Sin votos en el Congreso para negociar recursos y condicionado por la caída de ingresos, el gobernador enfrenta su primer test del año. Elecciones a la vista.
Alberto Weretilneck, gobernador de Río Negro, enfrenta su primera prueba del año.
Los gremios estatales de Río Negro llegaron a la paritaria con reclamos que el gobierno afirma no poder afrontar. La conflictividad latente y la posibilidad de que no inicien las clases abre un 2026 complejo para Alberto Weretilneck, condicionado por la caída de ingresos, sin votos en el Congreso para negociar recursos y con elecciones provinciales cada vez más cerca.
La nueva conducción de la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro (UnTER) llegó a Viedma con la idea de pedir que se eleve a dos millones de pesos el sueldo de docentes sin antigüedad, que hoy está en $1.111.000. El reclamo sobrepasa por mucho la oferta oficial de una actualización trimestral atada al IPC-Viedma. ATE y UPCN tampoco se fueron satisfechos.
Limitado por la cosecha electoral de octubre y con señales de desgaste, el tablero sindical abre el primer gran desafío de 2026 para un oficialismo que buscará su quinto mandato consecutivo en poco más de un año. En Juntos Somos Río Negro (JSRN) admiten la dificultad del momento, le prenden una vela a los ingresos por exportación de GNL y dudan que la sociedad banque la perpetuidad del conflicto gremial.
El Ejecutivo ofreció al gremio docente un mecanismo de actualización trimestral atado a la inflación y habló de coordinar cualquier mejora salarial con la recaudación real. Esa propuesta, informaron fuentes sindicales, “no puede ser evaluada, ya que no contempla el reclamo de recomposición pendiente de 2025”.
“De no tener una definición, peligra el inicio del ciclo lectivo”, le dijo a Letra P la titular de UnTER, Laura Ortiz, en la previa de la primera paritaria que encabeza desde la conducción del gremio con más afiliados de la provincia. Esa decisión se tomará en un congreso que el sindicato convocó para el próximo jueves, 29 de enero, después de que las negociaciones con el ministerio de Educación terminaran en un cuarto intermedio hasta la primera semana de febrero.
La postura de la UnTER es un escollo para la administración rionegrina, que había contemplado en el Presupuesto 2026 un incremento del 11% para las partidas salariales de todo el año. “Ellos hablan en términos de los ingresos que tenga la provincia, nosotros en función de nuestros propios ingresos. No podemos relegar derechos por una cuestión de recaudación”, subrayó la secretaria general y añadió un dato clave: “Muchos compañeros quedan hoy por debajo de la línea de pobreza”.
“Pusieron el alambrado muy lejos”, le dijo a este medio un hombre del entorno de Weretilneck. Lo que piden los gremios es “imposible de concretar”, agregó. En la Casa de Gobierno consideran que será difícil ponerse de acuerdo, ya que un comienzo así “da cuenta de que mucha voluntad de acordar no hay”.
Si bien el Ejecutivo prevé que la relación con la UnTER augura “un año duro”, apuesta a dejar correr el tiempo y ver qué respuesta encuentra la conducción gremial puertas adentro.
Y también puertas afuera: “¿Qué tanto banca la gente la postura de UnTER?”, se preguntó un dirigente de JSRN en diálogo con este medio, al relativizar el desgaste que este conflicto le pueda generar al gobierno. Desde su punto de vista, el paro pone a la gente en el lugar de víctima.
La última negociación de la Mesa de la Función Pública se produjo a finales de septiembre. Desde entonces, ATE y UPCN, los dos gremios estatales, venían reclamando que los sueldos quedaron muy rezagados en octubre y noviembre.
La actualización salarial por IPC era un reclamo que mantenía ATE Río Negro, que celebró el cambio de metodología propuesto por el gobierno. Sin embargo, la dirigencia encontró insuficiente la propuesta. Antes de acordar los aumentos futuros “debe existir una compensación al deterioro que sufrieron los ingresos en el último trimestre” de 2025, afirmó a este medio un miembro de la conducción sindical.
Por su parte, UPCN se sentó en la reunión con la intención de agregar al pedido de recomposición el blanqueo de la sumas no remunerativas. “Estamos ganando el 70% en negro. Perdemos en la jubilación y por la zonas”, explicaron en la secretaría gremial, donde pronostican “un año muy complejo, sobre todo si el gobernador mantiene su postura de atar la mejora salarial a la recaudación”.
La motosierra libertaria se viene sintiendo en la provincia del norte de la Patagonia, donde la coparticipación federal de impuestos representa el 60% de los recursos corrientes totales. Según declaraciones recientes del gobernador, la recaudación en 2025 terminó ocho puntos por debajo de la inflación.
Esta situación se agrava con la dificultad de Juntos Somos Río Negro de negociar recursos para la provincia a cambio de votos para los proyectos que promueve La Libertad Avanza en el Congreso, como vienen haciendo gobernadores de otras latitudes. El desempeño del oficialismo provincial en las elecciones de octubre lo privó de contar con representantes propios en Diputados y en el Senado.
Las elecciones provinciales serán en marzo de 2027, según trasciende en los pasillos de Viedma. Hasta entonces, el gobernador debe atravesar un escenario donde la conflictividad, se prevé, será explotada por sus rivales. Además de un peronismo astillado que rechaza el tejido que toma forma en el Alto Valle de la mano de los hermanos Soria y el diputado libertario Aníbal Tortoriello, acecha LLA, ya conformada como partido y que por primera vez puede llegar con músculo a los comicios.
En ese marco, y mientras crecen reclamos de larga data vinculados a servicios e infraestructura que dependen de la provincia, el adelgazamiento de la billetera es una prueba que el oficialismo debe sortear pronto para capear el conflicto.
Cerca del gobernador confían en que esas pérdidas van a empezar a compensarse desde abril o mayo, con los ingresos que comience a generar la exportación de GNL. “Hay que aguantar el sogazo en el primer trimestre”, se sinceran.