El préstamo con la Corporación Andina de Fomento ya tiene el aval del Estado nacional. Los pasos que faltan. El destino de los fondos.
El gobernador de Santa Fe Maximiliano Pullaro junto al ministro de Economía Toto Caputo. El gobierno de Santa Fe espera firmar en el corto plazo el préstamo.
El gobierno de Maximiliano Pullaro prevé firmar en las próximas semanas el préstamo por U$S 150 millones de dólares otorgado a Santa Fe por la Corporación Andina de Fomento (CAF). Tras la autorización de la Nación, resta completar la documentación contractual para que se habiliten los desembolsos vinculados a la ejecución de las obras.
La autorización del gobierno de Javier Milei para que Santa Fe tome el crédito abrió una nueva etapa para una operación que la Casa Gris considera estratégica para financiar obras de infraestructura en el Gran Rosario.
Superado el visto bueno de la Nación, ahora se inicia la etapa final del proceso administrativo que permitirá poner en marcha el financiamiento.
Según confirmaron a Letra P fuentes del Ministerio de Economía santafesino, el objetivo es avanzar en las próximas semanas con las firmas del préstamo entre la provincia y la CAF, mientras que en paralelo deberá concretarse el contrato de garantía entre el Ministerio de Economía de la Nación, encabezado por Toto Caputo, y el organismo internacional.
La autorización nacional era una condición indispensable para avanzar, pero no la última. La mecánica habitual de este tipo de financiamientos exige que, además del acuerdo de préstamo con la provincia, exista una garantía soberana otorgada por el Estado nacional.
En Santa Fe explican que ambos trámites pueden avanzar de manera independiente y que no necesariamente deben firmarse el mismo día ni en el mismo lugar. Por eso la expectativa provincial está puesta en acelerar el vínculo directo con la CAF para cerrar cuanto antes el contrato de crédito.
Según pudo reconstruir Letra P, el propio organismo internacional buscará imprimir velocidad al proceso y planteará ante el Ministerio de Economía la necesidad de firmar rápidamente la garantía requerida.
En la Casa Gris interpretan que, luego de un largo período de negociaciones y gestiones políticas para obtener la autorización, existe margen para que los pasos administrativos pendientes se resuelvan en un plazo relativamente corto.
Una vez completada esa instancia, comenzará la etapa operativa del financiamiento. El mecanismo previsto no implica una transferencia inmediata de los U$S 150 millones, sino desembolsos parciales que se irán liberando conforme avance la ejecución de las obras y se certifiquen los trabajos realizados.
El crédito aprobado por la CAF está destinado al Programa Integral de Logística Urbana y Metropolitana del Gran Rosario, una iniciativa que la gestión de Pullaro considera estratégica para mejorar la competitividad del principal nodo agroexportador del país.
El proyecto contempla una inversión total de U$S 187,5 millones, de los cuales U$S 150 millones serán aportados por el organismo internacional y los USD 37,5 millones restantes correrán por cuenta de la provincia.
Entre las intervenciones previstas sobresale la segunda etapa del tercer carril de la autopista Rosario-Santa Fe, en el tramo comprendido entre San Lorenzo y Timbúes, cuya licitación ya está en marcha. Se trata de una obra clave para mejorar la circulación hacia los puertos del cordón industrial.
También se incluyen mejoras en accesos portuarios, infraestructura vial complementaria, drenajes, puentes, señalización y distintas acciones destinadas a agilizar el transporte de cargas y reducir los conflictos entre el tránsito pesado y la circulación urbana.
El programa contempla además estudios y proyectos vinculados al desarrollo del denominado tercer anillo de circunvalación metropolitana.
La operación con la CAF forma parte de una estrategia más amplia impulsada por la administración de Pullaro para sostener un ambicioso plan de infraestructura en un contexto de retracción de la inversión nacional.
En los últimos meses Santa Fe volvió a los mercados internacionales y logró colocar deuda por U$S 800 millones, recursos que el gobierno provincial busca orientar principalmente a obras públicas, logística, infraestructura productiva y proyectos de impacto regional.
La decisión responde a una lectura compartida por buena parte del gabinete económico provincial que observa, ante la paralización de la obra pública nacional, a que las provincias con capacidad financiera se vean obligadas a buscar mecanismos propios para sostener inversiones estratégicas.
De hecho, en las últimas horas, el gobierno de Pullaro anunció que se hará cargo de otra obra neurálgica como el Acueducto Gran Rosario.
En ese marco, el gobierno anunció en las últimas horas que desde el inicio de la gestión canceló vencimientos de deuda por más de 200.000 millones de pesos.
En detalle, 28.964 millones correspondieron a obligaciones con entidades financieras nacionales, mientras que $ 175.914 millones se destinaron a la cancelación de compromisos asumidos con organismos internacionales de crédito y tenedores de títulos públicos.
Entre otros, se cancelaron obligaciones con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Fondo Kuwait para el Desarrollo Económico Árabe, el Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional, el Fondo Abu Dhabi para el Desarrollo y acreedores de títulos de deuda pública.