá quién conduce políticamente la ciudad más importante de la provincia y bajo qué reglas se disputará el poder en los próximos periodos, más aún en un año preelectoral.
El argumento oficial sostiene que la ciudad cambió, creció territorial y demográficamente, además de crecer en responsabilidades administrativas que la Carta Magna vigente no refleja. Sin embargo, el trasfondo excede lo técnico y pone en juego el equilibrio de poder municipal y la capacidad política de conducción institucional.