Martín Guzmán apostó fuerte en la interna del Frente de Todos y, al menos por ahora, perdió. De esa manera, cuando creía que el éxito del acuerdo con los acreedores privados le daba aire como para dejar de ser un mero “ministro de Deuda” y convertirse por fin en ministro de Economía con plenos poderes, el Juego de la Oca del oficialismo lo devuelve al punto de partida. Con eso, su margen de acción y su chance de aplicar la visión que justificó su paso del mundo académico a la política –esto es normalizar gradualmente las variables macro sin ahogar el inicio de un proceso de crecimiento– quedan minimizadas al menos hasta que pase el proceso electoral de septiembre-noviembre.
Hace bastante tiempo que el funcionario sufre fuego amigo, uno que, erróneamente, suele atribuirse en exclusividad al sector cristinista. En verdad, los disparos provienen de todo lo que podría llamarse el ala política, que incluye también al grupo que responde al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, obsesionado por el impacto que la triple crisis sanitaria, económica y social podría ocasionar cuando se abran las urnas.
El diálogo entre Guzmán y Máximo Kirchner, el encargado de exponer e imponer la visión de la vicepresidenta, Cristina Kirchner, es de larga data. De acuerdo con eso, el funcionario ha flexibilizado sus posturas, que indican que la inflación es un mal que debe ser erradicado a través de una gestión gradualista, que normalice de a poco los frentes fiscal y monetario, que alinee las expectativas de los agentes y la puja distributiva, que logre un control duradero sobre el tipo de cambio y que trabaje día a día sobre las cadenas de suministro para paliar las deficiencias de la oferta de muchos productos de primera necesidad. Sin embargo, para los políticos, no es suficiente. “Martín no ve lo que pasa en la calle”, dicen estos.
Así, el presidente Alberto Fernández, quien debe pensar a la vez en el corto plazo electoral y en el largo plazo que viabilice su gestión hasta el 10 de diciembre de 2023, es a la vez sensible al planteo de poner ya mismo dinero en el bolsillo de los argentinos y las argentinas –tal su principal bandera de campaña– y a la visión del ministro. Sin embargo, lo urgente mata a lo importante y la acción del Gobierno apuntará en lo inmediato en el primer sentido. Eso tenderá a disimular las diferencias ideológicas que cruzan la alianza, las que quedarán pendientes como un reto a duelo con fecha marcada para después del 14 de noviembre.
Para Guzmán, eso significa que su plan –estructurado en torno al Presupuesto 2021– ha quedado virtualmente intervenido por el ala política del oficialismo, cuyas cabezas más visibles son el jefe de los diputados peronistas, el ministro del Interior Eduardo de Pedro –invalorable nexo entre el Presidente y su vice–, Massa y, sin que se lo vea personalmente en esas lides, el principal articulador del pensamiento económico de Cristina, el gobernador bonaerense Axel Kicillof.
El reciente affaire entre Guzmán y el subsecretario de Energía Eléctrica Federico Basualdo, terminó –¿terminó?– en un cese del fuego sine die, aunque en reserva el primero aún dice esperar que llegue el día de la remoción del rebelde. Mientras, insiste con sus números, aunque estos respondan cada vez menos a la realidad de la calle. Por caso, la negociación salarial de la Unión del Personal Civil de la Nación –UPCN– está próxima a cerrarse en torno a un incremento del 36%, algo que no difiere de su postura de comienzos de año en materia de paritarias: la inflación –que cifró entonces en un rango del 29 al 33%– más unos puntos que permitan una cierta recuperación del consumo.
El problema es que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del año no será ni del 29 ni del 33, sino que se parecería más al 45% que calcula el mercado. Acuerdos de ese tenor, más en un año electoral, parecen destinados a ser reabiertos cuando la realidad supere las proyecciones.
Más allá de los afanes del ministro, la política económica está intervenida de hecho.
A instancias del oficialismo, el Senado aprobó la semana pasada una resolución que reclama que los 4.000 a 4.500 millones de dólares que llegarán en los próximos meses en concepto de ampliación del capital del Fondo Monetario Internacional –FMI– no se destinen al pago de vencimientos con el propio organismo sino a “resolver políticas públicas destinadas a resolver problemas generados por la pandemia del covid-19”. Más clarito: a ampliar el gasto social en la previa de las elecciones.
Tiempo atrás, Guzmán había especulado con usar ese dinero para evitar que el país cayera en default con el Fondo y con el Club de París mientras se buscaba el mejor acuerdo posible, algo que inicialmente estaba previsto para marzo último, luego para abril, más tarde para este mes y que ahora, con viento a favor, podría llegar después de los comicios. Sin embargo, dado el ambiente político que lo rodea, entendió que “el horno no está para bollos” –según escuchó Letra P– y ya se conforma con que esos fondos sirvan para engrosar las reservas del Banco Central, que han crecido, pero más morosamente que lo deseado, durante lo que va de la temporada alta de las exportaciones de soja. Así las cosas, más flexible, el ministro haría lugar el pedido de los senadores: la emisión de pesos de destino social sería la contrapartida de la plata que llegue de Washington y que, en tal sentido, permanecería como respaldo en las arcas de la autoridad monetaria. Volver a centrarse en la negociación pendiente con esos acreedores es lo que le impone el momento o, en otras palabras, volver a ser un “ministro de Deuda”.
Otro ejemplo de la política económica intervenida más allá de lo anterior. El veto por un mes a las exportaciones de carne, con la que Fernández quiere disciplinar al sector para que acepte que su negocio debe ser compatible con la vida humana, tampoco es del paladar del ministro. Sin embargo, la decisión fue exclusivamente del Presidente y del ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas. Así, Guzmán se limita a esperar que las últimas declaraciones de su par, que parecieron edulcorar la tensión con los frigoríficos y abrir a la puerta a una salida negociada, tengan un correlato en los hechos.
La realidad de la Argentina es tan endemoniada que los ganadores de la interna de hoy bien pueden ser los perdedores de la de mañana. Si Guzmán tiene razón, lanzar al mercado dinero que no hay y que habría que inventar en base a la fatigar “la maquinita” puede aliviar en el corto plazo a los sectores sociales más desfavorecidos, pero en el mediano plazo engordará los bolsillos de los que no solo compran comida sino que tienen capacidad de ahorro. En ese punto, diagnostica, el riesgo de una corrida hacia los tipos de cambio paralelos se haría más grande y, con eso, la brecha con el oficial, las expectativas de devaluación de este y la propia inflación. Si ese momento llegara, las preocupaciones del ala política podrían mutar y darle, finalmente, la razón.
Mientras se define si eso ocurre, Guzmán debe volver al casillero de salida y reaprender los palotes de la política. Es hora de cultivar la virtud de la paciencia.
